La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

En la noche de este viernes, la Justicia le ordenó a la Policía de Entre Ríos proceder a la detención del exgobernador Sergio Urribarri; de su cuñado Juan Pablo Aguilera; y de su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, quienes deberán ser derivados a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal, luego de que la sentencia condenatoria dictada originalmente el 7 de abril de 2022 adquiriera firmeza definitiva, tras agotarse las instancias de revisión ordinarias y extraordinarias.

Con este pronunciamiento, la Justicia dio luz verde al inicio de la ejecución de las penas privativas de la libertad impuestas en el marco de la Megacausa por hechos de corrupción y administración fraudulenta contra el erario público.

Asimismo, en el marco de la resolución, el tribunal requirió formalmente al Servicio Penitenciario de Entre Ríos que, a través de su área de Sanidad, se realice un exhaustivo examen médico a Urribarri y Báez al momento de su ingreso a la unidad carcelaria.

Esta evaluación médica tiene como objetivo atender los cuadros de salud invocados por sus respectivas defensas técnicas, garantizando la continuidad de los tratamientos farmacológicos prescriptos, la provisión de regímenes alimentarios específicos y la derivación a centros hospitalarios externos en caso de que su condición clínica así lo requiera.

La Corte Suprema de Justicia confirmó el jueves que Urribarri, condenado el 7 de abril de 2022, deberá cumplir 8 años de cárcel, mientras que Báez y Aguilera, fueron condenados a 6 años y 6 meses de cárcel.

La Policía de Entre Ríos debió trasladar a Urribarri durante la noche: entre Concordia y Paraná hay 280 kilómetros, un trayecto que demanda cerca de cuatro horas, por lo que el ingreso a la unidad penal se concretaría en la madrugada.

La defensa del exgobernador intentó evitar la detención mediante un pedido de prisión domiciliaria, alegando un cuadro de salud mental y físico que incluiría trastorno de estrés postraumático, hipertensión y problemas cardíacos. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo al considerar que no se acreditaron razones suficientes para suspender la ejecución de la pena ni para otorgar el beneficio

Urribarri, de 67 años, fue condenado en 2022 por un esquema de desvío de fondos públicos hacia empresas vinculadas a su cuñado, mediante contratos de publicidad oficial simulados entre 2010 y 2015. La causa acreditó 143 operaciones irregulares que generaron un perjuicio económico superior a $12 millones para la provincia. Con el fallo firme, la Justicia dispuso que el exmandatario cumpla la pena en prisión efectiva.