Violencia de género: diputado denunciado por ex pareja

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Jorge Diego Satto, fue denunciado por violencia de género por su ex pareja, a comienzos de este año ante la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos.

La denuncia fue realizada mediante el formulario web REJUCAV (Registro Judicial de causas y antecedentes de violencia de la Provincia de Entre Ríos: ver aquí link), con el asesoramiento de la Dirección Municipal de Mujeres, Géneros y Diversidad (a cargo de Ileana Fernández Escobar) y recayó en el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes Nº 2 de Concepción del Uruguay, a cargo en feria del juez Juan José Ardoy.

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Este funcionario judicial resolvió tener por recibida la denuncia de la mujer –cuyas iniciales son M.B.S.– y ordenó la restricción de acceso y acercamiento por un plazo de noventa días, “no pudiendo (Satto) acercarse a dicho domicilio en un radio de 200 metros, ni realizar actos perturbadores contra la Sra. M.B.S. en el domicilio de la misma, como en la vía pública. Tampoco deberá efectuar llamadas telefónicas amenazantes, mensajes de texto, e-mail, redes sociales, etc, bajo apercibimiento de dar intervención al Agente Fiscal en turno por la comisión de delito de desobediencia judicial”. También se indicó a la jefatura policial que realice recorridas por el domicilio de la denunciante y se dio intervención al ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario) del Juzgado, indica El Miércoles Digital.

Pocos días después se realizaron audiencias en las que la ex pareja del legislador reclamó por el pago en forma de la cuota alimentaria: la resolución del juez indica que la demandante “solicitó en concreto que le sea abonada en una sola cuota, y no en dos o tres veces”. También pidió “la provisión de dos cuidadores domiciliarios” para el cuidado de su hija. Pero el juez de feria de ese momento, Gustavo Amílcar Vales, resolvió aceptar las condiciones del demandado y además decidió dejar sin efecto la medida de restricción domiciliaria de acercamiento de 200 metros "atento la actividad profesional y política del Sr. Satto", según el escueto fundamento de su sentencia.

Estas decisiones motivaron una nueva intervención de la Dirección de Mujeres, que reclamó ante lo que entendió una vulneración de los derechos de la denunciante, y cuestionó que la decisión del juez Vales no exhibía “ni empatía ni perspectiva de género, sino simplemente adecuación a las comodidades del Sr. Satto”.

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Restituyen la restricción

Finalmente, el 22 de febrero, el Juzgado de Familia –ya a cargo del juez titular, Hugo Andrés Torres– resuelve ante esa presentación que “dicha circunstancia vulnera los derechos de la víctima, al tiempo que dicha resolución no parece seguir los lineamientos de la perspectiva de género (art. 13 inc. 22 de la L.P.F. -t.o Ley 10.668-)”.

Así, el juez dejó sin efecto la resolución que anulaba la restricción, y además dispone que el denunciado realice “por intermedio de la Dirección de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la municipalidad de ciudad los cursos y/o talleres de Prevención a la violencia y perspectiva de género, debiendo acreditar el inicio del mismo dentro de los 15 (quince) días de notificado de la presente”. También ordenó que “se implemente el Sistema de Botón Antipánico S.O.S. en favor de M.B.S.”, además de otras resoluciones destinadas a cumplimentar con lo dispuesto por la normativa vigente en materia de violencia de género.

Respecto de la cuota alimentaria correspondiente a la hija, el juez Torres “insta y exhorta a las partes a que cumplan con lo dispuesto en la sentencia homologada” en el expediente Nº 12177/C en trámite en el mismo Juzgado, “siendo esta la vía más idónea a fin de garantizar los derechos de la joven que de otra manera podrían verse conculcados”.

La respuesta de Satto

"Es absolutamente absurda. No tiene ningún fundamento y está cargada de contenido político, claramente", respondió el legislador uruguayense a El Miércoles Digital.

Y luego amplió: "Tanto es así que con Tati, mi ex mujer y madre de 5 hijos míos, el último contacto físico que tuvo conmigo fue en mi oficina donde fue para arreglar la contratación de una persona para cuidar a nuestra hija. Luego denunció una supuesta amenaza telefónica que jamás probó siquiera de manera liviana. Dijo que ella me llamó y que yo la amenace. De ahí en más todo ocurrió sin mi conocimiento ni intervención".

Por último señaló: "Se tomaron medidas sobre violencia cuando nuestros desacuerdos giraron en torno a las formas de cuidar a nuestra hija. Nos conocimos en el año 87. Estuvimos casados 20 años. Hace 10 que nos divorciamos y vivimos a dos cuadras de distancia desde entonces. Nunca un problema, más allá de los lógicos y esperables. De repente - y en este contexto-, todo esto".