Crean protocolo de violencia de género en el Estado nacional

El Gobierno nacional aprobó un protocolo para el abordaje de las violencias por motivos de género en las jurisdicciones y entidades que conforman la administración pública nacional. La decisión administrativa 1012 que establece el “Protocolo Marco para el Abordaje de las Violencias por Motivos de Género en el Sector Público Nacional”. La normativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial, lleva la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

El protocolo fue elaborado por la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato y la cartera a cargo de Gómez Alcorta, y considera "hechos de violencia y acoso por motivos de género en el ámbito laboral toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, por cualquier medio, tanto en el ámbito público como en el privado –dentro de las relaciones laborales-, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así, la seguridad personal y/o carrera laboral de mujeres y LGTBI+".

El protocolo manda que cada organismo deberá disponer de un equipo de orientación o un área de género, que recibirá las consultas de aquellas personas que requieran asesoramiento u orientación y realizará un informe.

El informe será elevado a la máxima autoridad del organismo, siempre que la persona solicitante lo pida o preste su conformidad, para que evalúe posibles actuaciones administrativas y/o investigaciones sumariales. En todos los procesos administrativos debe garantizarse la confidencialidad, discreción, imparcialidad, celeridad y reserva de las actuaciones. Asimismo, regirá el principio de amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados.

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Medidas

La persona que realice consulta y/o denuncia podrá solicitar la modificación del lugar y/u horario de prestación de servicio. El área de Recursos Humanos del organismo correspondiente deberá dar respuesta "de forma ágil y expeditiva" a la solicitud y arbitrar los medios necesarios a fin de que la persona no vea afectada su carrera laboral con motivo de dicho pedido.

Cuando la denunciante comparta lugar de trabajo con la persona denunciada, la que deberá trasladarse será ésta última, salvo pedido expreso de la persona requirente.

En función del resultado de la investigación realizada, la máxima autoridad debe garantizar la aplicación de medidas disciplinarias proporcionales a la falta cometida. A su vez, la máxima autoridad de cada organismo velará por que los superiores de la persona denunciante no dispongan medidas que la puedan perjudicar de cualquier modo.

Licencias

El protocolo conocido este lunes recomienda que todos los organismos públicos tengan la licencia por violencia de género.

Asimismo, dispone que las situaciones de violencia laboral por motivos de género se podrán acreditar mediante informe del equipo de género; informe de servicios sociales; informe de organismos especializados; orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la persona afectada; denuncia ante sede judicial o policial.

Además, podrán establecerse mecanismos de justificación de ausencias o incumplimiento horario cuando sean motivadas por la situación de violencia y/o acoso laboral por motivos de género.

El protocolo completo