Fuga y fallas en los controles de la UP9: Miotti admitió negligencias y confirmó un sumario

La UP9 de Gualeguaychú, conocida como Colonia Penal El Potrero, atraviesa una sucesión de episodios que pusieron bajo cuestionamiento sus mecanismos de seguridad. A poco de cumplirse un mes de los allanamientos de Gendarmería Nacional y del pase a disponibilidad de dos funcionarios, la fuga de un interno volvió a colocar al establecimiento bajo observación.

El detenido fue recapturado minutos después. Sin embargo, el episodio abrió nuevos interrogantes sobre los procedimientos de vigilancia, la identificación de visitantes y el control de los egresos.

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En ese contexto, el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Aníbal Miotti, reconoció públicamente la existencia de negligencias y confirmó una investigación sumaria por las irregularidades vinculadas con teléfonos celulares dentro del establecimiento.

“Hubo negligencia nuestra y por eso hay una investigación sumaria en curso donde los controles de seguridad fueron burlados”, afirmó el viernes 23 de octubre, en declaraciones a Radio Máxima.

Los hechos mencionados tienen características diferentes y la información disponible no permite establecer que formen parte de una misma maniobra. No obstante, plantean interrogantes sobre el funcionamiento de los controles y las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias.

Celulares, dos funcionarios apartados y allanamientos

La secuencia incluye actuaciones judiciales vinculadas con Leonardo Airaldi y escuchas que involucrarían a funcionarios penitenciarios. En ese marco, se investigaron presuntas irregularidades relacionadas con la presencia y el ingreso de teléfonos celulares en la UP9.

Como consecuencia de las actuaciones, dos funcionarios fueron pasados a disponibilidad. Uno es un cabo primero que se desempeñaba como celador, con contacto cotidiano con la población penal. El otro es un oficial que había ocupado la jefatura de Seguridad Interna y que, al momento de la medida, cumplía funciones en Tratamiento Correccional.

La disponibilidad es una medida administrativa y no implica una declaración de culpabilidad. Las eventuales responsabilidades deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, Gendarmería Nacional allanó, por orden judicial, la Oficina de Tratamiento Correccional de la unidad. En simultáneo, realizó otro procedimiento en el domicilio particular de un funcionario auxiliar de esa dependencia.

Los allanamientos tampoco permiten atribuir por sí solos responsabilidades penales. Entre los aspectos pendientes de información oficial figuran sus resultados, el avance de los peritajes sobre los dispositivos incautados y la situación administrativa actual de los agentes apartados.

Miotti reconoció negligencias y anunció más requisas

Durante la entrevista con Radio Máxima, Miotti aseguró que las autoridades actuaron de inmediato, realizaron el acto administrativo correspondiente y pusieron los teléfonos secuestrados a disposición de la Fiscalía.

“Nosotros no vamos a encubrir estas situaciones”, sostuvo.

El funcionario mencionó distintas vías por las cuales pueden ser vulnerados los controles, incluida la eventual intervención de familiares, internos o personal penitenciario. La determinación de responsabilidades individuales deberá surgir de las pruebas reunidas en las actuaciones judiciales y administrativas.

También explicó que una de las modalidades de ingreso de celulares consiste en arrojarlos desde el exterior hacia los sectores donde se desarrollan actividades recreativas.

“Todos los días hay secuestros de celulares, que son arrojados desde afuera del penal durante los espacios recreativos”, manifestó. Según indicó, esta situación también se registra en otros establecimientos de la provincia.

Miotti aseguró que se reforzaron los controles al personal y a las visitas. “Hemos reforzado a un 200 por ciento las requisas diarias”, afirmó.

Sus declaraciones confirmaron la continuidad de los secuestros y la aplicación de medidas adicionales. Queda por conocer qué evaluación realizaron las autoridades sobre sus resultados y qué cambios dispusieron para corregir las vulnerabilidades detectadas.

Una fuga durante la salida de las visitas

En medio de las investigaciones, la evasión de un interno volvió a poner en discusión la seguridad de la UP9.

Según la información disponible, el detenido habría atravesado la puerta de contención del sector de guardia y aprovechado la salida de visitantes para mezclarse entre ellos y abandonar el establecimiento. Fue recapturado minutos después.

La recaptura puso fin a la evasión, pero dejó pendiente la reconstrucción de las circunstancias que le permitieron superar los controles iniciales.

Entre los puntos que requieren esclarecimiento figuran el funcionamiento de las puertas de contención, la identificación de quienes salían del penal y la actuación del personal que estaba de servicio.

La información aportada para esta nota no permite confirmar si se abrió un sumario específico por la fuga, si se dispusieron sanciones o nuevos pases a disponibilidad, ni si hubo modificaciones en los protocolos después del episodio.

Tampoco permite establecer qué registros fueron examinados o si se analizaron imágenes de cámaras de seguridad. Esos elementos resultan relevantes para determinar cómo ocurrió la evasión y qué responsabilidades funcionales podrían corresponder.

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Los interrogantes sobre la conducción de Lucas Dufour

La sucesión de episodios también plantea preguntas sobre las decisiones adoptadas por el director de la unidad, Lucas Dufour, y los mecanismos de supervisión de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

La responsabilidad jerárquica no supone atribuir automáticamente responsabilidad penal por hechos bajo investigación. Sin embargo, la conducción de un establecimiento penitenciario comprende funciones de organización, supervisión y cumplimiento de los procedimientos de seguridad.

En ese marco, queda por conocer qué medidas dispuso la dirección de la UP9 después de las irregularidades relacionadas con los celulares, los allanamientos y la fuga.

También está pendiente precisar si la Dirección General solicitó informes específicos, evaluó el funcionamiento de las áreas involucradas o impartió nuevas instrucciones a la conducción del establecimiento.

El reconocimiento de negligencias formulado por Miotti coloca el foco tanto en los hechos puntuales como en los mecanismos que debían prevenirlos. La investigación sumaria deberá establecer qué controles fallaron y cuáles eran las obligaciones de cada nivel de la estructura penitenciaria.

Investigaciones y respuestas pendientes

De acuerdo con los datos aportados para esta nota, la Colonia Penal El Potrero es la segunda unidad de Entre Ríos con mayor cantidad de internos, dentro de una población penitenciaria provincial estimada en unas 3.200 personas.

La dimensión del establecimiento refuerza la importancia de conocer el alcance de las fallas y las medidas correctivas. El ingreso de elementos prohibidos, la custodia de los detenidos y el control de las visitas forman parte de sus procedimientos esenciales de seguridad.

Entre las respuestas pendientes figuran el estado de la causa judicial, los resultados de los peritajes, la situación de los funcionarios pasados a disponibilidad y los avances de la investigación sumaria. A ello se suman las actuaciones que pudieran haberse iniciado por la fuga y la evaluación de las requisas reforzadas.

Miotti aseguró que no habrá encubrimiento y admitió que los controles fueron burlados. Corresponde ahora conocer qué determinaron las investigaciones y qué modificaciones se implementaron.

La Justicia deberá establecer las eventuales responsabilidades penales. Por su parte, la administración penitenciaria tendrá que esclarecer las responsabilidades funcionales y explicar las decisiones adoptadas para evitar nuevos episodios en la UP9.