Piden juzgar a los acusados del atentado a Cristina Fernández de Kirchner

El fiscal federal Carlos Rivolo pidió enviar a juicio oral a los detenidos por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Al mismo tiempo, peticionó el sobreseimiento de Agustina Díaz y continuar la investigación de otros presuntos responsables.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó a Fernando André Sabag Montiel como autor del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, en perjuicio de Cristina Fernández de Kirchner, y a Brenda Uliarte como partícipe necesaria en el atentado y como autora de la tenencia del arma utilizada y coautora de su receptación. También acusó a Gabriel Nicolás Carrizo como partícipe secundario del atentado. Por otro lado, solicitó el sobreseimiento de Agustina Díaz, quien había estado imputada de brindar colaboración al resto.

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El fiscal señaló que la elevación a juicio tiene como fin "no dilatar la situación procesal" de los acusados y de la acusada y pidió la extracción de copias para continuar la investigación respecto de hipótesis que involucran a otros posibles partícipes y/o autores intelectuales.

Rivolo requirió a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, que dé por cerrada la parte de la investigación vinculada a los tres integrantes de la denominada banda de los "copitos". La magistrada deberá ahora dar vista a las defensas y luego resolver si clausura la instrucción y la envía a sorteo de Tribunal Oral.

La querella de la Vicepresidenta ya manifestó su oposición a que la causa sea juzgada de manera parcial y reclamó que antes se concluyan medidas de prueba en torno a diferentes pistas de la investigación, entre ellas la que involucra a Gerardo Milman.

Sin vínculos

En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue "premeditada" e idearon "un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación", sin vinculación con otras personas u organizaciones. "Corresponde indicar que, más allá de la indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una Vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional, de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso", analizó.

Rivolo destacó que "tampoco se han hallado elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos" ni en los "movimientos financieros" que apunten a la colaboración de terceros con dinero para el atentado.

El dictamen completo