Respaldo a los trabajadores de la educación
Miércoles 21 de Junio de 2017

Trabajan para incorporar la violencia escolar dentro de las contravenciones

En el Senado se comenzó a debatir una serie de medidas y modificaciones a la Ley 3.815 de Contravenciones Policiales.

Se realizó durante la tarde del miércoles, en el recinto de la Cámara de Senadores de Entre Ríos una reunión de la Comisión de Seguridad.

Fue para analizar posibles cambios en la Ley 3.815 (Contravenciones Policiales), agregando un apartado para sancionar aquellas situaciones de violencia que se den dentro del ámbito escolar y afectan al personal docente y no docente de los establecimientos educativos entrerrianos.

El Ministerio de Gobierno elaboró una serie de propuestas que fueron puesta a disposición y compartidas con todos los presentes en el encuentro.

En la reunión insistieron con la "preocupación" por los hechos de violencia dentro de escuelas y comprometieron su trabajo para encontrar herramientas que permitan una fuerte defensa de los trabajadores docentes y de la escuela pública, con el objetivo de cambiar conductas de violencia que se dan dentro del ámbito escolar.


El senador Ángel Giano explicó el mecanismo aplicado por la comisión de Seguridad, que busca defeder a quienes trabajan en establecimientos educativos entrerrianos.

Señaló que "se trata de mejorar el código de contravenciones de la provincia, una ley antigua, pero creemos fundamental la defensa de los trabajadores de la educación".

"Este encuentro es un disparador, podemos llegar o no a sancionar una ley, pero la legislatura no puede estar ajena a este tema y por lo tanto oír a los actores del sistema es de fundamental importancia", enfatizó.

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Raymundo Kisser destacó que "se trata de resguardar fundamentalmente al educador y esencialmente al ámbito educativo, para que sea adecuado para que el niño se forme, se eduque, porque se ha ido generando al amparo de diversas invocaciones un desorden que afecta el proceso de enseñanza aprendizaje".
Agregó que "se debe propugnar a lograr un ámbito virtuoso. No puede ser que el padre o tutor pretenda imponer al docente condiciones en relación a la educación de su hijo".

Desde los gremios compartieron la idea de proteger a los docentes y propusieron que "se trabaje en una concientización relacionada con hacer saber, desde el Estado, desde los padres, en una serie de valores que se han desdibujado". "El maestro debe recuperar un lugar central, de respeto, que quizá ha ido perdiendo", lanzaron desde UDA.

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Por su parte el ministro Mauro Urribarri agradeció la invitación de la comisión de seguridad y compartió la preocupación por los temas planteados. Indicó que en forma permanente se aborda este tema con los diferentes actores del sistema educativo, buscando dar la mejor respuesta desde el Estado.

Adelantó a los legisladores que ha elaborado un borrador con propuestas desde su cartera, que será entregado a los legisladores y a los representantes de la justicia provincial para que den su opinión. Recordó que "se ha hablado en forma permanente con los trabajadores docentes, para darles seguridad en su función".

Urribarri avanzó con sus colaboradores buscando generar herramientas contemplando la defensa plena de los derechos humanos, adecuando la normativa entrerriana a la actualidad, tipificando conductas concretas que tal vez escapan de los alcances del código penal.

Compartieron la idea de reflexionar en cuanto a las posibles "sanciones" para las conductas inadecuadas que afecten a los maestros y desde el Ministerio de Gobierno se mostraron a favor de un sistema de sanciones que puede incluir trabajos comunitarios, por ejemplo, alejándolo del arresto.

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La senadora Nancy Miranda dijo que "se tiene que tener como una cuestión relevante la reiteración de conductas contra los trabajadores de la educación, para que en forma progresiva vaya aumentando la sanción".

Por su parte el senador Lucas Larrarte dijo que "se tiene que tener muy en cuenta dentro del sistema que se propone, asegurar el derecho pleno de defensa en todo el proceso que se puede llegar a iniciar por un problema dentro del ámbito escolar".

Roque Ferrari, senador de Victoria, también coincidió en lograr una "armónica modernización de la legislación vigente en Entre Ríos en materia de contravenciones".

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El procurador general Jorge Amilcar Luciano García. Foto <b>UNO</b> Diego Arias.
El procurador general Jorge Amilcar Luciano García. Foto UNO Diego Arias.


El procurador Jorge García señaló que se debe ser muy específico a la hora de tipificar las conductas que pueden ser consideradas contravenciones. El funcionario, en orden a su experiencia, señaló la importancia de tener en cuenta una vez producido un hecho, el niño y los docentes, deben seguir compartiendo el espacio escolar.

Observó que no debe dejar de observarse que un tema que atraviesa nuestra sociedad y por tanto la escuela, es el de la droga. El titular del ministerio público hizo una fuerte defensa de la educación pública.

Uno de los temas tratado fue el tema de los códigos de convivencia que se acuerdan dentro de los establecimientos escolares.

El defensor del Superior Tribunal Maximiliano Benítez, coincidió en lo vetusto de la normativa vigente en Entre Ríos y coincidió en buscar la defensa de la integridad del docente. Dio detalles de los mecanismos que se aplican en Entre Ríos y propuso una "reforma integral, adecuando aquellas estructuras que se han quedado en el tiempo". Benítez se preguntó qué autoridad debería intervenir en temas como estos en cada una de las ciudades entrerrianas.

Por su parte el senador Francisco Morchio, titular de la comisión de educación del Senado, dijo que "es verdad, hay valores que se han perdido y todos tenemos que recuperar el espacio donde los docentes se desempeñan. Como legisladores tenemos la obligación de ocuparnos del bienestar del docente, de todos los trabajadores de la educación", afirmó, mostrando como otros de los participantes su preocupación por los problemas de violencia que se en las escuelas.
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El CGE.
El CGE.

Desde el Consejo de Educación señalaron que "se piensa en lograr un abordaje integral, hay protocolos de violencia que se deberían aplicar y muchas veces, cuando analizamos los códigos de convivencia, se han ido sacando las sanciones punitivas, porque muchas veces no cambia la realidad con su aplicación".

Indicaron que "cuando llega la violencia a la escuela, es porque en esa situación se refleja lo que está pasando en la sociedad, lo que pasa el chico en su casa, lo que desatan los mayores, nos indica que tenemos que pensar en una actuación integral para defender y proteger también al niño".

Los representantes del CGE hicieron una autocrítica señalando que no se han receptado en forma directa denuncias de docentes y propusieron que se incorpore dentro del régimen de licencias docentes, la licencia para el docente que es agredido. Se mostraron muy preocupados porque hay protocolos establecidos y no se han receptado las denuncias.

También adelantaron que se trabajará en la realización de antecedentes en todo tipo de violencia, para contar con estadísticas que sirvan de sustento para acciones preventivas y posteriores a la situación.
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El secretario general de Agmer, Fabián Peccín dijo que "no solo podemos pensar en lo punitivo, porque creemos que hay que generar una conciencia dentro de la sociedad para modificar conductas negativas de los chicos". Se mostró preocupado por aquellos procesos que estigmatizan y propuso que se trabaje para lograr mayor autoridad al docente, que se sienta acompañado por equipos profesionales y por las instituciones.
Hizo un crudo relato de situaciones que se han dado afectando docentes y recordó que se ha pedido desde hace tiempo un cambio en el régimen de licencias para contemplar en la "licencia por violencia" cuestiones de género o de agresión de padres a maestros, "para no tener que disfrazar algunas situaciones" .
El titular de la policía entrerriana, Gustavo Maslein pidió que al momento de sancionar la norma se tenga en cuenta la necesidad de proteger al policía que debe intervenir, en situaciones que involucran muchas veces a menores.

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Objetivos de la iniciativa
Se propone que sea sancionado con arresto de dos a ocho días y multa, equivalente al 100 % del haber mensual de un Oficial Ayudante según el Escalafón Policial Ley 5654 o su equivalente, la persona que alegando o teniendo parentesco y/o representación legal de un alumno realice cualquiera de las siguientes acciones:
a) Hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional e intelectualmente a un trabajador de la educación.
b) Insulte a un trabajador de la educación.
c) Ejerza actos de violencia física contra un trabajador de la educación.
d) Arroje contra un trabajador de la educación o contra un bien de utilidad educativa, elementos de cualquier naturaleza.
e) Ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente.
f) Perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa.
Cabe recordar que hacia mediados de mayo se analizó un proyecto de similares características que apunta a proteger a los trabajadores de los efectores de salud, públicos y privados, de la provincia, que muchas veces, sobre todo en las guardias que responden a urgencias, son agredidos por acompañantes o familiares de pacientes.
Para impulsar estos debates se ha tenido en cuenta que en los últimos tiempos son recurrentes los episodios de tensión que se dan dentro de los establecimientos escolares que tienen como víctima a los trabajadores que allí se desempeñan y como agresores a quienes toman posturas en nombre de los alumnos.
Agresiones verbales, insultos, faltas de respeto y escándalos perturbadores, para maestros, ordenanzas o alumnos, se dan en establecimientos educativos, tanto de gestión pública como privada, y esto lleva a proponer un marco sancionatorio en protección del proceso educativo.
Se trata de darle al Estado una herramienta para actuar y proteger a los trabajadores de las escuelas.
En los fundamentos que acompañan al proyecto se hace énfasis que la referencia a "trabajador de la educación", incluye docentes y no docentes, de forma tal que todos los que trabajan en una escuela se encuentren protegidos por la normativa propuesta.

Agravante
Se considera un agravante que las conductas sancionadas se den en presencia de los alumnos.
Además, se incluye en la modificación del código de contravenciones la obligación de dar aviso y notificar al juzgado y a la Fiscalía en turno, ante la probabilidad de que los actos constituyan en definitiva comisión de delitos reglados por la normativa de fondo, como así también poner en conocimiento al miembro judicial de la situación impuesta al agresor.

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