Presentaron el proyecto de ley contra el negacionismo

En la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, organismos de DDHH presentaron el proyecto de Ley Antinegacionista en el marco de los 40 años de democracia. La iniciativa, presentada por la entrerriana Carolina Gaillard, busca modificar el Código Penal para sancionar a quienes incurran en negacionismo de la última dictadura cívico militar, mediante la inhabilitación de ejercer cargos públicos y la obligación de capacitarse.

La presentación del proyecto se realizó en la Cámara de Diputados con la presencia de Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Charly Pisoni, integrante de la agrupación H.I.J.O.S. Regional Capital; Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires e hija de detenidos desaparecidos; miembros de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y de otros organismos vinculados a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en relación con los crímenes del terrorismo de Estado.

La iniciativa de H.I.J.O.S. Capital, presentada por Gaillard (UxP) y con la firma de otros 14 diputados y diputadas, propone modificar el Código Penal para sancionar a funcionarios públicos y candidatos con penas administrativas y establece capacitaciones obligatorias para integrantes de los tres poderes del Estado para intentar frenar la circulación de discursos negacionistas sobre la última dictadura y otros crímenes de lesa humanidad.

Al inicio de la presentación tomó la palabra Taty Almeida, quien solicitó que “aprueben de manera urgente está ley para castigar legalmente, no con cárcel sino con inhabilitación, a todos aquellos negacionistas y los que reivindican el genocidio”. Luego explicó que “estos reivindicadores del horror y negacionistas existieron siempre, pero ahora están envalentonados”, y concluyó: “Ustedes, que son nuestros representantes, que son los representantes del pueblo, tienen que sancionar esta ley en memoria de los 30.000”.

Charly Pisoni, por su parte, remarcó: “Hoy es un día especial para nosotros: este proyecto lo hemos trabajado junto a Abuelas de Plaza de Mayo, a la colectividad armenia, a la colectividad judía, a los pueblos originarios”, y agradeció a Carolina Gaillard “por haber presentado este proyecto y acompañar siempre a los organismos de Derechos Humanos”, y explicó que “este proyecto es muy necesario, porque la mejor forma de combatir al negacionismo es con la educación y la prevención”. En este sentido, el proyecto propone la tipificación del negacionismo para los funcionarios públicos que minimicen los genocidios.

Por su parte, Carolina Gaillard subrayó: “Este proyecto se lo debemos a las Abuelas, a las Madres, a H.I.J.O.S., a todos los organismos de DDHH, y a todos los que padecieron esos años trágicos en nuestro país”. Y cuestionó: “A 40 años del retorno de la democracia, es inadmisible que tengamos candidatos en las fórmulas presidenciales, como Victoria Villarruel, que ratifican y reafirman su defensa de los crímenes de lesa humanidad probados por la justicia argentina”.

“Nos encontramos en un momento político en el que las prácticas y expresiones negacionistas y apologistas del terrorismo de Estado, como también los discursos y acciones de odio, son cada vez más frecuentes y radicalizadas”, advirtió Gaillard. “En honor a las víctimas de la dictadura, este Congreso debe legislar de manera inmediata para que ningún funcionario público pueda tener expresiones que minimicen o nieguen lo ocurrido en nuestro país durante los años de dictadura”, agregó la diputada entrerriana.

Qué sanciones prevé el proyecto

El proyecto establece que “será reprimido con pena de inhabilitación especial de tres meses a cuatro años, el/la funcionario/a público/a que, en el ejercicio del empleo, cargo o función, negare, minimizare, justificare o reivindicare públicamente y por cualquier medio, genocidios contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino”.

A su vez, el proyecto propone la modificación del nombre y las competencias del Inadi, que pasaría a llamarse “Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, el Racismo y el Negacionismo” (Inadin). De este modo, el Inadin, además de sus funciones actuales, sumará la de trabajar sobre el negacionismo de genocidios y crímenes de lesa humanidad.

Una vez aplicada la inhabilitación a un funcionario público, para acceder a la rehabilitación en el cargo será obligatorio realizar alguno de los programas educativos sobre negacionismo de genocidios y crímenes contra la humanidad dictados por el Inadin.

Este proyecto no sólo abarca al período del terrorismo de Estado comprendido por la dictadura cívico-militar (1976-1983), sino a todos los crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado, como son el Holocausto, el Genocidio Armenio, la Masacre de Napalpí de pueblos originarios, o los crímenes de la Triple A, entre otros.

El delito de negacionismo ya se encuentra tipificado en países europeos como Alemania, España, Portugal, Suiza, Bélgica, Francia, Austria, Holanda, Luxemburgo, República Checa, Ucrania, Lituania, Polonia, Rumania, Liechtenstein, Malta, Eslovenia, Andorra, Hungría, Letonia, Croacia, Bulgaria, Chipre, Italia, Grecia. Además, lo prevén Israel, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Ruanda, Camboya. De sancionarse este proyecto, Argentina se convertiría en pionera en la región, reforzando su ya consolidada postura a nivel mundial en favor de los derechos humanos, resaltan quienes impulsan la ley.

La iniciativa presentada por Gaillard fue acompañada por la firma de Hugo Yasky, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, y las diputadas y diputados Daniel Gollán, Mónica Macha, Eduardo Valdés, Mara Brawer, Alejandro “Topo” Rodríguez, Sergio Palazzo, Gisela Marziotta, Leonardo Grosso, Eduardo Toniolli, Ricardo Daives, Rosana Bertone y Graciela Landriscini.