Guillermo Smaldone reconoció que recibió coimas y aceptó una pena leve para evitar la cárcel

Guillermo Smaldone, ex funcionario de la gestión de Sergio Urribarri e hijo del exvocal del STJ, Juan Ramón Smaldone, reconoció este martes que recibió coimas del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. El abogado admitió que el dinero recibido fue a cambio de beneficiarlo en licitaciones públicas. Es el primer condenado que tiene la causa, cuya elevación a juicio está siendo discutida ante el juez Julián Vergara.

El reconocimiento de la culpabilidad fue ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Juan Malvasio, en una audiencia que comenzó a las 9 y terminó a las 10. El exdirector de Trabajo y extitular del Tribunal de Cuentas de la provincia se retiró de la audiencia y evitó responder las preguntas de UNO sobre su cambio de actitud en el caso. Y es que pasó de defenderse de las acusaciones para evitar llegar a juicio a firmar un juicio abreviado más beneficioso en cuanto a la pena.

En el acuerdo, Smaldone aceptó cumplir dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, es decir, no irá a la cárcel. También pagará una multa de 90 mil pesos y cumplirá 96 horas de tareas comunitarias.

Ahora sólo resta que el juez Malvasio homologue el pacto entre Fiscalía y el exfuncionario, quien ejerció su propia defensa ya que es abogado. En caso de rechazar, deberá ir a juicio junto a los demás imputados.

Los principales acusados de la causa son el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros.

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El camino de Smaldone

Smaldone tuvo un cambiante camino en la causa: comenzó pidiendo su sobreseimiento y terminó firmando un abreviado. El 2 de julio se iba a tratar un pedido de apelación al rechazo a su pedido de sobreseimiento, pero la audiencia se suspendió a pedido del exfuncionario ya que alcanzó un acuerdo con la Fiscalía.

Cabe recordar que en el requerimiento de elevación de la causa a juicio, la Fiscalía había adelantado que en el eventual juicio pediría que Smaldone sea condenado a 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua y el pago de una multa de 90.000 pesos. Por ello, el acuerdo presentado hoy representa una pena significativamente menor que le evita ir a la cárcel.

La causa coimas

Este acuerdo forma parte de la causa “Coimas”, que involucra a varios ex funcionarios de la administración de Urribarri, quienes fueron investigados por su participación en una serie de irregularidades y contratos en favor de la empresa Relevamientos Catastrales SA, dle empresario Diego Armando Cardona Herreros.

Según la acusación, Smaldone y otros funcionarios habrían favorecido a dicha firma para la implementación de software en la Administración Pública Provincial, en un esquema de lucro ilícito que benefició tanto a Urribarri como a al empresario.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, todo comenzó a desvelarse cuando se descubrió que funcionarios como Carlos Haidar (director de Informática), Miguel Ángel Ulrich (director General de Ajustes y Liquidaciones), Luis Alfonso Erbes (subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia), Humberto Flores (secretario de Hacienda de la Provincia) y el propio Smaldone habrían participado activamente en las irregularidades.

Las penas en expectativa

En el pedido de elevación a juicio, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano hicieron un adelanto de la penas que solicitarán durante la realización de las audiencias orales y públicas. Para Urribarri, piden 10 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de 540.000 pesos; para Cardona Herreros, 9 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de 540.000 pesos; para Carlos Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa; para Luis Alfonso Erbes, la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, y multa; para Miguel Ángel Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; y para José Humberto Flores, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.