Salud Mental: la masacre de Villa Crespo reabrió el debate

La masacre del barrio porteño de Villa Crespo, cuya autora del asesinato de toda su familia padecía trastornos psiquiátricos y estaba bajo tratamiento, puso nuevamente en debate las falencias de la Ley 26.657/10 que introdujo la perspectiva de los derechos humanos en el abordaje de los padecimientos mentales.

Al momento de su aprobación, en 2010, la ley vigente cosechó muchos apoyos pero, a 15 años de su vigencia despierta muchas críticas sobre todo de las familias que no tienen dónde llevar a los enfermos mentales. En el Congreso se han presentado numerosos proyectos modificatorios pero hasta el momento hay resistencias a tratarlos.

En el Congreso se realizaron varios paneles con especialistas, enfermos, adictos, familiares, representantes de la Asociación de Psiquiatría, psicólogos e integrantes de la justicia.

Uno de las iniciativas para modificar la Ley 26.657 pertenece a la diputada Marcela Campagnoli quien había presentado dos días antes de la masacre de Villa Crespo un texto para declarar la emergencia en salud mental en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

Emergencia en salud mental

El proyecto de Campagnoli tiene por objeto efectivizar el cumplimiento de la obligación del Estado Nacional, asumida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de modificar leyes y decretos y de adoptar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para asegurar el derecho a la salud mental. La medida es “en virtud de la grave situación que atraviesan los servicios de atención, prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social de personas con enfermedad mental o trastorno y/o adicciones”, expresa el proyecto.

Para Campagnoli, la Ley de Salud Mental es “sumamente ideologizada, que busca estigmatizar al psiquiatra como torturador”. “Comencé a trabajar el tema de la salud mental después de la pandemia, en 2021, cuando vi casos como el del cabo Roldán, que fue acuchillado en la puerta del MALBA por una persona en situación de calle que tenía trastornos psiquiátricos. El hermano vino como moderador de esa jornada”, contó a Parlamentario la diputada Campagnoli, que agregó que también participó del evento la mamá del cantante Chano, Marina Charpentier, que fue moderadora del primer panel, y estuvo como expositor el actor Gastón Pauls, en su condición de exadicto.

Un 40% de jóvenes entrerrianos están seguros que no existe un espacio que los contenga y aborde la salud mental dentro de su comunidad. El 19% sostienen que no hay nada y se sienten abandonados.

La desmanicomialización

La ley vigente reconoce la autonomía de las personas con padecimiento mental y su capacidad para decidir sobre lo que desean; recomienda la internación como un recurso terapéutico a utilizarse solo en situaciones excepcionales y en hospitales generales.

La Ley 26.657 desalienta las internaciones indefinidas y prohíbe la creación de nuevas instituciones psiquiátricas con características de asilo. Promueve el trabajo interdisciplinario de los equipos de salud y establece que el 10% del presupuesto de la cartera del área debe estar destinado a la salud mental. Eso nunca se cumplió.

Grandes defensores de la ley vigente fueron siempre el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que denunciaron “presiones de la corporación psiquiátrica” cuando se demoraba su reglamentación.

Los principales argumentos en contra de la desmanicomialización se basan en la peligrosidad de los padecientes y en la concepción de la psiquiatría como disciplina aislada, separada de los hospitales generales.

Entre los argumentos a favor de la demanicomialización se sostiene que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la salud mental la existencia de los manicomios. Además, estas instituciones prácticamente no existen en los países con reformas modernas en el tema.

Para la diputada Campagnoli, lo principalmente malo que tiene la ley es que prohíbe los institutos psiquiátricos. “Cualquier enfermo mental o cualquier adicto tienen que ir a tratarse a un hospital polivalente, un hospital general”, sostuvo, insistiendo en que “nunca se cumplió el presupuesto que decía la ley del 10% del presupuesto nacional de salud dirigido a salud mental, para poder acondicionar los hospitales generales a la atención especializada”.

En ese sentido explicó que se necesitan hospitales especiales, pues “hoy estás internando a un enfermo mental que yo llamo ‘el enfermo vertical’, porque se mueve, parte de su tratamiento es estar en movimiento, no en una cama. Lo tenés al lado de un infartado, de una parturienta, de una persona que está con una fractura. ¿Y cómo hacés para tenerlo quieto, que no toque el monitor, por ejemplo? O lo atás en una cama, o lo dopás hasta que quede tonto… Estás vulnerando sus derechos, cosa que esta ley decía que venía a proteger”. "Como los hospitales no tienen personal especializado, terminan expulsándolos o no recibiéndolos -continuó Campagnoli-. Y eso te lo dicen permanentemente los familiares, que me escriben hablando de la situación de vulnerabilidad que atraviesan”.

Un reclamo transversal

El proyecto que presentó el 19 de mayo para declarar la emergencia en salud mental cuenta con la firma de diputados del PRO como Sofía Brambilla, de Encuentro Federal como Emilio Monzó y Nicolás Massot, y radicales como Carla Carrizo y Natalia Sarapura, y también de kirchneristas como Carolina Gaillard, Victoria Tolosa Paz y Agustina Propato.