Procesan y embargan a Juan Grabois por la toma del Instituto Perón en 2025

El juez federal Sebastián Ramos procesó al diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois, en el marco de la toma del Instituto Juan Domingo Perón ocurrida el 7 de junio del año pasado. La medida incluye un embargo por 5 millones de pesos y también alcanza al militante Valentín Peralta, otro de los participantes de la ocupación.

De acuerdo con la resolución revelada por Clarín, el magistrado consideró acreditado que ambos ingresaron sin autorización al edificio, que se encontraba cerrado y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. A partir de testimonios, imágenes y videos incorporados a la causa, el fallo sostiene que la irrupción derivó en incidentes con efectivos policiales, que dejaron heridos y daños materiales en las instalaciones.

El juez le atribuyó a Grabois haber permanecido dentro del Instituto durante al menos dos horas, período en el cual habría instado a otros manifestantes a mantenerse en el lugar y resistir el accionar de las fuerzas de seguridad, incluyendo el lanzamiento de objetos. En el caso de Peralta, se le imputan agresiones físicas directas contra efectivos durante el operativo de desalojo.

Las constancias médicas incorporadas al expediente detallan diversas lesiones sufridas por policías, entre ellas traumatismos en la cabeza, golpes en el torso y heridas leves en el rostro. Estos elementos fueron tenidos en cuenta al momento de definir las imputaciones.

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Denuncia de Pettovello

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cartera de la cual depende el inmueble. El expediente avanzó pese a múltiples planteos de la defensa de Grabois, que intentaron frenar el proceso.

Desde el entorno del dirigente sostienen que su presencia en el lugar fue en carácter de abogado de la cooperativa que administraba el bar lindero “Un Café con Perón”, y rechazan que haya tenido participación en la toma o en los episodios de violencia.

El fallo también señala que previamente al operativo, las fuerzas de seguridad intimaron a los manifestantes a desalojar el edificio, y que la intervención se produjo tras el incumplimiento de esa orden y el inicio de agresiones. En ese contexto, se dispuso la detención de Grabois.

En paralelo, continúa pendiente en la Corte Suprema la resolución de un recurso presentado por su defensa para evitar la apertura del teléfono celular secuestrado en el momento de su detención.

El Ministerio de Capital Humano, por su parte, impulsa nuevas medidas de prueba para identificar a otros participantes de la ocupación. Según fuentes oficiales, la defensa ha presentado nulidades y apelaciones para limitar el avance de la investigación.

Se trata del primer procesamiento de Grabois por hechos vinculados a tomas de inmuebles. Según consignó Daniel Santoro en Clarín, la decisión judicial se apoya en un conjunto de pruebas que reconstruyen la secuencia del episodio y el rol de los imputados durante la ocupación.