Ley Hojarasca: el Gobierno nacional precisó algunas normas que buscará derogar

El Gobierno nacional está promoviendo el tratamiento en el Congreso de un nuevo proyecto legislativo conocido como la Ley Hojarasca.

La misma es impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y en las últimas horas el funcionario ofreció detalles sobre las normas que se buscará derogar.

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Sturzenegger anunció el viernes que el presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto destinado a eliminar alrededor de 70 leyes que se consideran “inútiles, obsoletas o restrictivas de nuestras libertades”. En sus redes sociales, destacó que la iniciativa tiene como objetivo desregular y simplificar el marco normativo actual, señalando que se han identificado normativas que datan de administraciones anteriores.

En tanto que este domingo, el ministro precisó algunas de las leyes que se eliminarán. Citando al jurista estadounidense Grant Gilmore, afirmó: “Cuantas más leyes, peor una sociedad. En el infierno no encontrarás más que leyes”.

Leyes a eliminar

Entre las normas a derogar se encuentra la ley 18.832 de 1969, promulgada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que creó un fondo para controlar la producción de papel de diarios y condicionó a la prensa escrita.

También se propone eliminar la ley 14.034 del gobierno de Juan Domingo Perón, que impone sanciones a quienes promuevan sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino.

La ley Hojarasca también busca eliminar la ley 20.120 del gobierno de Alejandro Lanusse, que permite al Estado prohibir reuniones privadas entre ciudadanos, así como la ley 19.787 de 1972, que restringe la libre elección de temas musicales en la programación de las radios.

Además, se planea suprimir dos leyes del gobierno de María Estela Martínez de Perón: la ley 20.802, que impide la libre circulación por el país, y la ley 20.959, que deroga el permiso de estacionamiento gratuito para legisladores. También se eliminará la ley 20.983, que obliga a ciertas industrias a difundir temas de interés del Estado de manera compulsiva.

Se incluyen también dos leyes del gobierno de facto de Reynaldo Bignone: la ley 22.875, que permite al Estado exigir a empresas privadas la relocalización de sus actividades, y la ley 22.964 de 1983, que habilita el confinamiento forzoso de enfermos de lepra.