Presentan proyecto para otorgar una pensión a hijos de víctimas fatales por violencia de género

Un proyecto de Ley que deberá analizar la comisión de Presupuesto del Senado provincial propone implementar una "pensión mensual no contributiva, equivalente a una jubilación mínima provincial, inembargable e intransferible, para la protección social, la educación, la salud y la alimentación, hasta la mayoría de edad ó en aquéllos casos, hasta terminar sus estudios superiores ó universitarios, de hijos e hijas, de hombres y mujeres víctimas fatales por violencia de género".

Ballestena fundamentó su iniciativa en las estadísticas de la Red de Alerta, que data desde 2007 hasta 2016, sobre los casos de niños que "quedan huérfanos por violencia de género", ante lo cual señaló: "Esta pensión, les permitirá crecer y desarrollarse en la sociedad, con la ayuda y contención del Estado entrerriano". "Hoy, es nuestra obligación como Legisladores, resolver la protección de los niños que quedan solos y merecen un futuro que les permita rehacer sus vidas".

Mecanismo

El texto, cuya autoría pertenece al senador Aldo Ballestena, indica que los beneficiarios serán "los hijos e hijas biológicas y/o adoptadas, del padre ó madre que fue víctima fatal por violencia de género, con residencia de hasta dos años en la provincia para menores de 18 años, mayores de 18 años y hasta 25 en los casos de estudiantes terciarios o universitarios, certificados por la Universidad ó Institución Educativa correspondiente; hijos o hijas con capacidades diferentes, sean permanentes de por vida ó transitorias, en cuyo caso mientras la presente".

El dinero será depositado en una cuenta en el Nuevo Bersa, o el banco que actúe como agente financiero, a nombre del menor, que administrará el tutor encargado; y a partir de los 18 años, el administrador será el propio beneficiario.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Familia, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia, a través de la Secretaría de Justicia, Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima y, las áreas que la Autoridad de Aplicación considere convocar.

Una vez tramitada la pensión, propone el senador, "se analizará el caso desde la Autoridad de Aplicación, en un plazo que no supere los noventa (90) días, con los siguientes argumentos: los informes evaluativos que expide la Justicia de la Provincia actuante en los hechos; los informes del COPNAF que correspondan según hayan participado en los procedimientos; el informe de la Comisión de Asistencia Social actuante que la Autoridad de Aplicación determinó". Tras este análisis, se otorgará el beneficio en "un plazo no mayor a los 60 días".