Con dificultades acumuladas en los últimos años, la red de instituciones que asisten a las personas con discapacidad afrontan un 2020 crítico y cada vez más complejo, con motivo de la falta de actualización de los aranceles, que permiten afrontar los gastos operativos. Los montos que abonan las obras sociales cuentan ya con un retraso de un año, y cada vez alcanza para menos gastos y compromisos, en virtud de la inflación.
Discapacidad: instituciones reclaman ajuste de aranceles congelados hace un año
Nos pone en peligro de funcionamiento, indicó Cristina Ripari. Montos de obras sociales para personas con discapacidad quedaron lejos ante los costos actuales.
29 de octubre 2020 · 19:15hs
A nivel nacional, entidades como centros de día, educativos, terapéuticos y hogares reclaman la actualización de los valores para las prestaciones. Se trata de “un aumento de emergencia de 40% para poder seguir funcionando”, ya que existe también una histórica actualización insuficiente de esos montos, tal como ha difundido UNO en reiteradas oportunidades.
El sector debe afrontar, con los mismos ingresos de 12 meses atrás, el incremento en insumos dolarizados, la actualización de la escala salarial de los trabajadores y los mayores costos provocados por la pandemia, entre otros.
“Estamos esperando el ajuste de los aranceles, que nos está provocando un desfasaje económico y financiero enorme. Ello sumado al hecho que Iosper está pagando la resolución anterior, es decir que no se adecua al arancel de octubre del año pasado, sino uno anterior de mayo”, explicó a UNO la titular de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), Cristina Ripari.
“Estamos en una situación grave y que se está complejizando cada vez más. El Iosper nos tiene con un arancel mucho más bajo, y Nación no nos aumenta”, remarcó.
Realidad
En la provincia hay casi una veintena de entidades, que brindan diferentes prestaciones a más de 500 beneficiarios discapacitados y en situación de vulnerabilidad. Esta realidad atraviesa al sector a nivel nacional.
En ese sentido, Ripari indicó que en línea con lo que viene planteando instituciones en el país, evalúan acciones para visibilizar a la comunidad esta realidad, y concientizar a las autoridades no solo nacionales, sino también provinciales.
“Un arancel del año pasado con toda la inflación y aumentos que hubo, nos lleva a un vacío y falta de ingresos para afrontar los gastos. Vamos arreglando y equilibrando, pero va a llegar un momento que no va a alcanzar para nada. Por eso hay que visibilizar y poner en conocimiento de la gente que a la discapacidad no se la está teniendo en cuenta”, insistió.
En el caso de Apana, contó que se atiende a 65 personas con discapacidad.
“Las instituciones de la provincia están movilizándose y haciéndose eco ante la falta de adecuaciones de los aranceles, poniendo en peligro su funcionamiento. Nunca se dejó de prestar el servicio, por considerar que es un derecho de las personas con discapacidad, asistiendo no sólo con intervenciones de teleasistencia terapéutica de nuestros equipos, sino con alimentos y las emergencias suscitadas por las crisis que genera el aislamiento. El trabajo se ha duplicado y triplicado ya que no sólo se asiste, sino también hay que registrar todo con imágenes , audios y documentación mensual de todo lo actuado”, esto último en relación a que algunas obras sociales ponen en duda esta tarea, que debe ser presentada como testimonio, con capturas de pantallas y archivos de materiales visuales o de audio.
A través de esas pantallas, a los alumnos se les brinda asistencia educativa, emocional, terapéutica.
“Todas las instituciones estamos junto con los transportistas”, acotó Ripari. Ellos, “en distintos lugares del país, dejaron de trasladar a las personas a sus espacios diarios, y comenzaron a llevar alimentos y material de trabajo para quienes no tienen conectividad, enviado desde las instituciones”, destacó la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiespsa).
Finalmente, hay que recordar que a las instituciones de discapacidad se les adeudan aún pagos correspondientes a los años 2017 y 2018.