Anulan indagatorias

Santa Fe: a foja cero la causa de cuatro narcos paranaenses

El Tribunal Federal de Santa Fe anuló indagatorias de los cuatro paranaenses detenidos por robar dinero y cocaína en Esperanza, por ausencia del juez federal.

Martes 23 de Agosto de 2022

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe anuló la declaración indagatoria de Cristian Rivero y las ampliaciones de indagatorias de Andrés Fernández, Damián Suárez Puigarnau y Maximiliano Casala, los cuatro paranaenses detenidos en marzo en Santa Fe, luego de robarles 19 millones de pesos a un narcotraficante de Esperanza, así como dos kilos de cocaína.

El caso había sido elevado al TOF, luego del procesamiento de los imputados, pero ahora la causa volvió a foja cero porque “se observa que tanto la indagatoria como las ampliaciones fueron realizadas en presencia de la secretaria del Juzgado Federal Nº 1 y personal a su cargo” sin la presencia del juez federal, Reinaldo Rodríguez, según se informó a UNO.

“En la legislación procesal aplicable actualmente y en las disposiciones del nuevo código cuya implementación se hará gradualmente, se impone que el acto de indagatoria se realice inexorablemente ante el juez o fiscal, siendo imprescindible su presencia para otorgarle validez”, sostuvieron los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Germán Sutter Schneider. Los dos primeros votaron por la nulidad de dichas instancias y el segundo por consultar a las defensas si querían avanzar o volver atrás, teniendo en cuenta dicha ausencia, según la resolución a la que accedió UNO.

Finalmente, la indagatoria y las ampliaciones fueron anuladas. Los paranaenses siguen detenidos y se dilatará el proceso hasta el juicio.

Cabe recordar que el hecho ocurrió a las 10 de la mañana del lunes 21 de marzo, cuando cinco hombres ingresaron a una despensa ubicada en calle Moreno 4895 de Esperanza. Llevaron al fondo a dos mujeres a punta de pistola. Era la casa de un hombre investigado y con una condena por narcotráfico, Sebastián Andrés Brumuel, alias Pepe. Al salir con el botín, una vecino notó algo extraño y llamó a la Policía. Se inició una persecución que terminó en la circunvalación de Santa Fe, donde detuvieron el Fiat Palio rojo donde iban los delincuentes: Damián Suarez Puigarnau, Maximiliano Atilio Damián Casala, Andrés Gustavo Fernández, Daniel Eduardo Tarsia y Cristian Rivero (empleado municipal). En el auto estaban los dos kilos de cocaína y 4.637.400 pesos. Las víctimas denunciaron que, entre pesos y dólares, les habían robado 19 millones.

Opiniones de la inédita resolución

En los argumentos de Escobar Sello y Lauría, se puede leer: "Cabe ponderar que en esta causa la declaración indagatoria del encausado Cristian Rivero y las ampliaciones de sus consortes Andrés Fernández, Damián Suárez Puigarnau y de Maximiliano Casala fueron realizados con las formalidades legales, toda vez que se les informó puntualmente los hechos y las pruebas existentes en su contra, dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 297, 298 y concordantes del CPPN; con lo cual en este sentido y a primera vista no se habría vulnerado el derecho de defensa en juicio ni la garantía constitucional del debido proceso. Sin perjuicio de ello, el magistrado de primera instancia no estuvo presente en dichos actos tal como lo exige el referido articulado".

"Pese a advertir que resulta difícil que éste asista personalmente a las audiencias que requieran su presencia y se celebren en forma simultánea, y que ante el cúmulo de trabajo del sistema judicial deviene necesario delegar funciones en los inferiores jerárquicos para no dilatar el trámite del proceso y brindar un efectivo servicio de justicia, resulta insoslayable que en las indagatorias como en sus ampliaciones se cuente con la intervención del magistrado", aseguraron.

Además, sostuvieron que "no puede en modo alguno prescindirse de la presencia del juez en ésta, toda vez que así lo impone expresamente el código procesal vigente y es la garantía del debido proceso constitucional que el servicio de justicia le brinda al imputado. Si bien se podría inducir que la firma del magistrado en el acto que plasma el acontecimiento implicaría el control del cumplimiento de las garantías procesales en cuestión, tampoco así ha sucedido; habiéndose omitido también estampar o dejar constancia del debido control establecido por ley, obrando sólo constancias con la firma digital de la actuaria que indica que se han llevado a cabo la indagatoria y ampliaciones de indagatorias en cuestión a través del sistema de video conferencia, cuyas grabaciones han sido verificadas".

Por su parte, Sutter Schneider opinó: "Encuentro que el progreso del proceso hasta la instancia en que nos encontramos -en cuyo transcurso tuvieron intervención todas las partes (en especial la defensa)-, podría estar demostrando (resalto el potencial) que aquellos actos cumplieron eficazmente su finalidad sin afectación sustancial irreversible a su naturaleza. Esto implicaría establecer si los imputados fueron impuestos de modo preciso, claro y circunstanciado de los que hechos que se le atribuyen, de las pruebas existentes en su contra en que se asienta dicha atribución, hacerles saber los derechos que les asisten, principalmente el de entrevistarse en privado previamente y estar acompañados durante su desarrollo con un abogado de su confianza, el de hacerles saber que el acto está previsto para que ejerza -si decide libremente hacerlo- su defensa material manifestando lo que considere conveniente en su descargo, sin que su silencio o no contestar eventualmente alguna pregunta que se les pueda formular constituya presunción alguna en su contra ni los perjudique de ningún modo".

"Dilucidar si ello se verificó en el contexto de la irregularidad detectada, exigiría una previa sustanciación de la cuestión, corriendo vista y traslado a todas las partes interesadas a fin de que pronuncien al respecto, y luego sí decidir. Allí la decisión podría funcionar como un modo de subsanación expresa -en los términos de alguno, varios o todos los supuestos previstos en el art. 171 del CPPN- o no. (...) Tal proceder procesal es, en mi criterio, la manera que correspondería actuar a fin de evitar so pretexto de un rigorismo formal retrotraer el proceso a etapas superadas, con grave detrimento a los principios de celeridad y economía procesal, máxime en casos como en el presente en el que existen personas privadas de su libertad con graves imputaciones, cuando ello podría evitarse", consideró el juez.

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