Pablo Benetti: "Hay una destrucción sistemática de todas las políticas hacia los pequeños productores"

En los departamentos del centro-norte de Entre Ríos (La Paz, Feliciano, Federal y parte de Federación) se concentra gran parte del sector productivo de la agricultura familiar provincial. Este territorio, moldeado por sus características particulares de suelo y monte y por el trazado histórico de las antiguas colonias agrícolas, alberga a la gran mayoría de los 8.500 pequeños productores que integran el universo provincial con parcelas de entre 5 y 200 hectáreas. De este padrón total, más de 3.000 agricultores se encuentran formalmente inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). Sin embargo, en este mapa rural hoy se atraviesa una transformación silenciosa pero devastadora: la combinación del avance de la agricultura extensiva, el achicamiento de la presencia estatal y la aceleración de la crisis económica colocan a estas miles de familias en una encrucijada crítica.

Para Pablo Benetti, ingeniero agrónomo con más de dos décadas de trabajo territorial y referente de la Federación Nacional Campesina (FNC) en Entre Ríos, la realidad no admite rodeos. En diálogo con UNO expresó: "La situación, la verdad que es de total desamparo. Nosotros desde la Federación Nacional Campesina venimos denunciando la destrucción sistemática o eliminación o recorte de todos los programas, proyectos y lineamientos nacionales y provinciales que había hacia el sector de la agricultura familiar".

Los productores de la agricultura familiar en el centro-norte de Entre Ríos elaboran una diversa variedad de alimentos y productos, que abarca hortalizas y verduras frescas cultivadas en parcelas familiares y huertas comunitarias, ganadería menor dedicada a la cría de ovinos para carne de cordero, porcinos, caprinos y gallinas ponedoras para la producción de huevos, junto con la recolección apícola de miel. Además, mediante la estructura de cooperativas locales, procesan y comercializan leche en establecimientos tamberos y frutas como mandarinas, sumando elaboraciones artesanales como panificados y artesanías para ferias populares, e integrando el aprovechamiento informal de la carne de ciervo axis como fuente de proteína animal y sustento de subsistencia para las familias del monte.

El desmantelamiento técnico: sin acompañamiento y "a la buena de Dios"

La retirada de las herramientas del Estado nacional se traduce en números alarmantes. En la provincia de Entre Ríos se pasó de contar con 60 técnicos dedicados exclusivamente a la agricultura familiar a no tener ninguno activo en el territorio. A esta parálisis se le suma el vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tras los recientes procesos de retiro voluntario. Agencias de extensión fundamentales en el norte provincial quedaron reducidas a su mínima expresión: en La Paz sobrevivió un solo técnico, en Feliciano la inminente jubilación de un agente dejará una única persona, y en Federal el equipo se redujo de cuatro a dos profesionales.

Para un pequeño productor familiar, afrontar los costos privados de un asesoramiento profesional es completamente inalcanzable. "La asistencia técnica es clave para este sector de la agricultura familiar. Poder pagar un ingeniero agrónomo que vaya a visitarlos o a acompañarlos en los procesos es impensable. Si no está el Estado garantizando ese acompañamiento, quedan a la buena de Dios", advierte Benetti.

Además del desmantelamiento técnico, se eliminaron herramientas históricas como el programa Cambio Rural, los aportes de incentivo productivo y programas sociales como el Potenciar Trabajo (que aportaba un ingreso básico de $78.000 para sostener labores comunitarias.

Producción contra la pared: altos costos, consumo en caída y faena informal

Estos miles de agricultores familiares producen en su propia tierra mediante ganadería menor (chivos, ovejas, cerdos), avicultura, apicultura y horticultura. Sin embargo, la rentabilidad se ha evaporado debido al aumento vertiginoso de los insumos y la caída drástica del poder adquisitivo de la población.

El sector ovino ejemplifica con crudeza este cuello de botella. Un kilogramo de cordero se ubica entre los $9.000 y $10.000, lo que significa que un cordero entero de 12 a 15 kilos alcanza los $150.000. "Una familia no lo está pudiendo comprar, entonces también afecta la crisis económica", señala el referente agrario.

A la falta de compradores se añade la ausencia histórica de infraestructura sanitaria y de faena legal para la carne ovina y porcina en los pueblos del interior. "Hoy se faena colgado del árbol. No ha habido en el último tiempo una política de decir: 'bueno, ¿cómo generamos las condiciones para que ese animal se faene de forma inocua y tenga todas las condiciones para el consumo?'", denuncia Benetti.

Ante la imposibilidad de sostener la economía del hogar, ha florecido una alternativa alimentaria inesperada en los montes del norte entrerriano: la caza del ciervo axis. "En la zona siempre digo que ha habido una bendición, que ha sido la multiplicación del ciervo. Es la fuente de proteína animal que tienen muchos de los compañeros y compañeras; si no, no accederían a carne para comer y no solamente comer, sino también vender de forma irregular para sustentarse y vivir en el medio rural".

Cierre de ferias, caminos intransitables y la brecha de género rural

La comercialización directa entre el productor y el vecino de la ciudad también ha sufrido embates políticos e infraestructura dañada. En La Paz, la histórica Feria Zonal organizada conjuntamente por Agricultura Familiar, el INTA y la municipalidad ofreció durante años verduras, panificados y artesanías todos los sábados. Sin embargo, por decisión política, cerró sus puertas hace tres años y nunca volvió a abrirse. Aunque espacios similares resisten en localidades como Villaguay o San José de Feliciano, la falta de mercados populares deja a los hortaliceros sin vías de venta directa.

Los problemas logísticos agravan aún más el escenario. De cuatro huertas comunitarias que gestionaba la FNC en la zona de Colonia Oficial (departamento La Paz), solo dos permanecen activas.

Para vender su producción en la cabecera departamental, las familias deben recorrer 40 kilómetros por caminos rurales completamente destruidos.

Esta parálisis golpea con especial dureza a las mujeres rurales. "Una de las cuestiones que planteamos desde la organización es que la mujer en el medio rural, más si es pobre, no tiene acceso a la tierra ni a un trabajo". Ante este contexto, muchas mujeres deben migrar informalmente hacia labores de cuidado de ancianos o limpieza de casas en pueblos cercanos, mientras que otras pelean por proyectos colectivos hortícolas y avícolas en predios prestados.

El acaparamiento de tierras y la extranjerización del monte

El desplazamiento de los pequeños productores no es un fenómeno coyuntural, sino un proceso estructural de larga data acelerado por la expansión de los pools de siembra y la especulación inmobiliaria. Desde la derogación de la ley del Consejo Agrario Nacional tras el golpe militar de 1976, Argentina carece de una política nacional de colonización y acceso a la tierra. Salvo excepciones puntuales —como la expropiación y redistribución de tierras realizada en Guardamonte—, el pequeño agricultor no cuenta con líneas de crédito ni subsidios para adquirir parcelas.

Por el contrario, la concentración del suelo avanza sin freno. Según datos del Observatorio de Tierras (CONICET/UBA), el departamento de La Paz registra más de 53.000 hectáreas extranjerizadas, lo que representa el 9,8% de la superficie total del departamento. A ello se suma la compra sistemática de campos por parte de empresarios urbanos, deportistas de élite y funcionarios.

"El ánimo es bajo, hay mucha bronca. Tienen que dejar de producir para hacer otra cosa o alquilar su fuerza de trabajo a alguno de los agricultores de la zona cuando podrían producir su propia tierra, o tienen que venirse a la ciudad para poder seguir viviendo", reflexiona Benetti sobre el éxodo rural forzado.

Cooperativismo y movilización en las calles

Frente a la parálisis institucional, la organización colectiva se erige como el único salvavidas de la economía campesina. Experiencias como las cooperativas tamberas, citrícolas (como Cocau o Colonia Freitas) y de servicios rurales logran amortiguar el impacto económico distribuyendo equitativamente los excedentes entre sus asociados.

"Las cooperativas que acompañamos se han logrado sostener justamente por el sistema cooperativo. Lo que ingresa no le queda a un propietario, sino que es de todos los socios y se distribuye. La organización es la forma de juntarse, y después está la otra herramienta: la lucha, salir a las calles", enfatiza Benetti.

Como antecedente de la efectividad de la protesta popular, el dirigente rescata las jornadas del 6 de agosto, cuando las movilizaciones masivas lograron frenar proyectos de modificación a la Ley de Tierras y forzaron el retroceso de medidas judiciales.

Para revertir definitivamente la agonía del campo profundo, el sector campesino reclama de forma urgente políticas públicas diferenciadas: una Ley de Arrendamiento, facilidades de acceso a la tierra, créditos blandos a tasa subsidiada, reactivación de las ferias locales y el restablecimiento del acompañamiento técnico estatal. Sin estas medidas, el monte entrerriano corre el riesgo de vaciarse definitivamente de las familias que históricamente le dieron vida y producción