Se agotan los tiempos para las promesas del macrismo y empieza una pulseada legislativa

El gobierno del presidente Mauricio Macri les retacea a las provincias gobernadas por el peronismo la posibilidad de acceder al crédito externo. Hace unas semanas, desde el gabinete nacional se dijo que esa posibilidad directamente se había cortado, y luego se comenzó a hablar de reducir drásticamente los montos de endeudamiento que las provincias vienen tramitando desde hace meses.

La Nación es la que autoriza a las provincias a endeudarse en el exterior, por imperio de la ley de responsabilidad fiscal. Los interlocutores de los gobernadores son usualmente los ministros de Hacienda y de Interior, Alfonso Prat-Gay y Rogelio Frigerio, y la decisión ejecutiva recae en el secretario de Hacienda Gustavo Marconato, un exdiputado del Frente para la Victoria y amigo de Néstor Kirchner que ahora integra el equipo de económico macrista.

En marzo el gobierno nacional necesitaba el apoyo de los gobernadores, a través de los legisladores nacionales, para aprobar el acuerdo con los holdouts. En ese momento, prometía que el entendimiento con los tenedores de bonos les permitiría a las provincias tomar deuda en el extranjero a tasas bajas de interés, para aliviar sus finanzas y ayudar a recomponer las economías regionales.

Ahora Macri y su equipo demoran la decisión y le ponen nuevas condiciones al acuerdo alcanzado oportunamente. El ministro político, Frigerio, dijo en ese momento que los gobernadores iban a ser los socios del Presidente, pero los mandatarios provinciales sienten que ahora los quieren de subordinados. Las administraciones peronistas de Entre Ríos y Tierra del Fuego, o la socialista de Santa Fe, están en esa situación.

La distancia entre los dichos y los hechos no se percibe solo en este aspecto. En aquel asado con los gobernadores, el 2 de diciembre en Olivos, el Presidente prometió avanzar en una nueva ley de coparticipación que hiciera más equitativo el reparto de los recursos, pero la realidad muestra que durante los 10 primeros meses de gobierno hubo una sensible disminución de los fondos recibidos desde la Nación. Ya es conocido que la ecuación de los recursos durante 2016 es negativa para la Provincia: recuperó 590 millones anuales por un menor descuento de coparticipación para financiar a la Anses, pero pierde entre 100 y 120 millones por mes como consecuencia de cambios en Ganancias e IVA dispuesto por el gobierno nacional.

Por esa razón también tomar ese endeudamiento aparece para muchas provincias como el único camino, al menos a corto plazo, para reestructurar su situación financiera. El gobierno nacional ha emitido cifras siderales de títulos para tomar ese endeudamiento que hoy mezquina a las jurisdicciones provincias, faltando al compromiso asumido oportunamente.

La pregunta entonces es si Macri dejará que las administraciones provinciales estallen, o si se trata de una estrategia para mantener una situación de ahogo permanente, que condicione políticamente a los gobernadores opositores.

La administración de Bordet pretendía tomar deuda por 750 millones de dólares. La cifra contaba con el visto bueno del gobierno nacional y se enmarcaba dentro de lo permitido por régimen federal de responsabilidad fiscal (Ley N° 25.917). Desde marzo se venía preparando el lanzamiento del título, que iba a hacerse el mes pasado.

Cuentan en el entorno de Bordet que las comunicaciones telefónicas que mantuvo las últimas dos semanas con los funcionarios nacionales han sido similares. Prat-Gay argumenta una serie de razones técnicas discutibles para demorar la autorización, pero finalmente señala que la definición del cuánto y del cuando depende de Frigerio. El ministro del Interior, por su parte, termina diciendo que la decisión final está en manos Prat-Gay.

Con 750 millones de dólares el gobierno provincial podía disponer de la masa salarial de un mes (unos 2500 millones de pesos) para normalizar el pago de los salarios; pretendía llevar adelante el rescate de las letras del tesoro (unos 700 millones de pesos por lo menos); reformular el endeudamiento actual a corto plazo con mejores tasas de interés; distribuir un porcentaje de esa deuda para los municipios, según la ley recientemente aprobada por la Legislatura con apoyo de los legisladores de Cambiemos; y financiar obra pública.

El plan es razonable. Si el gobierno dispusiera de un mes de salarios podría normalizar el cronograma, que actualmente está desfasado. Esto permitiría comenzar el día 1 de cada mes a juntar el dinero para pagar los sueldos desde el 30 o 31. Actualmente el día 25 o 26 de cada mes la Provincia dispone de solo 200 o 300 millones de pesos y debe recurrir a adelantos de coparticipación federal que le realiza el Gobierno Nacional y le descuenta a los pocos días.

En agosto, por ejemplo, la Provincia solicitó en los primeros días del mes un adelanto del orden de los 600 millones que la Nación iba a descontar desde el 20 reteniendo de los fondos coparticipables, una vez finalizado el cronograma de pagos. Sin embargo, el 15 ya comenzó a cobrarse esa deuda. Además, el macrismo sistemáticamente publica las ayudas que realiza a las provincias, omitiendo señalar que recupera esos montos en un par de semanas. Los dudosos rankings de provincias “ayudadas” aparecen en los diarios nacionales como si la plata no se devolviera.

El rescate de las letras del tesoro provincial es necesario porque actualmente se siguen emitiendo para rescatar series anteriores, lo que incrementa la deuda por el pago de los intereses.

Reformular el endeudamiento a corto plazo es importante para aliviar el corsé financiero. En lo que va del año la Provincia tuvo vencimientos por unos 1100 millones de pesos, que llegarán a 1500 en diciembre. Es deuda vieja que durante el gobierno de Sergio Urribarri no se refinanció porque no hubo acceso al crédito y, de concretarse la iniciativa de Bordet, se estaría canjeando deuda vieja por deuda nueva mejor estructurada.

Lo concreto es que de los 750 millones de dólares iniciales que se pensaban emitir con acuerdo del gobierno nacional, los funcionarios macristas pasaron a decir que no se autorizaría nada, pero luego flexibilizaron la postura con algunas provincias, tal como lo publicaron varios diarios nacionales. Indicaron entonces que a Entre Ríos le permitirían tomar crédito por la suma de 450 millones, y más tarde dijeron 300 millones, y a principios de esta semana la idea era 250 millones tal vez en dos veces, o nada.

Los argumentos que se manejan públicamente son, por ejemplo, que los fondos van a gastos corrientes.

“Stop. Basta. No va más. La orden la dio Mauricio Macri. Las últimas tres emisiones provinciales hasta fin de año y listo, porque la mayor parte del cash termina yendo a pagar sueldos y muy poco a obras de infraestructura”. El texto corresponde a El Cronista Comercial del 22 de setiembre, cuando se anunciaba la autorización para que la ciudad de Córdoba emitiera deuda. El municipio que gobierna el radical macrista Ramón Javier Mestre logró rápido lo que otras provincias no consiguen.

El diputado provincial entrerriano Joaquín Lamadrid, de Cambiemos, sostuvo el viernes que una de las razones por las que se demora la autorización de endeudamiento es porque la Provincia no completó legislativamente la adhesión al blanqueo de capitales denominado “Régimen de Sinceramiento Fiscal”. El proyecto, que implica renunciar a cobrarle impuestos provinciales a quienes se acojan a la medida (esto es resignar más recursos) fue presentado por la diputada paceña Alejandra Viola (Cambiemos) y cuenta con el enfático apoyo del ministro de Economía de Bordet, Hugo Ballay.

Según Lamadrid, de todos modos no es bueno hacer comparaciones entre provincias a la hora de buscar una respuesta a la demora de la autorización prometida. La comparación permitiría ver que las mayores emisiones corresponden a la provincia de Buenos Aires, gobernada por el macrismo; a Mendoza, gobernada por un radical macrista; a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el macrista Rodríguez Larreta, entre los primeros lugares. También aparecen las provincias de Córdoba y Neuquén.

Lo de la capital federal -vale recordarlo- es un caso que enerva a los mandatarios provinciales porque en enero, a través de un decreto, el jefe de Estado Nacional incrementó de 1,40% a 3,75% los recursos coparticipables enviados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el argumento del traspaso de la Policía Federal. Los gobernadores demostraron que ese nuevo gasto de la ciudad (que se hizo cargo de unos 19.500 agentes) no implicaba más de un punto y medio de coparticipación, pero la medida siguió vigente. Es decir que la Capital, distrito que gobernó Macri hasta el año pasado, tuvo un incremento del 168% de sus recursos coparticipables y acceso privilegiado al endeudamiento externo. Por eso comparar, no es lo más adecuado.

Un argumento más escuchado en los pasillos y menos en los medios para explicar la situación señala que el gobierno de Macri no autoriza a Entre Ríos a endeudarse porque eso lo dejaría sin argumentos para negarle esa posibilidad a Santa Fe y quedaría expuesto en su pelea contra el gobierno socialista de la vecina orilla.

Lo que es visto como similar desde Buenos Aires, es claramente diferente desde acá. Santa Fe podría modificar su adhesión al régimen federal de responsabilidad fiscal, esto es, salirse de la ley y buscar financiamiento por su cuenta. Puede hacerlo porque tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de noviembre de 2015, esa provincia recibe la coparticipación plena, sin ninguna retracción, ya que se le dejó de descontar el 15% que se detraía para Anses. Por ende, sus números son mucho más holgados. Además, es claro que durante los ocho años de Cristina Fernández en la Presidencia fue una jurisdicción discriminada en aportes nacionales y pese a ello, y con menos recursos (antes del fallo), llevaron adelante gestiones provinciales que les permitieron mantenerse en el poder.

Para Entre Ríos la hipótesis de salir del régimen de responsabilidad fiscal es descabellada. Porque depende de los adelantos de coparticipación para pagar sueldos y porque perdería las obras con financiamiento del BID, entre otras consecuencias. Aún hoy, estando el gobierno provincial alineado con el macrismo, la obra pública nacional es escuálida en la provincia, con la defensa costera sur de Concordia casi como único exponente en el rubro.

Del mismo modo que trata a las provincias, el macrismo trata a los municipios entrerrianos. El Plan Habitat solo favoreció a municipios gobernados por Cambiemos; y la asistencia directa también tiene ese sesgo excluyente. Por ejemplo, al tiempo que La Paz accedía a justificados aportes extraordinarios de la Nación por las inundaciones de abril, también accedieron a aportes otros municipios de Cambiemos como Basavilbaso, Alcaraz o Ramírez. Para los gobernador por el peronismo, esa ayuda es hoy inalcanzable; y para los vecinalistas, más o menos.

De no autorizarse la toma de crédito en el exterior, al gobierno de Bordet se la hará difícil cumplir con el pago de sueldos. No es ninguna novedad, lo que sucedería es que resultarí cada vez más complejo. Los fondos nacionales tienen saldo negativo y los recursos propios también reflejan el freno de la actividad económica.

Si el gobierno nacional autoriza un endeudamiento menor, del orden de los 200 o 250 millones, la administración provincial podrá garantizar incluso el pago del medio aguinaldo sin sofocones y alguna otra cosa del plan inicial, tal vez el rescate de las letras; además del reparto del 16% entre los municipios para equipamiento y obra pública, sobre un monto menor por supuesto, al que pensaban recibir los intendentes.

El gobernador Bordet puede presumir claramente que la suma autorizada para el endeudamiento va a ser sensiblemente menor a lo inicial, y todavía no sabe en qué momento se concretará.

La primera encerrona en la que se encuentra es que se ve obligado a recortar gastos. Hablar de recortar gastos en una provincia donde el 90% de los recursos financieros van al pago de salarios, no deja muchos caminos por delante. Si el gobernador mantiene su postura de no expulsar trabajadores del Estado provincial -marcando una diferencia de lo hecho por la Nación y varias provincias- el recorte pasará por reducción de horas extra, viáticos y otros ítems tan previsibles como el aumento de la conflictividad con los gremios estatales.

La estrategia

En este punto, la fortaleza de Bordet es que hay varias provincias en la misma situación. Eso dio origen a la formación del interbloque legislativo que tuvo una suerte de presentación formal a mitad del mes pasado con gobernadores y diputados del bloque Justicialista de Diego Bossio.

La idea del interbloque es condicionar la aprobación del presupuesto para 2017 y a partir de allí discutir con el gobierno nacional. La convivencia amable se agota y habrá que mostrar cierta dureza. Cada gobernador aporta el acompañamiento a los legisladores nacionales que conduce. En Entre Ríos son inicialmente cuatro: los senadores Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, y los diputados Carolina Gaillard y Gustavo Gervasoni.

Además, el sector está en conversaciones con el massismo y existen chances de acordar una estrategia legislativa inmediata, más allá de cuál sea el resultado de las gestiones para confluir en una alianza electoral el año que viene.

Un punto en discusión es el destino de los Aportes del Tesoro Nacional, que constituyen en el presupuesto de este año una masa de 22.000 millones de pesos. El gobierno nacional subejecutó esa partida con la evidente intención de redireccionar los fondos a otros fines.

Se trata de fondos que también corresponden a las provincias. La intención del interbloque es que un 80% de esos fondos se distribuya de acuerdo a los índices de coparticipación. Si pudiera lograrse, este año a la provincia le hubieran correspondido 892 millones aproximadamente, aunque en la negociación tal vez no se obtenga el 80%. Si fuera 50% y 50%, a Entre Ríos le hubieran correspondido este año 558 millones.

Otro punto es la recaudación del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias, más conocido como “impuesto al cheque”, que actualmente se coparticipa en un 70/30 entre Nación y provincias. Quieren llevarlo a 50 y 50. También es difícil. En 2015 la recaudación por ese impuesto fue 97.400 millones y este año, proyectando el 32% de suba interanual de agosto, rondaría los 130.000 millones. De coparticiparse por mitades, las provincias sumarían recursos del orden de 26.000 millones de pesos, y a Entre Ríos le tocarían unos 1300 millones.

También se analiza plantear modificaciones legislativas tales que permitan a las provincias tomar crédito en el exterior con la sola autorización del Congreso Nacional, sin pasar por el Ministerio de Hacienda.

Todo esto constituye un escenario desde el cual comenzar una pulseada con el gobierno nacional en una nueva etapa política en la que queda claro que los socios de Macri, si son los gobernadores, son socios en las pérdidas solamente.