Se continuará investigando en Paraná el asesinato de un militante durante la dictadura

En un fallo trascendental para el avance de las causas por delitos de lesa humanidad en la región, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná resolvió el conflicto negativo de competencia que mantenía paralizada la investigación sobre el secuestro y asesinato de Felipe Santiago Guerra, de 36 años, ocurrido durante la última dictadura cívico militar. La resolución a la que accedió UNO, firmada por el juez Mateo José Busaniche, establece que la justicia federal de Entre Ríos deberá liderar el proceso, al considerar que el delito más grave —el homicidio— se consumó en la ciudad de Paraná.

La reconstrucción de los últimos días de Guerra es un rompecabezas que la justicia ha intentado armar durante años. Según los registros oficiales y el testimonio de sus familiares, Guerra residía en la localidad de Santos Lugares, Partido de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires. Fue allí, entre mayo y julio de 1977, donde habría sido secuestrado por fuerzas represivas mientras se encontraba con su pareja.

Datos aportados por el Registro de Víctimas del Terrorismo de Estado precisan que la fecha del secuestro fue el 3 de julio de 1977. Sin embargo, su rastro desapareció de la jurisdicción de Buenos Aires para reaparecer un mes después en la provincia de Entre Ríos. De acuerdo con una certificación de defunción expedida por un médico militar, Guerra fue asesinado el 3 de agosto de 1977 en la calle López Jordán de la ciudad de Paraná. Sobre Guerra poco se sabe: en la investigación se indica que era militante, pero no se consigna agrupación política o gremial. En tanto, la base de datos del Parque de la Memoria solo cuenta con la información básica: la edad y fecha del asesinato. No se tienen registros fotográficos públicos.

El caso de Guerra refleja las metodologías del plan sistemático de persecución ilegal: su muerte fue presentada oficialmente por el Ejército Nacional como el resultado de un "enfrentamiento con delincuentes subversivos", una narrativa común en la época para encubrir ejecuciones extrajudiciales. Su hermano, Pedro Celestino Guerra, relató ante la justicia que, según las versiones que circularon, a Felipe "lo habrían largado a la calle y lo mataron".

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Un entierro bajo sospecha

La tragedia de la familia Guerra no terminó con el asesinato. Tras enterarse del fallecimiento por una nota periodística, sus hermanas se trasladaron a las dependencias del Ejército en Paraná. Aquí recibieron un ataúd cerrado que, según les informaron, contenía los restos de Felipe. Sin que se les permitiera verificar la identidad del cuerpo, los restos fueron trasladados e inhumados en el cementerio de la comuna de Sa Pereyra, Santa Fe, el 16 de diciembre de 1977.

Esta falta de certeza sobre la identidad de los restos motivó que, en 2012, el Ministerio Público Fiscal solicitara medidas para la identificación fehaciente de la víctima y la determinación de las causas de su muerte, lo que dio inicio al incidente judicial que se resolvió recientemente.

La resolución del juez Busaniche pone fin a una disputa jurisdiccional entre el Juzgado Federal N° 1 de Paraná y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín.

Originalmente, la Justicia Federal de Paraná se declaró incompetente argumentando que, si bien el cuerpo fue hallado en su jurisdicción, no había pruebas fehacientes de que las torturas y el homicidio hubieran ocurrido aquí, sugiriendo que el enfrentamiento pudo ser fraguado y el cadáver trasladado desde Buenos Aires, donde ocurrió el secuestro. Por ello, pretendía que la causa fuera remitida a San Martín.

Por el contrario, el magistrado de San Martín rechazó la competencia. Sostuvo que la hipótesis más consistente es que Guerra fue trasladado vivo desde Santos Lugares hasta Paraná, donde fue sometido a tormentos y finalmente asesinado. Argumentó que la existencia de un certificado de defunción y actas de exhumación en la zona de Entre Ríos y Santa Fe son pruebas sólidas de que el curso final de los hechos delictivos ocurrió en la jurisdicción de Paraná.

Ante este desacuerdo, el fiscal general José Ignacio Candioti intervino subrayando que, en el marco del terrorismo de Estado, las fuerzas represivas utilizaban "episodios fraguados" para justificar homicidios. El fiscal remarcó que aún hoy se desconocen los lugares exactos de cautiverio y la identidad de todos los responsables del traslado de Guerra.

Finalmente, el juez Mateo José Busaniche dirimió el conflicto. El magistrado determinó que, dado que el delito de mayor gravedad —el homicidio ocurrido el 3 de agosto de 1977— se registró en la jurisdicción entrerriana, es el Juzgado Federal de Paraná el que debe seguir entendiendo en las actuaciones.

Con esta decisión, la causa recupera su curso legal en Paraná, permitiendo que la investigación avance sobre las circunstancias exactas de la muerte de Felipe Santiago Guerra y la responsabilidad de las fuerzas que operaron en la zona durante la última dictadura militar. La justicia busca ahora saldar una deuda de casi medio siglo con la familia Guerra, que durante décadas ha custodiado un ataúd cuya verdad definitiva está cada vez más cerca de esclarecerse.

El Fallo