La bicicleta judicial del narco que trabaja para el Suoyem

Marcelo Escobar es uno de los vendedores de droga del barrio Lomas del Mirador II que acaparó buena parte del negocio durante los primeros meses de la pandemia. Cayó detenido en su casa el 9 de octubre del año pasado, mientras fraccionaba dosis de cocaína utilizando a un menor de edad. Desde entonces, ha logrado patear el momento de ir a la cárcel, con insólitas excusas. El último ardid de esta bicicleta judicial sucedió este jueves, cuando se arrepintió del juicio abreviado que firmó una semana antes donde confesó el delito y acordó la pena de cuatro años de prisión. Ahora irá a juicio y la Fiscalía podría pedir al menos el doble de años de cárcel.

El imputado es un hombre fuerte del Suoyem, el sindicato de los trabajadores municipales. Entró a la Municipalidad luego de las protestas donde le reclamaban al exintendente Sergio Varisco el cumplimiento de promesas de puestos de trabajo. Ni bien entró, fue designado como delegado gremial, con licencia incluida. Según se describe en la revista Análisis publicada este jueves, en las últimas elecciones del Suoyem Escobar trabajó activamente como jefe de campaña para la Lista Naranja, que llevó a la secretaría general a Fabricio Gómez, bajo la tutela de Osvaldo Pacha Palacios, un hombre que es empleado de la Caja de Jubilaciones pero hace años que aparece como “dirigente” municipal.

El año pasado, la Prefectura Naval Argentina y el fiscal Martín Wasinger lo investigaron por venta de drogas en su vivienda del Lomas II. Con numerosas y contundentes pruebas, a inicios de octubre se libró la orden de allanamiento y detención. Cuando entraron a la casa, los efectivos encontraron a Escobar en plena faena de fraccionamiento de cocaína: tenía 332 gramos de la sustancia listas para la venta, 224 gramos más para fraccionar y unos 140.000 pesos. Le secuestraron, además, dos autos y dos motos.

En el allanamiento se comprobó lo que podría ser un agravante de la pena por narcotráfico: tenía a un menor de edad explotando en el armado de las dosis de droga.

Escobar fue imputado por el delito de narcomenudeo y a lo largo de todo este 2021 intentó evitar el momento de la condena y su inexorable ingreso a la Unidad Penal.

En distintas oportunidades había acordado cumplir con la pena mínima del delito, cuatro años de prisión, y luego pegaba el faltazo a la audiencia o pedía la prórroga de la misma a la Oficina General de Audiencias. En dos ocasiones argumentó que estaba aislado con coronavirus, pero luego se comprobaba a través del Ministerio de Salud de la provincia que era mentira y presentaba certificados truchos.

Finalmente, el miércoles de la semana pasada parecía que se le habían terminado las pedaleadas para ir postergando el momento del juicio abreviado. Escobar se presentó en los Tribunales de Paraná y presenció la audiencia ante la jueza de Garantías Marina Barbagelata. Allí el fiscal expuso los hechos y las pruebas contra Escobar y pidió que se homologue el acuerdo y lo condenen a cuatro años de prisión. El imputado fue interrogado y expresó que consentía dicha pena.

Se había fijado para ayer, viernes 17 de diciembre, el día de la lectura de la sentencia. Pero el jueves, Escobar se echó para atrás: presentó un escrito donde expresaba su arrepentimiento, que retiraba el acuerdo para el juicio abreviado y designaba un defensor oficial.

Ahora, se remitirá la causa a juicio oral, donde no existirán las contemplaciones que se tiene cuando el imputado confiesa un delito y firma un abreviado. El fiscal pedirá una pena más severa, que podría al menos duplicar la que había consentido la semana pasada. Aunque esta instancia será el año próximo, y Escobar podrá pasar las fiestas en libertad.

El ardid del narco del Lomas II no es una novedad, ya que se ha visto en otras causas con personajes conocidos del hampa local que, a través de sus abogados defensores, van negociando un acuerdo de juicio abreviado, y logran ir postergando la fecha de la audiencia con faltazos y argumentos infantiles. Mientras, van ganando meses de libertad, pese a que sobren pruebas de los graves delitos cometidos, e incluso siguen perpetrando asaltos o vendiendo drogas.