Marcelo Medina / Redacción de UNO
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Puerto Ibicuy: tratan de localizar a un exfuncionario menemista
Ricardo Ángel Mecca, exfuncionario de Interior que manejaba discrecionalmente la caja de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que llegaban a las provincias durante la presidencia de Carlos Menem no pudo ser ubicado para que preste declaración como testigo en la causa Puerto Ibicuy.
En la causa Puerto Ibicuy se está tratando de determinar qué destino tuvieron unos 24 millones de dólares producto de ATN que debieron dirigirse a la construcción de un puerto de aguas profundas en Ibicuy. Si bien se hicieron obras por 9 millones, estas fueron mal hechas y sobrevaluadas.
La declaración de Mecca, el exhombre fuerte del ministerio del Interior que dirigía Carlos Corach es importante para aclarar cómo se manejaban los fondos de Nación a las Provincias, entre otras cuestiones. Sin embargo, hasta anoche la Justicia no lo había podido ubicar porque se cambió de vivienda hace unos meses y en el edificio donde vivía nadie sabe su domicilio actual.
Mecca fue denunciado a fines de la gestión de Menem por distintos políticos opositores, ya que a través de su área se otorgó dinero a asociaciones inexistentes a lo largo y anoche de Argentina.
Por ejemplo en Entre Ríos, el exfuncionario fue quien le giró un millón de dólares a "la inexistente asociación Aciser, que manejaba la concejala de Paraná, Liliana Castoldi. Por este caso de corrupción fueron condenados el exsecretario de Reforma del Estado, Oscar Mori; y el extesorero de la fundación, Gabriel Sola. En aquella oportunidad, Mecca responsabilizó al por entonces gobernador Jorge Busti por los destinos de los montos.
Mecca argumentó en una nota publicada en 1998 por El Diario de Paraná que "el gobierno provincial es el que destina los fondos una vez que le son remitidos los ATN". Y dijo que la provincia los había solicitado "para cubrir emergencias de carácter social". Busti contestó que Interior "dicta la resolución en favor de un destinatario ya designado y la provincia lo único que hace es transferir el dinero". La explicación que brindó el exgobernador es veraz, según las declaraciones de los testigos que explicaron en la causa Puerto Ibicuy cómo se manejaban los ATN. Pero, los antecedentes de Mecca con Entre Ríos son aún más increíble. El exintendente de Villaguay, el radical Carlos Vela, recibió una comunicación de Mecca avisándole que la Municipalidad había sido beneficiaria de 100.000 dólares en ATN que nunca solicitó. La comuna nunca recibió los fondos. El real destinatario habría sido la cooperativa "Impulso y Progreso", que en ese tiempo era dirigida por la familia Fuertes, informó Página 12 en julio de 1998. Durante los nefastos años 90, los ATN se entregaban a cualquier asociación. Algunas hicieron loables obras, pero otras no.
Causa histórica
La causa que involucra al exlegislador Abelardo Pacayut, la inició la FIA. Según la acusación los procesados se apropiaron de ATN que eran para obras en el puerto Ibicuy.
La gestión se realizó a través de una Comisión de fomento pro desarrollo del Puerto de Ibicuy–Asociación Civil sin fines de lucro, y con personería jurídica en trámite. Tras una licitación privada se adjudicó la ejecución a BuildingArg SA, Luego de advertirse las limitaciones de la asociación, así como la idoneidad en la materia del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), la Comisión cedió el contrato suscripto con BuildingArg SA a las entidades públicas.
El convenio se formalizó en Ibicuy entre la asociación, Carlos y Abelardo Pacayut como presidentes respectivamente del EAPI y el IPP. Fue un instrumento privado, sin firmas certificadas ni fecha cierta, y sin ninguna mención a la previa conformidad de BuildingArg.
La empresa recibió 14 millones de adelanto y no terminó las obras. Se supone que quedó en manos de los acusados.
A favor de los acusados
Un saldo positivo tuvo la jornada de ayer para los siete procesados, ya que los desvincula del delito que se los acusa.
La declaración del inspector de obra de los organismos portuarios fue beneficiosa para Félix Abelardo Pacayut, Carlos Pacayut, Norberto Durrels, Rafael Morana, Miguel Sindor, Julio Ivanovich y Carlos Lovera. El ingeniero civil, Gustavo Luis Bolla puso en duda el pago de sobreprecios, ya que aseguró: "Era una obra que no se puede comparar con valores de mercado", y agregó: "Hay que analizarla en su contexto". De esta manera, el exdirector de Estudios y Proyectos de Vialidad refutó las afirmaciones de sobreprecio que hizo su colega Liliana Cuenca, que comparó el costo de los pilotes. La ingeniera dijo el martes que los pilotes colocados en el Puerto Ibicuy tenían un valor de 3.743 pesos el metro lineal. Mientras que los mismos puestos en el puente Victoria-Rosario, tenían un costo de 2.400 pesos el metro lineal. Para Bolla no hay comparación entre un pilote para puente y otro para un muelle de aguas profundas.
Bolla contó que "de 12 millones de dólares construidos, se pagó 9 millones". El ingeniero explicó que solo se abonó lo que estaba bien construido. El profesional sostuvo que intimó a la empresa para que solucionara la caída del tablestacado y le exigió que realice un nuevo proyecto. Pero BuildingArg dijo que un barco fue el que causó el deslizamiento de los pilotes. Indicó que esto sucedió porque "es una eventualidad que puede suceder". Y admitió que en general las obras sufren modificaciones y más en una tan complicada. Afirmó que "cada perfil geológico tiene un costo; y que cuando hay una variación, la diferencia económica tiene que ser absorbida por la empresa".
Según Bolla, cuando iba a volver a intimar a la constructora fue desplazado por el gobierno radical. El ingeniero sostuvo que allí el gobierno hubiera tenido que ejecutar los seguros.
"Hubieran tenido que aceitar el método de descuento"
El abogado José Gervasio Laporte, que se desempeña al frente de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación de la provincia desde 1987 (dejó el cargo en la última gestión montielista), contó que a los ATN los podían gestionar ONG, clubes. La Nación los enviaba a la Provincia y se giraban a las entidades. Laporte recordó que al Hospital San Roque de Paraná lo refaccionó una asociación, que recibió ATN y subsidios. En ese sentido indicó que "pedían ese dinero a la Nación, y después, mediante gestión, la remesa ingresaba a la provincia y esta retransmitía a esas entidades".
Explicó que la licitación del San Roque fue privada, igual a la de Puerto Ibicuy. Por otra parte manifestó que las asociación no se tienen que adecuarse a la Ley de Obras Públicas por son una asociación civil. No obstante, consintió que hay un "tope para recibir los anticipos financieros y es del 30% ", y deslizó: "Hubieran tenido que aceitar el método de descuento". BuildingArg recibió un adelanto de 14 millones de pesos, pero el método aplicado para descontarle el dinero a medida que avanzaba la obra fue distinto al que estipula la ley, que ordena retener un 30% por pago hasta recuperar la plata.