Ayer, durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante (CD) de Paraná, la Asamblea Ciudadana Vecinalista hizo uso de la institución Voz y Opinión Ciudadana para expresar su rechazo a la posible suba del boleto de colectivo urbano y solicitar que la Municipalidad rescinda la concesión del transporte público a la empresa Buses Paraná, que integran ERSA Urbano SRL y Transporte Mariano Moreno SRL. Alicia Glauser, Esteban Rossi y Enrique Warlet, integrantes de la Asamblea, hicieron uso del instituto Voz y Opinión Ciudadana, un espacio de participación dentro de la sesión del CD por la cual las personas y ONG pueden exponer sus perspectivas o cuestiones referidas a una situación o problemática municipal ante los concejales. Manifestaron su preocupación y rechazo ante las perspectivas del aumento de la tarifa plana en un 98%, que pasaría de valer 45,30 a 90 pesos, señalando además que el servicio de colectivos es deficiente y que el municipio debería rescindir el contrato a la empresa que lo concesiona.
Colectivos: vecinos llevaron al Concejo su reclamo por el servicio
“Los concejales nos dieron el espacio y entre los tres resumimos lo que significa el aumento del transporte, un problema que se viene extendiendo en el tiempo desde hace muchos años y nunca vemos mejoras en el servicio. Siempre se le permitió a la empresa concesionaria hacer lo que quiso, incluso el recorte de recorridos, no poner garitas en condiciones y otras cuestiones que se han agravado a lo largo de los años”, señaló a UNO Alicia Glauser, y añadió que solicitaron que el intendente, Adán Bahl, rescinda el contrato.
Vale recordar que el lunes de la semana pasada se conoció que la empresa Buses Paraná propuso llevar la tarifa a 90 pesos durante la reunión del Órgano de Monitoreo y Control del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU).
Por el Concejo Deliberante participan de ese organismo David Cáceres por el oficialismo, y por la oposición Walter Rolandelli (Juntos por el Cambio); Anabel Beccaría (Políticas para la República); Claudia Acevedo (UCR); y Desireé Bauza (PRO).
“Les propusimos a los concejales hacer una Mesa de Movilidad, que se recorran los barrios recolectando todas las inquietudes de los vecinos para poder llevarla a un nuevo proyecto de transporte y que se coordine con la Secretaría de Transporte de la Provincia para que además se pongan en funcionamiento los trenes a Oro Verde y La Picada, tal como habíamos quedado hace algunos años. Incluso que se ponga en condiciones el único tren que funciona, que es el que va a Colonia Avellaneda ya que hace unos días dejó de funcionar porque se había roto el aire acondicionado”, adelantó Glauser.
El argumento de Buses Paraná para el nuevo pedido de aumento de la tarifa se apoya en un aumento de los costos y una retracción en los subsidios que reciben las empresas, un cóctel que deriva en una situación de cuentas deficitarias. El costo mensual es de 145 millones de pesos. De subsidio reciben 78 millones, según la planilla de cobro de octubre; y recauda 31 millones en corte de boletos, ya que bajó el nivel de pasajeros debido a la pandemia, por lo que el déficit de la empresa es de 36 millones.
“La gente dejó de usar el colectivo porque necesita llegar a su lugar de trabajo y la empresa concesionaria no se lo garantiza; por eso los usuarios se arreglan para ir con algún vecino en auto, van en moto o en bicicleta, aunque no todos pueden hacerlo. Y todo eso tiene consecuencias: se termina complicando el tránsito y aumenta la contaminación, es algo individualista, porque en auto viajan uno o dos, mientras que cada colectivo puede llevar a 50. Incluso el jefe de la Guardia del hospital San Martín dijo que en el último tiempo creció muchísimo la cantidad de accidentes de tránsito. Todo tiene que ver con todo, si hubiera un buen transporte de colectivo esto no pasaría”, manifestó Glauser.
Asimismo, señaló que la ciudadanía desconoce si el municipio le cobró multas a la empresa por los reiterados incumplimientos. “En 2016 el contrato estaba vencido y el intendente Sergio Varisco lo renovó en comunión con ERSA, ya que el contrato está hecho a la medida de la empresa. El recorte de recorridos que han hecho es impresionante; salen dos colectivos desde zona sur pero no llegan al norte como antes, sólo van hasta Casa de Gobierno y vuelven. Todas las líneas hacen lo mismo. Nunca existió el boleto combinado, algo que estaba en el pliego cuando se les aprobó la concesión, las unidades nunca fueron renovadas, las unidades adaptadas para gente con discapacidad funcionaron un tiempo y después dejaron de circular, no se arreglaron nunca las paradas ni se pusieron garitas. Todo eso constituye un incumplimiento de contrato”.
Vale recordar que en el mismo contrato hay una cláusula que señala que ante la falta de cumplimiento de la empresa, cae la concesión. “Creo que está más que probado que corresponde que la concesión caiga, desde hace tiempo, pero ningún intendente ha hecho uso de esa cláusula desde que ERSA tiene la concesión. Además, no olvidemos que a partir de enero se aumenta el 70% del subsidio del transporte para las provincias, así que la empresa va a tener más entrada de dinero, pero seguro que no se verá reflejado para los usuarios, que somos los que perdemos entre 40 y 60 minutos esperando un colectivo; ni hablar sábados, domingos y feriados que los barrios se quedan prácticamente sin colectivos, ya que funcionan dos o tres unidades por línea. Y ahora que terminan las clases, seguro vamos a ver reflejado un menor nivel de servicio, porque la empresa cree que sólo los estudiantes utilizan el colectivo”.
Por último, instó: “Pedimos a los concejales que piensen cómo mejorar el transporte público, que se concesionen las diferentes líneas y ramales, quizás hay que analizar la posibilidad de hacer una empresa mixta entre el Estado y el sector privado. Todos los recorridos se cortan en Casa de Gobierno, ya no se llega al Thompson ni a la Costanera. Ya los ciudadanos no pueden acceder al río sin tener que tomar dos colectivos y caminar más de 10 cuadras”.
