El Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa de la infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia por un periodo de 12 meses por irregularidades financieras y fallas de infraestructura. La medida fue oficializada este jueves a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada en el Boletín Oficial y tiene como objetivo regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de inversión detectado en la terminal.
El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia
El Gobierno nacional adujo irregularidades financieras y fallas de infraestructura e intervino el Puerto de Ushuaia. Qué dijo el gobernador Gustavo Melella
22 de enero 2026 · 14:38hs
El organismo nacional fundamentó la decisión tras verificar que la provincia de Tierra del Fuego utilizó el superávit financiero del puerto para financiar la obra social estatal (OSEF) a través de la Ley Provincial N° 1596, lo que incumple el convenio de transferencia que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria.
Asimismo, una inspección técnica realizada en 2025 detectó deterioro estructural en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1,3% del gasto total del ente provincial.
LEER MÁS: Javier Milei hizo anuncios ante la jefa del Comando Sur de Estados Unidos
La resolución también establece la suspensión de la habilitación del puerto por un año, aunque la ejecución de esta sanción específica se encuentra diferida para evitar la interrupción de la actual temporada de cruceros 2025-2026 y no afectar el abastecimiento de la región.
No obstante, la intervención administrativa sobre la maquinaria, instalaciones y gestión de fondos es de cumplimiento inmediato. Para la gestión de la intervención, la ANPyN solicitó la colaboración técnica y de recursos a la Administración General de Puertos (AGP S.A.U.).
Qué dijo el gobernador Gustavo Melella
A través de sus redes sociales, y mientras se encuentra fuera del territorio fueguino, el mandatario expresó su rechazo a la decisión adoptada por la Nación y aseguró que no comparte ni la medida ni los fundamentos esgrimidos para llevarla adelante. En ese sentido, sostuvo que no existe una justificación objetiva que avale una intervención de esta magnitud sobre una infraestructura estratégica para la economía provincial.
“El Gobierno Nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”, señaló Melella en su publicación.
El gobernador remarcó además que el puerto funciona con normalidad, atraviesa una temporada récord de actividad, especialmente en materia de recaladas de cruceros y movimiento logístico, y cumple con los estándares operativos necesarios, lo que —a su entender— contradice los argumentos utilizados por Nación para avanzar con la intervención.
En su mensaje, Melella indicó que desde el Gobierno provincial, junto a la Dirección Provincial de Puertos, se encuentran trabajando “en todos los planos necesarios” para abordar la situación, con el objetivo de defender la autonomía provincial y garantizar el normal funcionamiento del puerto. Sin embargo, hasta el momento no precisó cuáles serán las acciones concretas que adoptará la Provincia frente a la decisión nacional.
El mandatario también hizo referencia a que mantiene diálogo con autoridades nacionales, en particular con el Ministerio del Interior, en busca de una instancia de resolución institucional que permita encauzar el conflicto sin afectar la operatoria portuaria ni las fuentes de trabajo vinculadas a la actividad.
La intervención del Puerto de Ushuaia se da en un contexto de creciente tensión entre la Nación y el Gobierno fueguino, y abrió un fuerte debate político, gremial y económico en torno al control y la administración de uno de los principales activos estratégicos de Tierra del Fuego.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los trabajadores portuarios y los distintos sectores que dependen de la actividad, a la espera de definiciones concretas por parte del Gobierno provincial y de una mayor claridad sobre el alcance real de la intervención dispuesta por Nación.