Este jueves el Senado trata el reemplazo de la Ley de Galciares por una nueva Ley de Gestión Inteligente de Glaciares y Desarrollo Sustentable de Alta Montaña que redefine el régimen ambiental vigente. Según el oficialismo la iniciativa incorpora tecnologías como monitoreo continuo, inteligencia artificial y blockchain, establece un esquema de categorías para autorizar o prohibir actividades en el ambiente periglacial y crea una Agencia Federal con amplias facultades de control.el Los bloques opositores, como es el caso de la mayoría de los legisladores justicialistas, rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y las cuencas hídricas, consideradas reservas de agua potable y, por ende, afectaría un recurso vital para la población.
Ley de Glaciares: argumentos del rechazo a su cambio
La oposición pide protección del recurso hídrico. Para ambientalistas la nueva ley responde a proceso de reprimarización económica. UxP presentó contraproyecto
La oposición pide protección del recurso hídrico. Para ambientalistas la nueva ley responde a proceso de reprimarización económica. UxP presentó contraproyecto
La oposición pide protección del recurso hídrico. Para ambientalistas la nueva ley responde a proceso de reprimarización económica. UxP presentó contraproyecto
La oposición pide protección del recurso hídrico. Para ambientalistas la nueva ley responde a proceso de reprimarización económica. UxP presentó contraproyecto
Argentina cuenta con cerca de 14.500 glaciares distribuidos a lo largo de 3,500 km en la Cordillera de los Andes. El Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz (Patagonia) el punto principal con el famoso Perito Moreno, el inmenso Upsala y el Viedma. Son cruciales para el agua dulce, pero la mayoría presenta retroceso por el cambio climático.
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La idea del Gobierno es anular la proteccción para habilitar proyectos vinculados a la megaminiería y facilitar el desarrollo económico en empresas de hidrocarburos. En tanto, la oposición defiende la preservación de las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, principal objetivo de la ley vigente.
El bloque de LLA en la Cámara alta aseguró que la normativa actual genera "inseguridad jurídica y parálisis de inversiones" y, con esta modificatoria, buscan restringir la protección solo para aquellos glaciares que "cumplan una función hídrica efectiva y estratégica" y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.
Por otra parte, señalaron que, de ser aprobada, las provincias tendrán mayor autonomía para decidir sobre sus recursos naturales, reclamo que comparten los territorios con posible explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy.
Historia de un conflicto
Desde el año pasado, cuando se planteó que este proyecto se debatiría en extraordinarias, se supo que los senadores peronistas que representan a esas provincias estarían "bajo presión" dentro de su propio bloque, ya que la ley actual frena proyectos mineros y genera cierta polémica sobre si posicionarse a favor del desarrollo productivo o del medioambiente.
Por el momento, se dejó entrever que evitarán una reforma que elimine por completo la ley y buscarán un documento que priorice la protección ambiental, pero sin dejar de lado el desarrollo económico, aunque las posturas provinciales dividen al interbloque.
Las posturas
El presidente del bloque justicialista (PJ), José Mayans, mantiene una posición crítica, que se alinea con sectores sindicales y que busca proteger los recursos hídricos.
La Coalición Cívica rechaza las modificaciones que impulsa el Gobierno sobre la Ley de Glaciares y, si bien el peronismo, en su mayoría, cuestiona la reforma propuesta, hay senadores de provincias mineras como San Juan o Catamarca que apoyan una restricción más fuerte en las áreas protegidas para permitir los proyectos que pretenden llevar adelante.
La letra oficial
La ley vigente establece una amplia protección que resguarda tanto los glaciares como el ambiente periglacial, como los suelos congelados que también regulan el agua, y prohíbe actividades que afecten su integridad, específicamente la minería y la exploración de hidrocarburos en las zonas afectadas.
Los senadores que apoyan la modificación fundamentan que se busca dar "certezas técnicas" para compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, sin eliminar las auditorías.
El proyecto alternativo de la oposición
El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó, semanas atrás, un "contraproyecto" que tiene como objetivo fortalecer el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La iniciativa surgió como respuesta al proyecto del Ejecutivo nacional que pretende facilitar la explotación minera e hidrocarburífera en zonas protegidas.
En principio, propone restringir la actividad minera e industrial en áreas de glaciares y ambiente periglacial; asegurar que el agua proveniente de estas formaciones es un recurso natural estratégico de interés nacional y, por ese motivo, priorizar su preservación para consumo humano y riego por sobre cualquier interés económico.
Además, propone la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares para garantizar un monitoreo científico constante de las reservas hídricas y definir la protección de los glaciares como una cuestión de soberanía y derechos de las poblaciones, que dependen de estas cuencas hídricas, ante el avance del cambio climático.
Qué dicen los ambientalistas
El abogado ambientalista Enrique Viale cuestionó la iniciativa y sostuvo que forma parte de un cambio estructural del modelo económico. Según explicó, la propuesta implicaría modificar el sistema actual de evaluación ambiental que define qué áreas glaciares y periglaciares deben permanecer protegidas de actividades extractivas como la minería.
“Esto es parte de un proceso de reprimarización económica, donde se apuesta a los combustibles fósiles, el agronegocio y la minería llevada al extremo”, afirmó Viale durante el debate en Canal E.
El especialista señaló que la legislación vigente establece que el Inventario Nacional de Glaciares sea elaborado por un organismo científico dependiente de Conicet, encargado de identificar las zonas donde la actividad minera está prohibida para preservar reservas estratégicas de agua.
De acuerdo con su análisis, el nuevo proyecto modificaría ese esquema al permitir que funcionarios administrativos puedan redefinir qué superficies mantienen protección ambiental. “Hoy los estudios los realiza un instituto científico. Con este proyecto, un funcionario podría decidir que un glaciar deje de ser considerado relevante y sacarlo del inventario”, advirtió.
Viale defendió el trabajo técnico realizado hasta ahora y remarcó el respaldo internacional a los criterios científicos y a la participación de comunidades afectadas. Durante la conversación también se mencionó la importancia de escuchar tanto a especialistas como a poblaciones locales en debates ambientales de alto impacto, una postura que —según el abogado— ha sido sostenida por distintos documentos y organismos internacionales.
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