Feliciano: La Municipalidad denunció "abusos" tras allanamiento en un CIC

Una investigación penal que lleva adelante la fiscal Gisela Muñiz, de la Unidad Fiscal de Feliciano, derivó este viernes en un allanamiento al Centro Integrador Comunitario (CIC) de esa ciudad del norte entrerriano en procura de dar con un informe diagnóstico de una menor que estaba siendo atendida por el psicólogo Ernesto Quintana, personal de planta del Municipio. En una contundente reacción oficial, la Municipalidad de San José de Feliciano expresó su profunda preocupación y postura crítica frente al allanamiento realizado este viernes 6 de marzo de 2026 en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC). El procedimiento, requerido por la fiscalía local en el marco de un legajo penal, fue calificado por el gobierno municipal como un despliegue "llamativo" e innecesario de recursos judiciales y de seguridad.

La causa del allanamiento

Una investigación penal que lleva adelante la fiscal Gisela Muñiz, de la Unidad Fiscal de Feliciano, derivó este viernes en un allanamiento al Centro Integrador Comunitario. A la fiscal se la señala en Feliciano como cercana a la senadora Gladys Dominguez (Peronismo Federal, exFrente Creer), de buen vínculo con el Ejecutivo provincial y enfrentada con el intendente Damián Arévalo (PJ).

La menor denunció una situación de abuso y la Justicia dispuso su atención psicológica. Pero como en el hospital Francisco Ramírez, de Feliciano, no pudo darse el tratamiento, fue derivada al CIC y tuvo dos sesiones con el psicólogo Quintana. Después de esas dos únicas entrevistas, en noviembre y en diciembre, la menor no volvió a concurrir al CIC.

Durante febrero, la fiscal Muñiz pidió por oficio acceder a los informes diagnósticos del profesional. Desde la Municipalidad de Feliciano respondieron que resultaba imposible, por dos motivos: el psicólogo estaba de vacaciones y además, al psicólogo lo protege el secreto profesional. Pero a la fiscal Muñiz no le resultaron argumentos valederos y este viernes fue en busca de esos informes psicológicos con un allanamiento al CIC de Feliciano.

Cuestionamientos al procedimiento

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que, si bien mantienen una plena disposición para colaborar con la Justicia, el operativo resultó desproporcionado. Según el comunicado institucional, la documentación solicitada podría haber sido canalizada a través de las vías administrativas y de cooperación entre organismos del Estado que ya existen, sin necesidad de movilizar la fuerza pública. La Municipalidad subrayó que en ningún momento hubo una negativa a aportar información y que, incluso antes de este procedimiento, ya se había respondido a un oficio judicial enviado por la fiscalía.

Privacidad y secreto profesional

Uno de los puntos centrales del conflicto radica en la naturaleza de la información buscada. El municipio aclaró que el CIC no conserva historias clínicas ni legajos terapéuticos de salud mental, ya que estos documentos son responsabilidad exclusiva de los profesionales psicólogos y están protegidos por el secreto profesional. En el centro asistencial solo existen registros administrativos básicos de atención y códigos de consulta, un sistema que ya había sido informado a las autoridades intervinientes. "La obtención o difusión de información sobre salud mental exige una particular prudencia, dado que se trata de datos sensibles cuya protección es un principio fundamental", resaltaron las autoridades de la ciudad del norte entrerriano.

Argumentos legales y "arrebatos institucionales"

La defensa del Municipio se apoya en el Artículo 280 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, el cual contempla la "orden de presentación" como un mecanismo menos gravoso que un allanamiento o secuestro de documentación. Para la administración local, la medida adoptada no solo ignora esta opción procesal, sino que también pone en riesgo las garantías de confidencialidad que rigen la práctica profesional.

Finalmente, la Municipalidad de San José de Feliciano reafirmó su compromiso con la transparencia, pero fue tajante al rechazar lo que denominó "arrebatos institucionales" y "mecanismos de abuso". Según el comunicado, el uso irrazonado de estos procedimientos solo conduce al debilitamiento del sistema institucional y genera una preocupación innecesaria en la comunidad.