Se desmantela la estructura de otra firma emblemática de la producción local

Poco va quedando en pie de una industria emblemática, identificada con su barrio. De lo que fue la aceitera de Bajada Grande solo se puede apreciar hoy el esqueleto de sus imponentes estructuras levantadas a pocos metros de la costa oeste de la capital provincial.

El desmantelamiento se viene dando desde hace tiempo, pero en estos últimos días se aprecia con real dimensión, ya que en el interior de esos galpones nada queda, y se están llevando ya las chapas de paredes y techos, y unos pocos hierros y vigas residuales. Esa tarea se viene haciendo a plena luz del día, a la vista de todos, ante la incertidumbre e incógnita acerca de la legalidad de la situación.

Según se indicó ayer a UNO, la fábrica que dejó de operar hace ya cinco años, está envuelta en un proceso judicial, por lo que tenía y tiene su patrimonio embargado.

Símbolo de una Paraná que definitivamente quedó atrás, con una economía algo más diversificada a través de la presencia de industrias, la aceitera en calle Larramendi muestra algunas similitudes con lo sucedido con la firma Coceramic, en cuanto a propuestas de reactivación y personajes asociados con esos intentos infructuosos.

Jorge Walter trabajó en la planta, durante los últimos años, en que la propietaria se denominó Aceitera del Litoral. En diálogo con UNO, recordó que el principio del fin de la empresa fue en 2015, cuando se acumuló una deuda de nueve meses con los trabajadores.

“Estuvimos nueve meses esperando respuestas por los salarios e hicimos guardia dentro de la fábrica, cumpliendo con todos los horarios, hasta que el propietario Jorge Simmermacher, nos diera una respuesta. En ese momento nos habían cortado la energía eléctrica, el gas, estábamos a la deriva. Pero el dueño de la fábrica nunca nos había dicho que se iba a ir; al contrario, estaba buscando recursos para volver trabajar. Tal es así que nos convoca, para hacer un reconocimiento de esa deuda, y nos dijo que se iba a hacer una inversión de dinero para reactivar la planta”, narró Walter, quien también ocupó varios cargos en aquellos años, en el sindicato de Aceiteros. Fue en ese contexto que se acordó un apoyo de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, en un esquema de salvataje productivo, mediante una garantía dada por el dueño de la aceitera.

“Eso fue una inyección de dinero para que se vuelva a reacondicionar la fábrica. En agosto de ese año habíamos hecho trabajos de todo lo que era reparación de transporte, corrección de canaletas entre celdas. Se restableció el suministro eléctrico, y quedó la reanudación del gas. Redengas había cortado el servicio y retirado los medidores; cuando van a pedir la reconexión, no se la dan porque tenía que pasar una inspección, para estar acorde a las normas vigentes; había varias cosas que estaban en contravención. Al no dar el servicio de gas, empezó a pasar el tiempo y el dinero que nos habían prometido a nosotros, no se cumplió. Se cayó el convenio y comenzó a generarse otra vez más deuda”, detalló Walter.

Así, hacia fines de 2015, unos 36 trabajadores habían quedado casi sin expectativas, y debieron buscar nuevos horizontes. Algunos se dieron por despedidos, unos muy pocos aceptaron una indemnización “irrisoria” que implicó una reducción de hasta el 80% de la deuda que tenía la empresa.

Reclamos judiciales

Y a partir de allí se iniciaron las instancias judiciales, para cobrar las deudas salariales pendientes: entre otras cosas, quedaron en litigio judicial tanto el equipamiento, como los bienes inmuebles.

“En la presentación colectiva que hicimos, no pudieron ingresar los bienes muebles, porque estaban incluidos en concurso preventivo, entonces no se podían tocar ni embargar. Pero igual se fueron rematando cosas. El vaciamiento se inició aún cuando estábamos nosotros, pero nos decía que era para volver a poner dinero”, detalló Walter.

En cuanto a los bienes inmuebles, donde está montada la planta, una oficina y una casa, la playa de camiones y una extensa área de bañados, deberán ser rematados cuando finalice el proceso judicial trabado por los extrabajadores para cobrar lo que les adeudan.

Finalmente, Walter recordó que en la aceitera se intentó hacer lo que ocurrió con la Coceramic, hoy mutilada, sin su patrimonio inmueble y mobiliario más valioso, ni posibilidad de reactivarse.

“El dueño quería hacer lo mismo que hizo en una aceitera en San Luis, de hacer una cooperativa, pero la gente no quiso. Justamente estaba la gente vinculada a Coceramic y Cotapa; desde la Secretaría de la Producción, allá por 2015 nos pasaban con esa gente para ver si podíamos tener una solución. Ellos los que querían que formáramos una cooperativa, y el dinero que teníamos como deuda, ponerlo para trabajar durante tres o cuatro años. Nos decían que iban a poner dinero para la producción, pero una vez que nosotros renunciáramos a eso. Es lo que hicieron justamente con Coceramic, que se quedaron con todos los terrenos costeros. Nosotros nos fuimos por otro lado, preferimos aguantarla en ese momento y lamentablemente tampoco funcionó y tuvimos que buscar otra fuente de trabajo”.

Cronología de unos 70 años

La histórica firma, en su origen a mediados de siglo pasado, se denominó Aceitera y Oleaginosas de Galizzi. Justamente, a fines de la primera mitad del siglo XX, la Provincia otorgó los terrenos a la familia Galizzi para ese emprendimento; situación que finalmente se concretó.

Con el paso de los años fue mutando en su denominación y propiedad. Entre otras, se recuerdan Cadepa, Glencore, y las más recientes en este siglo, Granier SA y Mariano Moreno Oleaginosas, hasta su último paso, como Aceitera del Litoral.