Van por la defensa de los intereses de inquilinos y de consumidores frente a la venta de inmuebles

El secretario de Producción, Álvaro Gabás, recibió en su despacho a representantes de asociaciones de inquilinos de Buenos Aires para intercambiar experiencias acerca de los derechos de los mismos y ante diversos planteos que llegan a la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial dependiente de la Secretaría de Producción.

El motivo de la reunión, la cual contó con la presencia del director general de Defensa del Consumidor de Entre Ríos, Juan Carlos Albornoz, el responsable del área de Lealtad Comercial Fernán Poidomanni; Fernando Muñoz, a cargo del área de inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires; y Gervasio Muñoz, presidente de la asociación civil Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, fue dar conocer las realidades de los inquilinos de la Provincia de Buenos Aires para compartir ideas y experiencias con el fin de diagramar una mesa de diálogo incluida en lo que sería el área de Defensa a los Inquilinos.

Cabe destacar que la propuesta fue impulsada por Francisco Garcilazo, en representación de la Asociación de Trabajadores del Estado, y por Confederación de Trabajadores Argentinos Autónoma, representada por Alejandra Gervasoni y Andrés Fernández Iglesias.

Gabás destacó la importancia de la iniciativa al tiempo que remarcó que el compromiso del Estado entrerriano es defender los derechos. "En este caso estamos tratando un tema muy sensible que vamos a trabajar minuciosamente con el área legal de la Secretaría y al cual, como a todo lo que venimos trabajando, trataremos de darle la celeridad ya que nos referimos a lo que es la necesidad de vivienda al momento de alquilar un inmueble y que en muchos casos los consumidores ven vulnerados sus derechos ante situaciones que en ocasiones son desconocidas o sin asesoramiento para los mismos. Ante esta asimetría el estado debe intervenir. En la provincia no está incluida la defensa de los inquilinos dentro del área de Defensa del Consumidor, lo que es de destacar, teniendo en cuenta que esto atraviesa todas las clases sociales", finalizo el funcionario.

Muñoz comentó que el problema inmobiliario de los inquilinos se ha dado cuando las situaciones económicas son más difíciles y han sido abusivas, tras la necesidad de la gente por la vivienda y relató cómo en Buenos Aires se realizó una ley que reglamentó esto y le puso un freno, por lo que el inquilino no paga la comisión a la inmobiliaria sino que la paga el titular del inmueble. "Es lo que queremos aportar", dijo.

Por otra parte Albornoz destacó la posibilidad de ampliar los horizontes en lo que son los derechos de los consumidores entrerrianos. "Por ello estamos realizando la revisación de la compra y venta de terrenos, en donde hay un gran incumplimiento del sector privado, sobre todo resaltando la publicidad engañosa en la que puede caer un consumidor, en donde nos damos cuenta de las cuestiones que sufre la ciudadanía, ya que le mienten. Hoy a mitad de año tenemos la misma cantidad de denuncias que teníamos al año completo en 2017. Esto quiere decir que la gente va tomando conocimiento de que hay un organismo que se ocupa de estas situaciones y, nosotros a través del Estado, trabajamos para encontrarles una solución y darles una respuesta ya que todos somos consumidores", finalizo.

Por último Alejandra Gervazoni, de CTA, expresó la necesidad de brindar asesoramiento ante el desconocimiento que hay en cuanto a los derechos que tienen los inquilinos. "En esto estamos todos desde las organizaciones y también del Estado mismo destacando la sinergia que mencionaba el secretario de Producción de colaborar en todo lo que vaya en beneficio de los entrerrianos. Pongamos en conocimiento que el 35% de las familias alquila, y teniendo en cuenta el salario, dicho alquiler se lleva más del 50% de los haberes, sumándole que si nos vulneran en nuestros derechos muchas veces no alcanza a cubrir las expectativas y hace recurrir a las áreas puntuales para derivar los problemas que surgen", señaló.

Fue Poidomanni quien contó que ya hubo intervenciones por ejemplo en la venta de unos 500 lotes en San Benito que publicitaban con todos los servicios. Desde el área recibieron el reclamo de consumidores que debían hacer pozos negros porque no estaba conectada la cloaca a la red. Hubo hasta inspectores que intervinieron y que constataron con impresiones de la web la publicidad engañosa y se tramitó un expediente que terminó en sanción.

Además contaron que si bien los matriculados son juzgados por sus propios colegios profesionales, cuando hay publicidad con oferta a personas el área tiene intervención. También tienen competencia de declarar abusivas las cláusulas de los contratos en el marco de una relación de consumo donde haya un proveedor y un consumidor y hasta pueden anular esas cláusulas cuando corresponde.

"Si bien no tenemos una competencia exclusiva sobre los alquileres, sobre todo cuando se realizan entre particulares y aunque intervengan inmobiliarias, cuando hay una empresa o una empresa dueña de un edificio que pone a sus unidades en alquiler se trata de un proveedor de bienes y servicio y ahí sí se puede intervenir", destacó Poidomanni, y agregó que más allá de los casos puntuales y de las competencias se hizo el planteo de la elaboración de una guía en la cual se le explique a los inquilinos y a los propietarios cuáles son sus derechos y obligaciones en la legislación vigente.