La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Aduana, denunció a 11 empresas que efectuaron operaciones de importación y exportación por una suma que alcanza los 64.119.000 de dólares, en concepto de multas y perjuicio fiscal. Tres firmas fueron acusadas por subfacturar mercadería del rubro informático, mientras que otras nueve –del rubro textil– se las investiga por utilizar licencias de importación apócrifas.
AFIP denunció a empresas que realizaron operaciones de comercio exterior por 46 millones de dólares
Tres firmas fueron acusadas por subfacturar mercadería informática. Otras nueve son investigadas por la utilización de licencias de importación apócrifas. El acuerdo con Ecuador fue determinante para cercar a una exportadora que efectuó triangulaciones nocivas de exportación.
15 de noviembre 2012 · 11:18hs
Entre todas las firmas denunciadas, se destaca el caso de una empresa exportadora que trianguló sus operaciones intentando girar divisas hacia un paraíso fiscal. El hecho fue investigado por los inspectores fiscales a partir de los datos obtenidos mediante el convenio de intercambio de información que la AFIP celebró con el Servicio de Rentas Internas de Ecuador. Según pudieron constatar, ese país era el comprador de la mercadería, pero la factura de la maquinaria vendida se trianguló a través de Panamá.
Por su parte, las empresas del rubro textil son conocidas en el ramo por trabajar con grandes volúmenes de ventas de sábanas y toallas en el mercado interno. En lo que corresponde al control efectuado sobre las operaciones de las empresas informáticas, la Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA) colaboró con las investigaciones y aportó datos necesarios para la valoración de la mercadería.
Las denuncias radicadas en los Juzgados Nacional Penal y Económico Nº 1,3,5,6,7 y 8 se basan en los artículos 954 y 863 del Código Aduanero. El valor de las multas es de 1 a 5 veces el importe del perjuicio fiscal que resulta de la declaración inexacta de la mercadería. Asimismo, prevé prisión de 2 a 8 años para quienes impidan o dificulten mediante “ardid” o “engaño” el adecuado ejercicio de las funciones del servicio aduanero para el control sobre importaciones y exportaciones.
Cabe destacar que estos procedimientos de control permiten ejercer la defensa de la producción nacional y de los puestos de trabajo, dado que la subfacturación y la documentación apócrifa atenta contra las empresas y PYMES nacionales que generan producción y empleo para los argentinos.