Tras liberar a dos inocentes, esperan que la Corte absuelva a Pablo Actis

Días antes de terminar 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la absolución de dos mujeres de Misiones que fueron injustamente condenadas a prisión perpetua por un homicidio que no cometieron. El reclamo por la inocencia de Cristina Vázquez y Lucía Cecilia Rojas tuvo entre los impulsores a la Asociación Pensamiento Penal (APP). La misma ONG, a través de su Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, se presentó como amicus curiae (amigos del tribunal) en el caso de Pablo Actis.

El joven de Paraná fue sentenciado en Entre Ríos a la máxima pena por lo que distintos tribunales de la provincia entendieron que fue el homicidio (femicidio) de su pareja, Agustina Turano, y está con prisión preventiva. Ahora, al igual que el caso de las misioneras, APP, Actis y su familia aguardan que la Corte trate el fallo que consideraron “arbitrario”.

En la causa de Vázquez y Rojas la Corte dictó una sentencia unánime que dejó al desnudo “un ejemplo de un proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia y la aplicabilidad al caso del in dubio pro reo”, es decir del beneficio de la duda. Las dos mujeres habían sido condenadas por la Justicia de Misiones por el asesinato de una anciana ocurrido en 2001 en Posadas, que no cometieron. Hace 10 días recuperaron la libertad tras pasar 11 y 14 años en prisión respectivamente.

Actis está preso desde julio de 2016. La discusión en el caso es si, en mayo de 2014, Turano se suicidó o si su pareja la mató y luego montó una falsa escena de autodeterminación. La prueba determinante fue el informe de un médico forense, que a su vez fue contrarrestado por otros, antes y después de su análisis. La Justicia, al igual que la Fiscalía y la querella, sostuvo que fue una “muerte violenta en un contexto de violencia de género”.

En un reciente comunicado celebrando la absolución y liberación de Vázquez y Rojas, la APP afirmó que en esa condena “se vulneraron derechos, garantías fundamentales, y donde no rigió la presunción de inocencia”, y destacó que “la divulgación de este tipo de historias –condenadas al silencio y la impunidad– es sumamente importante”.

“El fallo de la Corte –agrega el comunicado– pone de relieve una problemática de inusitada gravedad: las personas inocentes que son sometidas arbitraria e injustamente a un proceso penal. Lo que provoca secuelas gravísimas e irreparables en sus vidas. Sobre todo cuando los casos se extienden por años o vienen acompañados –como ocurre con habitualidad– con la prisión preventiva; es decir, el encierro sin condena firme”.

Además, la presidenta de APP que firma la misiva, Indiana Guereño, puso de relieve que “las condenas erradas o los procesos indebidos no son la consecuencia exclusiva de acciones individuales o aisladas de parte de la Policía y el sistema de justicia. En gran medida obedecen a factores sistémicos que permiten que prosperen causas armadas y acusaciones que no reúnen mínimos estándares probatorios o que solo se apoyan en rumores y juicios morales sobre los presuntos responsables. Casos como el de Cristina y Lucía son moneda corriente a lo largo y ancho del país”.

En este sentido, subraya y ejemplifica tres causas: “La lista es larga y se sigue completando. Con todo, los nombres de Pablo Actis (Entre Ríos) y Pablo Torres (Buenos Aires), que se encuentran privados de la libertad sin condena firme mientras aguardan respuestas de la CSJN y otros tantos que se encuentran a la espera de ingresar a ella como Fabián Díaz (Buenos Aires), por citar algunos ejemplos, representan la historia de muchos más. Insistimos enfáticamente, son innumerables las causas que tienen a personas inocentes injustamente detenidas y sometidas a proceso”.

La causa de Actis fue presentada ante el Tribunal Supremo del país, y aún aguarda saber si va a ser analizada.

Las críticas que debe evaluar el Tribunal Supremo

El recurso amicus curiae (amigos del tribunal) presentado por la Asociación Pensamiento Penal ante la causa de Pablo Actis, tiene severas críticas al fallo que lo condenó. Además de analizar circunstancias del hecho y cuestionar el “esfuerzo interpretativo y argumental” en la sentencia, el médico forense Delfín Francisco Delgado revisó la autopsia y llegó a una conclusión opuesta a la del forense de Paraná Walter Aguirre.

“El dictamen utilizado para acreditar el homicidio no tiene rigor científico”, aseveró Delgado, y lo calificó de “tardío, incompleto y con errores técnicos de importancia fundamental”. Luego explicó cada uno de esos puntos de la autopsia.

Tardía: “Fue practicada cinco días después del deceso, a un cadáver en estado de putrefacción. Se confundió putrefacción con lesiones en vida. Se atribuyeron los cambios de coloración en el cadáver a golpes premortem. Esos golpes están ausentes en el cuerpo de la víctima que fue fotografiado en el lugar del hecho horas después. Tanto el juez de la investigación como el médico forense que estuvo presente en la escena y analizó el cuerpo en la morgue concluyeron que se trataba de un suicidio”, aseveró.

Incompleta: “No se abrió el cráneo, por lo que se dejaron lesiones sin identificar”, dijo el médico.

Errónea: “Se utilizó una mala técnica en la autopsia. La apertura del cuerpo se inició por el cuello, luego tórax y abdomen. Lo apropiado para evitar confusión con sangrado (falsos positivos para hemorragias), es abrir antes el cráneo, tórax y abdomen y finalmente el cuello. Se diagnosticaron traumas donde no los había”, indicó.