Hace cinco meses, dos suboficiales de la Brigada Abigeato de Concordia fueron desesperados a la Fiscalía para denunciar a sus superiores y otros integrantes de la dependencia policial. Temían quedar pegados a las numerosas actividades irregulares y delictivas que observaban en el accionar diario del área encargada de combatir delitos en el ámbito rural, se informó a UNO. Los fiscales Francisco Azcué y Daniel Montangie abrieron una investigación, con la intervención del jefe de Criminalística de la Policía de Concordia, José Rosatelli, y el jefe de Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina de la localidad, de apellido Meza. Toda la Brigada quedó bajo sospecha y llegaron a intervenir una quincena de líneas telefónicas. Se recabaron pruebas contundentes sobre los delitos cometidos por varias personas, que iban desde el cobro de coimas a carnicerías hasta el contrabando de mercadería a Salto. Tras los 11 allanamientos de este martes, tres sargentos fueron detenidos, mientras se continúa la investigación que buscará conocer a sus cómplices y otros posibles implicados en la banda delictiva.
La banda de los sargentos: coimas, extorsiones y contrabando
Por José Amado
Según pudo saber UNO, los dos denunciantes no sabían hasta dónde estaban en complicidad con sus superiores al presenciar extorsiones y robos varios. Además, cuando empezaron a quejarse ya cuestionarlos personalmente, esto les traía aparejada una persecución.
Por esto acudieron directamente a la Fiscalía, lo que permitió abrir una investigación en la que se dio intervención a Prefectura dado que se advertía que los policías estaban metidos en el contrabando a través del río Uruguay, tanto directamente en el cruce de “bagallos” como en el cobro de coimas a contrabandistas, la protección a otros y el robo de bultos a la competencia.
Entre otras medidas, la Justicia autorizó la intervención, inicialmente, de nueve líneas telefónicas, de toda la Brigada Abigeato (que depende de la Dirección Delitos Rurales), incluidas las del jefe y subjefe, y luego se fueron agregando otras, llegando a unas 15.
En las escuchas, los fiscales obtuvieron un panorama probatorio mucho más claro y amplio de la grave situación. Se pudieron establecer cuáles eran las actividades que desarrollaban: por un lado, las coimas a carnicerías en procedimientos ilegales; por otro, todo lo relacionado con el mundo del contrabando, delito que en Concordia ha crecido exponencialmente en los últimos años. De esto no participaba toda la Brigada sino tres sargentos de la Policía provincial: Maximiliano Ramón Rodriguez, Jonhatan Luciano Conrado y Raúl Osvaldo Escobar.
Se precisó a UNO que se reunió “evidencia contundente” de que estos tres uniformados protegían a algunos contrabandistas con quienes tenían un vínculo e inclusive realizaban actividades directas de contrabando de mercadería hacia la localidad Uruguaya de Salto. Pero además, surgió que en ese ámbito también les robaban a otros contrabandistas o bagalleros. Por ejemplo, en un episodio un contrabandista les pasó el dato de los movimientos de su competencia, les indicó el momento en que estaban aprontando los bultos y con esa información los policías fueron hacia ese lugar y encontraron al muchacho con la mercadería. Simularon un procedimiento y le “secuestraron” los bultos.
Pero este episodio no quedó acá, sino que luego el bagallero de Concordia comenzó a ser presionado por los dueños de la mercedería en Uruguay, quienes le reclamaban una copia del acta del procedimiento policial o la orden de allanamiento. Por esto, el muchacho fue a la Brigada de Abigeato a pedirla. En ese momento ya había otro jefe en esta dependencia, quien comunicó la irregularidad, hizo la denuncia en la Fiscalía y se dispuso el secuestro del libro de Guardia que habían sido adulteradas. Luego el bagallero, que se había dado cuenta de cómo venía la mano, fue visitado por los policías corruptos quienes le dijeron que se quede callado para no tener problemas.
La investigación continuó hasta que esta semana decidieron pedir autorización al juez Darío Mautone para los allanamientos y detenciones para desbaratar la banda. Este martes por la mañana, se hicieron los 11 procedimientos, todos en forma conjunta entre policías provinciales y efectivos de Prefectura.
Desde la Fiscalía se destacó la prolijidad de los procedimientos coordinados entre Prefectura y la Jefatura Departamental Concordia. Todos tuvieron lugar en esta localidad e incluyó un allanamiento a la misma sede de la Brigada Abigeato. Allí les sacaron los celulares a todos los policías que estaban de guardia, entre otras pruebas. Uno de los policías fue detenido en el Puesto Caminero de Viale en la ruta nacional 18 cuando viajaba hacia Paraná. También se requisaron las viviendas de los policías sospechados y de otras personas investigadas por los delitos que surgieron en la investigación, asociadas a los sargentos.
“Esto recién empieza”, sostienen fuentes allegadas a la investigación, ya que ahora quedan por analizar numerosas evidencias, en particular el contenido de los celulares incautados tanto a los imputados, a quienes interactuaban con ellos para coordinar los robos, como a los demás integrantes de la dependencia policial. “Esto puede derivar en descubrir otros implicados”, se advirtió.
También se investigará si los dos policías que hicieron la denuncia en marzo, fueron trasladados poco después como represalias para “sacárcelos de encima” o si se trató de una medida administrativa casual.
En las próximas horas los sargentos Rodriguez, Conrado y Escobar serán imputados por los fiscales, por los delitos Robo agravado por la condición de integrantes de la fuerza policial, Abuso de autoridad, Violación de los deberes de funcionario público y Falsificación de instrumento público, entre otros, y se evaluará la medida cautelar que deberán cumplir.
Tal como sucedió el año pasado con la organización criminal desbaratada, que era liderada por el sargento Ricardo Petelín, junto a otros dos policías e históricos pesos pesados del hampa concordiense, se destacó la gravedad de la situación cuando agentes del Estado están directamente implicados en el delito.
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