Sin autorización, levantan silos y galpones en una isla de Victoria

Un emprendimiento agrícola montado con capitales holandeses y chilenos en islas de jurisdicción de Victoria continúa su avance, pese a que la localidad posee una batería de normativas que impiden el desarrollo de este tipo de proyectos en el humedal. Así es como por estos días en la isla Irupé, frente a Villa Constitución, hay cultivos de sorgo y se levantan galpones y silos, algo impensado para esa zona, donde además se construyen ilegalmente terraplenes, diques, acequias y se cortan cursos de agua, entre otras prácticas tendientes al resguardo de los cultivos y la circulación interna.

Se trata de la firma Bema Agri, que en marzo de 2008 adquirió poco más de 8.000 hectáreas de islas e hizo una millonaria inversión para montar el negocio dentro del ejido victoriense, aunque sin autorización de la Municipalidad. Las obras fueron detectadas ese año por inspectores de la Delegación de Islas de Victoria, quienes labraron actas de infracción y las elevaron al Ejecutivo de entonces. Sin embargo, este delegó el tema a estamentos provinciales que no contaban –ni cuentan– con leyes de aplicación al respecto.

Hubo intimaciones vanas, pedidos de informes y corrieron tiempos burocráticos que en definitiva terminaron abonando los prolíficos cultivos. El caso también llegó a la Justicia, en principio a través de amparos ambientales desestimados porque, para los magistrados intervinientes, es el municipio el que tiene la potestad de exigir el cumplimiento de las normas locales vigentes por la vía administrativa, precisó el diario La Capital de Rosario.

La Ordenanza Nº 1.787 establece que todo emprendimiento en las islas del Paraná comprendido en el ejido municipal de Victoria, “en lo que respecta a urbanización, construcción, modificación de la topografía del terreno, cursos de agua y alteración del ecosistema, quedará supeditada a la opinión del Concejo, previa elevación del Ejecutivo, con su correspondiente evaluación de factibilidad”, que no sucedió.

Por otra parte, la Ordenanza Nº  2.185 declara como Área Natural Protegida “a la zona de Islas pertenecientes al ejido de la ciudad de Victoria y el Código de Planeamiento Urbano (Ordenanza Nº 2.472) en el apartado “Suelo Litoral, uso no admitido”, comprende a las tierras en cuestión e indica que allí se encuentra prohibida para la agricultura y actividades productivas industriales.

A la intimación del municipio para que la empresa en cuestión cesara con la siembra en el lugar y que reparara el daño ambiental provocado, Bema Agri respondió con una acción contencioso administrativa que se tramita en Tribunales provinciales. La empresa habría argumentado que al momento de montar el emprendimiento no sabía de la existencia de normas restrictivas para la agricultura y que estas son inconstitucionales.

La Isla de los holandeses, tal como la llaman los lugareños, está circundada por los arroyos Estévez, San Lorenzo y Los Laureles y tiene casi 10.000 hectáreas de extensión, de las cuales hoy se dedicarían unas 500 hectáreas para la siembra de sorgo, aunque también se ha cosechado maíz, trigo y soja. Testigos que han tenido la oportunidad de ver la isla desde el aire, observaron que los lotes se dividen en cuadrículas, de las cuales se cultiva en solo una porción, lo cual sugiere una estrategia de aprovechamiento del suelo o rotación de cultivos.

Dicen que la riqueza de la tierra es tal, que “las plantas de soja que supieron sacar tenían más de un metro de alto y las mazorcas de sorgo, que habitualmente pesan 400 gramos, salieron de 800 gramos”, señaló un navegante que recorre habitualmente la zona. 

Almacenamiento

La cosecha se almacena en los silos construidos recientemente y luego se trasladaría en barco hacia Villa Constitución.

Sin embargo, hay quienes observan que “el campo está desmejorado, no avanzan en la superficie de la siembra y nunca pudieron explotarlo a pleno. No deja de existir, pese a que las crecientes de 2007 y 2009 les llevaron todo, incluso les quedó maquinaria bajo agua que después rescataron y volvieron a poner en marcha. Pero todo eso lleva mucha inversión, no puede ser rentable, parece más bien algo experimental o bien algún entuerto grande debe haber. Apuntan a algo, prueban cosas y por más que pierdan siguen porfiando”, apreció un lugareño.

“Esta gente destruyó esas islas donde antes había montes llenos de aves, lagunas con peces y todo tipo de fauna, colmenas sanas que daban miel de la mejor, esto es lo que cuentan los pobladores del lugar. Ellos saben que acá pueden hacer lo que quieran, y a los hechos me remito”, comentó Pablo L. A., uno de los tantos defensores de la biodiversidad de las islas frente a las costas santafesinas.

Declaración de emergencia ambiental

La diputada socialista entrerriana María Emma Bargagna, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Entre Ríos reclamando la urgente declaración de la emergencia ambiental, ecológica, social y productiva del sistema de humedales y selvas ribereñas de dominio público provincial. Para la legisladora, “la riqueza de esas tierras insulares ha llevado a que sean objeto de producción ganadera, apícola o turística, entre otros usos de particulares que las ocupan a título precario o con permisos de uso autorizados por convenios celebrados con el Estado provincial”.

“Lamentablemente  en los últimos años se produjeron numerosos atropellos contra estos territorios fiscales. Algunos particulares, apoyados por la inacción u omisión del cumplimiento de los deberes del cargo de algunos funcionarios o por la ausencia de control en territorio de la provincia, pretenden consolidar derecho de dominio privado, aún cuando la ley civil fija la imprescriptibilidad de los inmuebles del dominio público”, señaló la funcionaria.

La iniciativa propone dar más poder de control efectivo y oportuno a la autoridad de aplicación de la ley –dirección de Administración de Tierras Fiscales de Entre Ríos– posibilitándole medios y presupuesto para que ejerza el poder de policía sobre las islas fiscales a los fines productivos y ambientales comprendidos por su objeto.

En la práctica, la Dirección de Administración de Tierras Fiscales, siguiendo dictámenes de Fiscalía de Estado, viene celebrando acuerdos de permiso de uso oneroso, a la espera de una reglamentación que le dé pautas y seguridad jurídica para sostener el criterio selectivo de producción (ganadería, apicultura, turismo), de cuidado de los humedales y del río.

Bargagna consideró: “Tales fines se concretarán si al aspecto legal lo completamos con la práctica del control en territorio”.