"No hay estructura edilicia ni de personal": la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

La abogada especialista en Derecho de Familia, Silvana Zufiaurre, analizó en Radio La Red Paraná (88.7) la baja de la edad de imputabilidad y advirtió sobre la falta de establecimientos y personal para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil, por ejemplo, en la provincia.

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió un debate que va mucho más allá de la baja de la edad de imputabilidad. En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), la abogada especialista en Derecho de Familia Silvana Zufiaurre puso el foco en una de las principales dificultades que, según planteó, enfrenta el Estado: contar con lugares y recursos adecuados para alojar a adolescentes que queden alcanzados por el nuevo sistema.

Según explicó Zufiaurre, el nuevo régimen establece que los adolescentes desde los 14 años pueden ser penalmente responsables por determinados delitos, aunque con un tratamiento diferenciado respecto de los adultos.

“No se aplica para cualquier tipo de delitos”, aclaró la abogada, quien explicó que el proceso penal con condena y cumplimiento de penas alcanza a delitos considerados graves, entre ellos secuestros, homicidios y narcotráfico.

Silvana Zufiaurre, abogada especialista en Derecho de Familia.

El objetivo: resocializar

La especialista remarcó que una de las diferencias centrales con el régimen penal de adultos está en el objetivo que persigue la intervención sobre los adolescentes. “Primero que nada, tratar de resocializar, que sean chicos que puedan ingresar y que una vez que salen”, sostuvo.

En esa línea, explicó que los adolescentes no deberían cumplir medidas de privación de la libertad en establecimientos destinados a adultos, debido a las características particulares de su edad y a la protección que establece el marco de derechos de niños y adolescentes.

“Estamos hablando de menores de edad que están más que nada recubiertos por lo que se llaman los derechos del niño, entonces no pueden estar en un mismo lugar, porque pueden ser sometidos a cuestiones de abuso de todo tipo”, señaló. Pero allí aparece, según Zufiaurre, uno de los principales problemas de la implementación: la falta de infraestructura edilicia.

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Estructura

La abogada hizo referencia a una resolución judicial que suspendió provisoriamente la aplicación del régimen durante 60 días en una jurisdicción bonaerense, a partir de los cuestionamientos vinculados con las condiciones para garantizar los derechos de los adolescentes. Zufiaurre consideró que el planteo resulta coherente frente a la falta de establecimientos adecuados.

En ese sentido, fue contundente al describir el problema: “Hay una falta de respuesta absoluta del Estado”. Para la especialista, no alcanza con establecer por ley que los adolescentes deben ser alojados en establecimientos diferentes a los de adultos si esos espacios no existen.

Incluso planteó la necesidad de contar con establecimientos de características penitenciarias juveniles en todo el país. “Uno por provincia, por lo menos”, señaló. La abogada consideró que el problema no se limita a los edificios. También hay que contemplar la disponibilidad de personal capacitado para trabajar con adolescentes privados de su libertad.

El rol de las familias

Zufiaurre también se refirió a la responsabilidad de los padres frente a un adolescente que comete un delito. Aclaró que los adultos responsables no cumplen la pena en lugar del menor, pero sí pueden existir responsabilidades en el ámbito civil.

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“Si es responsable de todo daño para el juicio que se puedan iniciar posteriormente por la víctima o por sus familiares, porque estamos hablando de menores de edad, es decir, civilmente, ante un reclamo de un daño, responde el padre y responde la madre”, explicó. Al mismo tiempo, sostuvo que el Estado tiene una responsabilidad central en la implementación del nuevo sistema.

La especialista trazó además un paralelismo con otras áreas del Estado, como el sistema de salud mental, donde también observa dificultades vinculadas con la falta de infraestructura y recursos. En su análisis, el problema termina siendo similar: leyes que establecen nuevas obligaciones, pero estructuras estatales que no siempre están preparadas para ejecutarlas.