Planes sociales alcanzan la cifra récord de seis millones

Los planes sociales alcanzan la cifra récord de seis millones de titulares en el gobierno de Javier Milei.

Mientras sectores como el empleo formal y las jubilaciones sufren un deterioro severo por la inflación, la gestión libertaria ha fortalecido las transferencias directas como la AUH y la Tarjeta Alimentar. Esta estrategia busca eliminar la intermediación de las organizaciones sociales y utilizar la asistencia como un dique de contención para evitar estallidos sociales ante el fuerte ajuste económico.

A diciembre de 2025 la AUH alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En total, más de seis millones de planes sociales, una cifra récord.

Los cuadros de evolución real muestran que la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron los únicos ingresos que corrieron por encima de la inflación de manera consistente.

El contraste con el resto de las variables es contundente: el salario mínimo perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total, según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral.

Récord de asistencia estatal

A contramano del discurso oficial sobre el fin de la asistencia estatal, la gestión de Javier Milei ha expandido los programas sociales de transferencia directa a niveles históricos. A diciembre de 2025, se contabilizan más de seis millones de planes sociales, lo que representa un incremento del 50% respecto a la administración de Alberto Fernández.

Esta red de contención se ha consolidado como el principal sostén del ajuste económico, logrando evitar un estallido social a pesar del fuerte deterioro de los ingresos formales.

Mientras los salarios, las jubilaciones y el empleo formal han perdido sistemáticamente frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar han sido las únicas partidas presupuestarias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años de gestión libertaria.

Datos del monitor de economía popular de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) muestra que, a diferencia de los salarios, las transferencias sociales no fueron licuadas por la inflación durante el gobierno de Milei. Incluso con las mejoras, AUH y Tarjeta Alimentar siguen cubriendo solo una porción limitada de la Canasta Básica Total, por lo que no sacan a los hogares de la pobreza, pero sí logran contener el umbral alimentario, un dato clave para entender la ausencia de un conflicto social generalizado.

Los datos oficiales arrojan las siguientes cifras clave

• AUH: Alcanza a 4.114.513 titulares, incluyendo a más de 93.000 beneficiarios por discapacidad.

• Tarjeta Alimentar: Llega a 2.546.130 familias, cubriendo a más de 4,5 millones de niños.

• Poder de compra: El valor de la AUH es actualmente un 23 % superior al del gobierno anterior y un 10 % más alto que durante la presidencia de Cristina Fernández.

En términos interanuales, esta asignación registró una suba real del 47 %.

Impacto en el empleo y las provincias

El incremento de la asistencia ocurre en un contexto de retracción del mercado laboral formal. En los dos primeros años de gobierno, se perdieron aproximadamente 180.000 empleos registrados, con una aceleración notable en octubre de 2025, mes en el que se destruyeron 70.000 puestos.

Asimismo, el ajuste nacional trasladó parte de la presión asistencial a las provincias.

Cambio de paradigma en la gestión social

El modelo libertario desplazó a las organizaciones sociales de la intermediación y reforzó las transferencias directas a los beneficiarios. Esta estrategia ha permitido que la asistencia no fuera licuada por la inflación, a diferencia de los salarios mínimos de los trabajadores, que hoy cubren apenas una fracción de la Canasta Básica Total.

Aunque el discurso oficial insiste en el achicamiento del Estado, los planes sociales se han transformado en la principal ancla de estabilidad del experimento económico actual, blindando la asistencia directa mientras el costo del ajuste recae sobre el trabajo y la producción.

Mientras se destruye el empleo formal y se plantea una reforma laboral con quita de derechos, los subsidios se convirtieron en una de las patas de la gobernabilidad libertaria en un contexto de creciente pobreza. El incremento real de estas partidas supera incluso los niveles de administraciones anteriores, consolidando una red de protección mínima frente a la caída del poder adquisitivo.