El Nobel de Economía es para un británico y un finlandés

El británico Oliver Hart y el finlandés Bengt Holmström son los ganadores del Nobel de Economía 2016 por "sus contribuciones a la teoría del contrato", informó la Academia Real de las Ciencias Sueca.

El comité Nobel destacó que ambos profesores han desarrollado "valiosas herramientas teóricas" para "entender los contratos en la vida real", así como los posibles problemas en su diseño.

En concreto, argumenta el fallo del jurado, los galardonados han establecido un "marco comprensivo para analizar muchas cuestiones diversas en el diseño de contratos" para lograr que ambas partes cooperen en beneficio mutuo y no se generen "conflictos de intereses".

Hart y Holmström han estudiado cuestiones como las retribuciones por rendimiento y objetivos a los ejecutivos, las deducciones y copagos en los seguros y la privatización de actividades propias del sector público (gestión de prisiones y escuelas).

Holmström, de 67 años, es profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Se especializó en la optimización de los contratos incluyendo incentivos o elementos ligados al rendimiento para que el agente (el contratado) opere en beneficio máximo del principal (empresa). Así, ideó un modelo que apunta que el contrato óptimo busca el equilibrio entre los riesgos y los incentivos.

Hart, en tanto, nació en Londres, en 1948, y es profesor de la Universidad de Harvard. Realizó a juicio del comité "contribuciones fundamentales" en una rama de la teoría contractual, la de los contratos incompletos.

Las aplicaciones prácticas de estos avances teóricos abarcan cuestiones tan diversas como qué tipo de empresas tiene sentido económico que se fusionen, qué proporción de financiación debe hacerse vía deuda y cuál a través de acciones, y que instituciones deberían ser gestionadas por el sector privado.

A juicio del comité, las contribuciones de ambos economistas han sentado "el fundamento" de un "fértil campo" de investigación en el área de la teoría contractual que puede tener aplicaciones desde la legislación sobre quiebras a las constituciones nacionales, entendidas como un contrato entre el Estado y los ciudadanos.