La ¿indiferencia? política al narcotráfico

El procesamiento dictado por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, de la organización liderada por Daniel Celis y su hermano, dejó en claro que hubo un acuerdo político entre sectores de la actual gestión de Cambiemos y el narcotráfico. Para profundizar sobre el tema basta con poner en Google: "procesamiento Celis" y la resolución de 207 páginas está a disposición del ciudadano interesado. Si uno no quiere leer todo, alcanza con leer cinco páginas. Allí el magistrado realiza una pormenorizada descripción de las pruebas que la Policía Federal logró recabar. Nadie pidió explicaciones. Ninguna institución se movilizó para que todos los involucrados en el escándalo hagan un descargo. Todos juegan a ser Don Julio y profesan un sui géneris "Todo Pasa". Y no todo tiene que pasar. El "Todo Pasa" se puede aplicar en las internas de un partido político, un club, una comisión de amigos, pero no en instituciones públicas.

En los últimos meses UNO viene publicando la angustiante y compleja situación que viven vecinos de distintos barrios de Paraná, que ven cómo diariamente los narcos crecen patrimonialmente y estructuralmente, mientras sus hijos y sobrinos son envenenados con estupefacientes a la vista de todos.

Las autoridades parecen estar en otras discusiones, que posiblemente son más importantes, aunque parece difícil imaginar una temática más urgente que salvar a las futuras generaciones de la drogadicción. Sin embargo, el caso Celis dejó al descubierto un grave hecho que debe ser discutido ahora. Que un juez haya probado que los tentáculos del narcotráfico se inmiscuyeron en la vida institucional de una ciudad es muy grave. Es más grave que el informe sobre los fantasmas en Sauce Pinto que hizo TN, que sí mereció declaraciones de dirigentes políticos. El único atisbo para pedir explicaciones surgió de Josefina Etienot, pero todo quedó ahí por el momento. El tiempo dirá si fue una reacción comprometida. Algunos sectores ligados a la exintendenta Blanca Osuna se expresaron en las redes sociales, pero de golpe muchos se llamaron a silencio. Estos, prudentemente dejaron de pedir justicia porque los vínculos del narcotráfico, se dice, también podrían rozar a aquella gestión. La dirigencia está más preocupada por la militancia en las redes sociales, por blindar o exponer a Macri, por la influencia de Durán Barba en las decisiones de Cambiemos, por la potencial performance de Cristina en las PASO, por el rol de Randazzo y Massa en el laberinto político ideológico en que está sumido el justicialismo, que por los riesgos de la cartelización de la política local. Esto implica para la sociedad un grave riesgo. La ciudadanía no advierte que ceder estructura del Estado para favorecer la venta y distribución de estupefacientes a cambio de financiamiento para campañas políticas significa quedar a merced de un "Patrón" al que no se le puede reclamar ni pedir explicaciones, al que se le debe obedecer sumisamente, a riesgo de perder la vida. Hoy los políticos miran para otro lado, pero lo más preocupante es que la sociedad también mira para otro lado. Es hora de advertir que la cartelización de la política y su financiamiento espurio es un mal que tarde o temprano nos terminará lastimando a todos.