El Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca para eliminar más de 70 normas

El Gobierno Nacional envió el jueves por la noche al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca, que busca eliminar leyes obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos y quita el financiamiento del Círculo de Legisladores y de la Federación Argentina de Municipios. La iniciativa apunta a simplificar el sistema legal, recortar normas acumuladas durante décadas y reducir lo que el oficialismo define como un exceso de intervención estatal.

La iniciativa no es nueva, ya que había sido anunciada en 2024 cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un texto bajo el nombre formal de ley de Derogación de Legislación Obsoleta, con la intención de dejar sin efecto decenas de normas que, según el oficialismo, habían quedado desactualizadas, vacías de contenido o superadas por legislación posterior. En aquel momento se hablaba de 63 leyes a derogar en su totalidad y otras a modificar, aunque el impulso original perdió visibilidad con el correr de los meses. Nunca se debatió en comisiones.

Ahora, el Gobierno retoma esa agenda y sostiene que la Argentina arrastra un conjunto de normas dictadas en contextos políticos, económicos y tecnológicos muy distintos a los actuales, lo que derivó en un sistema legal extenso, difícil de interpretar y oneroso para ciudadanos, empresas y el propio Estado.

Federico Sturzenegger

“Esta sobrecarga normativa impacta de manera directa en la vida de los ciudadanos y en la actividad económica, al introducir costos innecesarios de cumplimiento, control y litigio. El resultado es un sistema en el que, en la práctica, parece que nada está permitido sin autorización estatal, invirtiendo el principio constitucional según el cual todo aquello que no está prohibido está permitido”, explicaron.

Según el oficialismo, ese esquema terminó consolidando mecanismos de autorización, registro y control que en muchos casos ya no tendrían una justificación concreta.

Qué propone la “ley Hojarasca”

El proyecto plantea una depuración del digesto jurídico a partir de distintos grupos de normas. Allí aparecen leyes que, a criterio del oficialismo, fueron superadas por otras posteriores; otras que quedaron viejas frente al avance tecnológico, los cambios productivos o el simple paso del tiempo; y también disposiciones que remiten a organismos ya disueltos o a procesos que nunca llegaron a concretarse.

Entre los ejemplos mencionados por el Ejecutivo figuran desde una ley del siglo XIX vinculada al carbón mineral hasta normas sobre microfilmación, televisión en color o regímenes administrativos asociados a organismos que ya no existen. El argumento oficial es que mantener ese tipo de legislación vigente solo agrega capas de complejidad sobre un sistema jurídico ya sobrecargado.

Otro de los ejes del proyecto apunta a normas que, según el Gobierno, afectan libertades individuales o responden a lógicas de control incompatibles con el actual marco democrático. En ese lote aparecen leyes que penalizan conductas vinculadas a sanciones contra el Estado, regulaciones sobre reuniones privadas, disposiciones sobre contenidos culturales y hasta exigencias de circulación que hoy lucen anacrónicas.

También se incluyen artículos que, de acuerdo con el planteo oficial, reflejan paradigmas sanitarios ya superados. Allí aparece, por ejemplo, la referencia a la normativa que habilita la internación obligatoria de personas con lepra, una disposición que el Gobierno cuestiona por considerar que vulnera derechos fundamentales.

La Casa Rosada presenta el proyecto como parte de una reforma más amplia del Estado. En esa línea, sostiene que el derecho no debería funcionar como una maquinaria de restricciones innecesarias, sino como una garantía de libertades. Por eso, la “Ley Hojarasca” se inscribe en el discurso de desregulación, desburocratización y reducción de estructuras que la gestión de Javier Milei viene impulsando desde su llegada al poder.

Asimismo, la iniciativa pone el foco en normas que imponen trámites que el Ejecutivo considera inútiles o que sostienen organismos y esquemas administrativos sin alguna función real. El texto propone que la eliminación de ese andamiaje tenga impacto no solo en la actividad económica, sino también en el vínculo cotidiano entre ciudadanos y Estado.

“La 'Ley de Hojarasca' se inscribe en un proceso más amplio de transformación del Estado, orientado a reemplazar un modelo basado en la acumulación normativa, la sobrerregulación y la intervención discrecional, por un esquema centrado en la libertad individual, la responsabilidad personal y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, cerraron.