observatorio de género

Un violento en la función pública

El caso del violento intendente de Gilbert refleja que en Entre Ríos se continúa eludiendo la magnitud y las raíces reales de la violencia contra las mujeres.

Domingo 08 de Mayo de 2022

Ángel Fabián Constantino intendente de Gilbert, Entre Ríos, está imputado por tres casos de abuso sexual, el primero ocurrido en 2019. Hace más de dos años. Además, carga sobre si más de una decena de denuncias por violento. Estuvo preso por no respetar la restricción perimetral ordenada por la justicia para que no se acerque a sus víctimas. Constantino continúa en su cargo con la seguridad que le da la impunidad y afirma desafiante que de allí no se moverá.

Una de las particularidades de un violento es que sabe que debe alimentar su poder. Para ello el violento exige ser obedecido, exige que se cumpla con su voluntad para demostrar que tiene autoridad. Constantino al comprobar que está siendo interpelado por haber sido denunciado por abusar sexualmente a tres mujeres y por cometer maniobras fraudulentas desde su cargo como intendente trata de imponerse resistiendo en su puesto de Intendente.

“Si no te gusta, mirá, ahí está la puerta”, le dijo Constantino a su víctima cuando ella le solicitó, en el despacho de la intendencia, que no la acose más ni sexual ni laboralmente. El actual intendente de Gilbert le anticipa a su víctima más violencia sino “le gusta” que la acose, generando así miedo por futuras represalias. Los hechos violentos no son acciones únicas, aisladas, sino que están interrelacionadas y provocan no solo daños físicos sino también psíquicos y morales en las víctimas. Las amenazas realizadas a una mujer generan miedo y la paralizan. Y si tiene hijos, el miedo se potencia, y sus decisiones están totalmente supeditadas a la protección de ellos.

Todas las alertas encendidas en Entre Ríos, provincia que carga en su haber el femicidio de Micaela García ocurrido porque se silenciaron leyes y evidencias otorgándole total libertad de acción al asesino. Este caso fue tan aberrante que hubo que crear la Ley Micaela que obliga a los integrantes de los tres poderes del Estado a estudiar las leyes que ya tendrían que saber y aplicar.

El intendente Ángel Fabián Constantino ¿Mide la gravedad de sus actos cometidos? ¿Tiene noción de lo que está omitiendo? ¿Puede ocupar un cargo público alguien que desobedece de plano las medidas de prevención establecidas por las leyes sobre violencia de Género, todas ellas pertenecientes al bloque de constitucional de Derechos Humanos?

El caso Constantino refleja que en Entre Ríos se continúa eludiendo la magnitud y las raíces reales de la violencia ejercida contra las mujeres. Todo esto transcurre mientras se ordenó el procesamiento del exgobernador de Tucumán José Alperovich por abusar sexualmente de su sobrina. Es el mismo delito que cometió el actual intendente en funciones Ángel Fabián Constantino. Aplica la misma Ley y condena tanto en Tucumán como en Entre Ríos. Estos delitos tienen una pena de prisión efectiva, que puede ir de 5 a 15 años de prisión.

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Martina Cedrés, fiscal que tiene a cargo la investigación, informa que tiene en su poder la suficiente evidencia para elevar la causa a juicio y para que se determine la culpabilidad de Constantino.

A las pericias psicológicas que constatan las consecuencias que todavía padecen las víctimas se suman las pruebas que surgen de los médicos que comprobaron las lesiones corporales. Y que en todas estas evidencias se observa que hay un mismo patrón en la conducta del acusado.

Además, la fiscal en estos momentos está investigando sobre una presunta connivencia entre Constantino y el comisario de Gilbert, Humberto Javier Salomón. En este sentido ordenó secuestrar el teléfono celular del policía a quien el intendente el 8 de marzo pasado, día internacional de la mujer, le otorgó la concesión del buffet de la terminal de ómnibus de esa localidad.

No solo ese detalle destaca la cercanía transaccional entre el edil y el comisario, sino que también este último estaría haciéndose pasar por un secretario de la intendencia cada vez que llama un periodista para averiguar sobre la causa penal que pesa sobre Constantino. Nunca mejor custodiados los detalles de la trama de los tres abusos sexuales si están bajo la tutela de la policía que en realidad tendría que estar monitoreando y cuidando a las víctimas

Siniestro

Todos estamos siendo testigos de la violencia de Constantino, de sus antecedentes, de su decisión peligrosa de desobedecer a las leyes mientras está ocupando un cargo público: en Entre Ríos se tolera de manera escandalosa la violencia de género.

Este caso, al igual que todos los demás ocurridos en nuestra provincia, tienen un común denominador: la reproducción y perpetuación del sistema discriminatorio y subordinante que oprime a las mujeres. En el actual estado de situación se está avalando tener el derecho a utilizar la violencia para mantener los privilegios produciéndose una naturalización de la violencia la que es tolerada en la práctica a pesar de que hay pedidos concretos de que se tomen inmediatamente medidas aplicando de manera integral las leyes de Violencia de Género.

“Continúa atrincherado al poder”

El último alerta proviene de Guillermina Guastavino, coordinadora de Participación Ciudadana del Ministerio de la Producción de Entre Ríos. La funcionaria le solicitó formalmente y en carácter de urgente a Martín Piaggio, intendente de Gualeguaychú y presidente del Consejo Departamental del Partido Justicialista que gestione y concrete, ante el Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista provincial, la sanción que corresponda al intendente Ángel Fabián Constantino porque se le ha pedido en reiteradas oportunidades y por diferentes organismos institucionales y políticos que al menos tome una licencia durante el proceso judicial.

“El 28 de abril pasado, el Partido Justicialista de Gualeguaychú, solicitó que Constantino tome licencia de su cargo para generar de esta manera condiciones de mayor igualdad ante la justicia (…) Que habiendo transcurrido un plazo prudencial el actual intendente de Gilbert, continúa atrincherado al poder, y ante la toma de conocimiento de una nueva denuncia, corresponde elevar esta grave situación al Tribunal de Disciplina del partido Justicialista (…) Ya que esto constituye una inconducta, indisciplina o violación de los principios y resoluciones de los organismos partidarios”, señala la carta enviada por Guillermina Guastavino.

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Evidentemente, el proceso que se está llevando a cabo en este caso no está respetando los lineamientos básicos y primordiales de las leyes que resguardan a las mujeres vulneradas. El mecanismo de control del cumplimiento de la legislación no funciona. Y esto influye directamente en las secuelas padecidas por las víctimas y en la efectividad de las mismas denuncias. El Estado es responsable de las consecuencias.

Por Dolores Etchevehere

observatoriodegenero@uno.com.ar

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