Por el incendio a la Legislatura de Jujuy, allanaron la casa de Milagro Sala

La justicia de Jujuy allanó este jueves la casa de la dirigente social Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, como parte de la causa que investiga las manifestaciones de las últimas semanas en la provincia, que incluyeron el ataque e incidentes a la Legislatura, el 20 de junio pasado.

La defensa de Sala relató que la medida fue tomada por el juez Rodolfo Fernández con la intervención del fiscal Diego Funes, y que la orden se libró para secuestrar dinero, computadoras y teléfonos móviles.

Elizabeth Gómez Alcorta, parte del equipo de abogados de Sala y exministra -hasta octubre del año pasado- de las Mujeres, Géneros y Diversidad, difundió hoy un audio en el que relató que hoy, pasadas las 11, se estaba llevando a cabo el allanamiento en la casa de Sala de San Salvador de Jujuy, donde la líder de la Tupac vive con su marido, Raúl Noro, que está en una situación de salud muy crítica.

La abogada dijo que no les habían querido entregar la orden de allanamiento, pero que otro de los abogados de su equipo la pudo leer y que de la causa surgiría que “habría algún testigo o imputado de identidad reservada que mencionaría que Milagro tendría alguna vinculación” con las protestas.

“Al equipo de abogados y abogadas de Milagro nos parece un hecho más del terrible hostigamiento y persecución a siete años y medio de su detención, y como parte de la campaña electoral que están llevando a cabo Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta en este proceso electoral”, afirmó Gómez Alcorta. Morales, el gobernador jujeño, con quien Sala tiene un enfrentamiento de muchos años, es precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Larreta.

Jujuy: graves incidentes entre manifestantes y la policía

Sala fue investigada en distintas causas penales y en diciembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena a 13 años de prisión en su contra por los delitos de asociación ilícita -en carácter de jefa-, fraude y extorsión. Sala ya tenía una sentencia firme, confirmada por la Corte, en una causa menor (por amenazas) con una pena en suspenso.

La dirigente está presa en su casa por su estado de salud, aunque el gobierno de Jujuy reclama que sea trasladada a una cárcel común. Las condiciones de detención de la líder de la Tupac Amaru son monitoreadas por una oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo del Gobierno y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los hechos de violencia que investiga la justicia de Jujuy tuvieron su pico el martes 20 de junio, después de que se aprobó la reforma parcial de la Carta Magna impulsada por Morales, en un contexto en el que los docentes de la provincia venían de varios días de paro y movilizaciones.

El 20 de junio, al enterarse de que la reforma se había aprobado, manifestantes tiraron las vallas perimetrales de la Legislatura provincial y comenzaron a arrojar piedras contra la policía. Hubo algunos activistas que lograron ingresar al edificio y prendieron fuego una oficina, donde se apilaban cientos de expedientes. Hubo autos destrozados y el enfrentamiento se extendió durante horas.

Gómez Alcorta había relatado a través de su cuenta de Twitter que el día del ataque a la Legislatura “en medio de la represión en Jujuy, dos jueces y un fiscal -Fernández, Cattan y Rondón- fueron a la casa de Milagro Sala” y “le pidieron ver su celular”. Contó que la líder de la Tupac ya no usa un celular propio, que no les entregó nada y que los funcionarios se fueron, pero denunció el hecho como un “allanamiento implícito” de una “patota de matones”.

Los últimos acusados que quedaban detenidos por los hechos de violencia del 20 de junio fueron liberados el 23, pese a que el fiscal Funes había solicitado que quedaran en prisión preventiva.

La hipótesis principal de los investigadores es que los hechos de violencia -como la irrupción a la Legislatura y el incendio de una sala de archivos y de automóviles- fueron premeditados. “Creemos que hay atrás una organización previa y una planificación delictual”, dijo la semana pasada el fiscal Funes a La Nación.