Pedido del gobierno: rechazan domiciliaria para Ricardo Jaime

La Cámara de Casación Penal, rechazó el arresto domiciliario del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime solicitado por su defensa y el Gobierno al entender que no hay razones jurídicas ni médicas que ameriten que el exfuncionario deje la prisión. Jaime está condenado a 10 años de prisión por la tragedia de Once y otras causas de corrupción y está preso desde 2016 en el penal de Ezeiza.

Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, según su voto, rechazaron su pedido. Catucci y Riggi le contestaron expresamente al Gobierno que alegó que se violarían pactos internacionales con su detención. "No se alcanza a comprender cuáles son los derechos que se le estarían conculcando a Ricardo Jaime y que podrían acarrear responsabilidad internacional del Estado Argentino", dijeron.

Señalaron que Jaime no está en prisión preventiva. "Se encuentra cumpliendo una pena, es decir, que su condena está siendo ejecutada; y que, como dijimos, no se verifica en su caso ningún supuesto legal para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria ni tampoco una situación excepcionalísima que permita apartarse de la ley", indicaron.

"La circunstancia de que Jaime deba cursar el encierro propio de la ejecución de una pena privativa de la libertad, no implica que se le esté cercenando derecho alguno, sino el cumplimiento de una sentencia condenatoria realizadora del poder punitivo del Estado", apuntaron.

Jaime está condenado por corrupción dijeron los jueces, por lo que otorgarle prisión domiciliaria implicaría que la Argentina incumpla con tratados internacionales donde se comprometió a la persecución de esos delitos.

Dijeron que el pedido de Jaime, basado en que su madre está en proceso de involución senil avanzada y su hermano en la fase terminal de una enfermedad oncológica, "no encuadra en ninguna de las situaciones legalmente previstas".

Además, señalaron que la atención médica adecuada que recibe Jaime en el penal, descarta cualquier vulneración a los derechos del causante en base a la "ley de salud mental", que reclama su defensa.

Los jueces dijeron que Jaime se encuentra psicológicamente estable, dado que no posee alteraciones de tipo psicótico ni una pérdida en el juicio de la realidad, y que ante ausencia de indicadores de una enfermedad grave, sus patologías pueden ser tratadas intramuros.

Jaime argumentó también sobre el riesgo de enfermarse, pero los jueces lo rechazaron. Dijeron que "si bien debe ser debidamente contemplada y analizada en cada caso particular, no puede convertirse per se en una excusa directa de alcance general para disponer libertades", pues "tanto dentro como fuera de un penal todos estamos expuestos".

Desde la aparición del coronavirus hubo una catarata de pedidos de excarcelación de presos por delitos comunes y por corrupción alegando que estaban en riesgo. Algunas libertades o arresto domiciliarios fueron otorgados, como el de Amado Boudou. La Cámara de Casación recomendó otorgar esos beneficios a condenados a penas leves o asuntos que no involucren delitos graves ni la violación de pactos internacionales.

Jaime presentó un pedido de arresto domiciliario que los jueces Julio Panelo, José María Martínez Sobrino y Fernando Canero denegaron. Por eso recurrió a la Casación.

El Gobierno dice que el arresto domiciliario de Jaime corresponde según la jurisprudencia y que no otorgarlo implicaría que la Argentina viole pactos internacionales. Incluso recuerda que ya le advirtieron al Estado argentino por un caso similar: el de Milagro Sala.

El apoyo del Gobierno a Pietragalla

Alberto Fernández convocó ayer por la tarde a Pietragalla a la residencia de Olivos para pedirle explicaciones por los pedidos que hizo el organismo tanto para Jaime como para Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez.

Las presentaciones de Pietragalla no contaron con la aprobación previa de Fernández, aseguraron en Olivos. Sin embargo, después del encuentro de ayer, el Presidente hizo saber que respaldaba la actuación del funcionario.

Por la mañana de ayer, en el Ministerio de Justicia dijeron a LA NACION que se habían enterado de los pedidos del secretario de Derechos Humanos por los medios. "Lo hizo solo. Nadie lo sabía", sostuvieron. La estrategia oficial de la cartera que conduce Marcela Losardo en relación con los presos y la crisis carcelaria se había limitado a presentar en los tribunales una lista con los nombres de los más de mil internos del sistema federal que integran grupos de riesgo de contraer coronavirus por su edad o su salud. No incluía hacer planteos particulares por la suerte de ninguno.

Nieto recuperado y muy cercano a las Abuelas de Plaza de Mayo, Pietragalla fue diputado durante ocho años y pertenece a La Cámpora.

Después del encuentro en Olivos, que duró solo unos minutos, Gobierno publicó un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos en el que sostuvo que el organismo que él encabeza actuó por planteos expresos que los detenidos hicieron ante la Justicia y en línea con una reciente recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, ante la pandemia del coronavirus, promueve mecanismos alternativos a la prisión.

"La Secretaría de Derechos Humanos no actúa de oficio en este tipo de presentaciones, sino que toma intervención ante denuncias concretas realizadas por damnificados, familiares o abogados de personas que aducen violaciones a sus derechos humanos, en estos casos en el ámbito de un proceso judicial", dice el texto, y detalla que el organismo intervino en un total de siete causas. "No existe una elección subjetiva de la secretaría sobre los casos en los que intervenir, sino que se actúa ante las denuncias recibidas, siempre habiendo previamente analizado la veracidad o seriedad de las mismas y habiendo evaluado la posibilidad de que efectivamente se estén lesionando derechos", agrega el comunicado.

Pietragalla ya había hecho un planteo similar a favor de Luis D'Elía , a quien le concedieron la prisión domiciliaria en febrero, y de otros cuatro detenidos en causas por delitos comunes, informaron fuentes oficiales. "No interviene de manera selectiva. Actúa por pedidos de los detenidos ante los jueces y hace recomendaciones de medidas alternativas por cuestiones de salud en el marco de la pandemia", dijeron a LA NACION en el entorno del Presidente.