Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Con el objetivo de modernizar el sistema judicial penal y superar falencias del modelo acusatorio vigente, el gobierno de Entre Ríos lanzó una convocatoria plural y abierta para discutir una reforma integral del Código Procesal Penal (Ley Nº 9.754 y modificatorias). A través de la Resolución Nº 046 del 1° de agosto, la Secretaría de Justicia dio inicio formal al proceso y designó al abogado y exsecretario de Justicia, Rubén María Virué, como coordinador de la etapa consultiva.

"Es intención del Poder Ejecutivo remitir a la Legislatura un proyecto que supere las dificultades del sistema actual y que garantice mayor equidad, transparencia, estándares interamericanos en derechos humanos y una tutela judicial efectiva para todos los sectores de la sociedad", señala la resolución a la que accedió UNO.

Para ello, se convocó a representantes de los principales estamentos judiciales, profesionales y académicos: Superior Tribunal de Justicia, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Asociación de la Magistratura, Colegio de la Abogacía y cuatro universidades. Cada institución ya designó a su representante para canalizar las propuestas que, en una segunda etapa, serán sistematizadas por la Secretaría de Justicia y presentadas al gobernador con vistas a su eventual envío a la Legislatura.

La última gran modificación al Código Procesal Penal entrerriano ocurrió hace más de diez años. Desde entonces, los cambios sociales, tecnológicos y las nuevas exigencias del sistema judicial han puesto en evidencia la necesidad de revisar su funcionamiento. En diálogo con UNO, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, brindó detalles sobre el proceso, los objetivos y el contenido de la propuesta: "Esta reforma es necesaria para mejorar el servicio de justicia, para tratar de lograr un equilibrio entre los distintos intereses y actores; siempre pensando en la necesidad de que el Estado garantice el acceso a la justicia y la persecución penal de los delitos. Por otro lado, también proteger los derechos y las garantías constitucionales que tienen todas las personas a partir del principio de inocencia. En ese sentido, el proceso penal, para que lo entienda la gente, son las leyes que organizan ese momento tan difícil en que puede estar involucrado cualquiera de nosotros que merezca ser investigado".

Lejos del clásico modelo de comisión que analiza artículo por artículo, la Secretaría propone una metodología más práctica: trabajar sobre 20 puntos clave ya identificados, que servirán como base para el debate, pero sin excluir otros aportes que puedan surgir de parte de otros sectores. "Vamos a hacer esto de manera rápida y concreta. Los 20 puntos no son excluyentes. Universidades, jueces, fiscales, defensores, abogados... todos pueden sumar temas. La idea es construir consensos mayoritarios, entendiendo que un consenso total probablemente no sea posible", detalló Maneiro.

Entre los puntos propuestos se destacan la regulación de la prueba digital, la posible incorporación de figuras como el arrepentido y el informante, la acción penal contra personas jurídicas (empresas), el Estado como querellante en casos penales y la necesidad de mejorar los plazos procesales y la eficiencia de los juicios por jurados.

Uno de los ejes más novedosos de la propuesta es habilitar al Estado provincial o municipal a presentarse como querellante en causas donde haya un interés patrimonial directo o institucional. "Es interesante la posibilidad de incorporar al Estado como querellante. Por ejemplo, en muchas causas relacionadas con manejos de dineros públicos. Quizás, por ejemplo, en alguna causa donde un empleado infiel comete un delito en las cajas de recaudación del municipio. Muchas veces esas causas quedan en manos del fiscal y, por distintas razones de política criminal, totalmente justificables y entendibles, terminan en una salida alternativa y quizás para el interés del Estado municipal es necesario seguir avanzando o incluso seguir investigando sobre otras líneas u otros partícipes o cómplices. Me parece que, al menos, debe darse la oportunidad de revisar esta situación", explicó Maneiro.

¿Cómo será el proceso?

Desde agosto, el abogado Virué —exsecretario de Justicia— comenzó los contactos con los representantes institucionales para recabar propuestas. El proceso continuará este mes y en octubre, con la expectativa de que el proyecto de reforma esté listo antes de fin de noviembre, en tiempo para ser tratado en el actual período legislativo. "No queremos que esto se dilate. Vamos a trabajar de forma itinerante, entrevistando, recibiendo propuestas escritas, y si hace falta, convocaremos nuevas rondas", sostuvo el secretario.

En cuanto a la designación de Virué para esa tarea, valoró: "Es un abogado con trayectoria, con antecedentes y con experiencia práctica en el ejercicio de las defensas penales, del funcionamiento de los juzgados, no solamente de Paraná, sino de la realidad del funcionamiento en el interior. Sobre todo en el tema de los recursos, las pericias complejas y las pruebas, son los temas que es necesario analizar".

El funcionario destacó que el trabajo de Virué es clave para condensar las miradas y elevar un texto que logre respaldo político y en la comunidad judicial. "Vamos a explicar al gobernador todas las implicancias. Si él está de acuerdo, lo presentará como proyecto del Ejecutivo ante la Legislatura", concluyó.

Incorporar nuevas herramientas: arrepentido e informante

Otro de los aspectos que generará amplio debate es la posible incorporación de la figura del arrepentido y del informante, especialmente útil en causas complejas como las de narcomenudeo, robos graves o corrupción. "No son ideas nuestras solamente. Ya están previstas en otros códigos, como en el federal. Tienen virtudes, aunque también han generado críticas. Habrá que analizar su viabilidad en nuestro contexto", señaló Maneiro.

Los representantes por estamentos

Los distintos estamentos convocados por la Secretaría de Justicia de Entre Ríos ya designaron a sus representantes para participar del proceso de reforma del Código Procesal Penal. En representación del Ministerio Público Fiscal fue designada la doctora Mónica Carmona, mientras que por el Ministerio Público de la Defensa el representante será el doctor Gaspar Reca Ríos.

La Asociación de la Magistratura de Entre Ríos estará representada por el doctor Alejandro Cánepa, y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos participará a través del doctor Juan Barnada.

En el ámbito académico, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) designó al doctor Pedro Fontanetto; la Universidad Católica Argentina (UCA) estará representada por el doctor Hugo Perotti; la Universidad Nacional del Litoral (UNL) por el doctor Pedro Sánchez Izquierdo; y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), Rubén Chaia.

Los 20 puntos base de discusión

A modo orientativo, los temas propuestos son:

1 -Regulación específica de la acción privada cuando el MPF dispone archivo y éste es confirmado por el Coordinador

2- Posibilidad del Estado de asumir el rol de querellante.

3- Regulación de la prueba digital.

4- Incorporación del informante y del arrepentido.

5- Incorporación del proceso contra personas jurídicas.

6- Decomiso anticipado en delitos graves (Ley 13.579 Santa Fe y DNU 575/25).

7- Regulación de una etapa previa a la IPP y su duración.

8- Duración del proceso y plazos para resolver. Problemática del juicio por jurados por el atraso en la fijación de audiencias..

9- Duración máxima de la IPP regla general. Fijación del dies a-quo.

10- Ampliación en procedimientos complejos.

11- Necesidad de prórroga por el Juez de Garantías.

12- Consecuencias de la ausencia tempestiva del pedido de prórroga. Agotamiento de la potestad investigativa.

13- Facultades de la querella para pedir la elevación a juicio o exigir pronunciamiento a la Fiscalía ante la omisión de esta última.

14- Potestades del Juez de Garantías en la etapa intermedia. Límites del control de la acusación y delimitación de las decisiones que son apelables.

15- .Eliminación en la etapa intermedia de la unificación de acusación entre MPF y acusador privado en caso de discrepancia entre ambos.

16- Incorporación expresa de la acusación alternativa o subsidiaria.

17- Regular la incorporación a debate de la declaración de la víctima y del dictamen del perito fallecida.

18- Habilitación de recurso de casación para acusadores morigerando restricción de pena impuesta respecto de la pedida.

19- Carácter imperativo de la privación de la libertad en casos de doble conforme en condenas a prisión de cumplimiento efectivo.

20- Posibilidad de vía recursiva de víctima y MPF en caso de veredicto absolutorio en el juicio por jurados.