El colectivo trava-trans denunció que Jésica Benavidez era víctima de "vulneración social"

El colectivo trava-trans se reunió en la tarde de este miércoles en la plaza Mansilla de Paraná para denunciar "la vulneración social" a la que estaba sometida Jésica "Nicky" Benavidez, una mujer trans de 36 años que fue hallada sin vida en su precaria vivienda de la zona este de la capital entrerriana. Bajo esa premisa se desarrolló la convocatoria, para visibilizar que "la muerte es producto de un sistema que excluye, un sistema que vulnera, principalmente a la comunidad trans, tanto hombres o mujeres", dijo Macarena, una de las militantes del movimiento trans.

La activista sostuvo que las imágenes del lamentable hecho remiten a "la vulneración social que tenía, la precarización en la que vivía. Esa fue la necesidad que motivó este encuentro, de generar un espacio donde seamos nosotros los protagonistas, que seamos nosotres los que podamos expresar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros problemas y cuáles son nuestras realidades".

Luego de conocerse el fallecimiento de la mujer oriunda de Santa Elena, el grupo tomó contacto con sus familiares para ofrecerles acompañamiento, junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. "Viajaron hoy -por ayer- para participar de una reunión para agradecer todo el apoyo que le habíamos brindado las compañeras", acotó.

Sobre la situación que atraviesa el movimiento en Paraná y en el resto de la provincia explicaron que requiere "urgente atención" en función de "las condiciones de vulnerabilidad, y que nos sigue estableciendo un período de vida que es a los 35 años. La verdad que aquellas compañeras que han logrado superar esa franja es todo un logro. No tenemos acceso a la salud", remarcó en diálogo con UNO.

Desde su lugar interpeló al Estado provincial porque sigue habiendo "falta de preparación de los efectores de salud para la atención de los compañeros y compañeras trans en diferentes espacios", y siguió enumerando las deudas del sistema en cuanto a la implementación de políticas públicas. Hay falta de acceso a la educación, de un presupuesto en los diferentes espacios y niveles para brindar posibilidades de acceder a un trabajo, a una vivienda".

En Entre Ríos desde hace algunos años se viene bregando por la implementación de una ley de cupo laboral para personas travestis y trans, una demanda impulsada principalmente por las distintas organizaciones de la diversidad sexual y que a partir de su incansable lucha lograron que en octubre de 2017 sea sancionada y luego promulgada por el gobernador Gustavo Bordet, la ley que crea la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual.

La activista sostuvo que todavía se percibe "una resistencia a que salga de manera afirmativa un cupo laboral trans, que es una principal necesidad" e insistió que se trata de un derecho "que como personas tenemos, de acceso a una vivienda de manera digna, como lo hace cualquier persona. Acá no se plantea ninguna diferenciación, ni la vulneración nos hace víctimas. Somos personas y queremos ser reconocidas como tales, con las misma posibilidad de acceder a los derechos, y viviendo nuestra vida como lo decidimos sin joder a nadie. No puede ser que una identidad sexual en pleno siglo XXI siga siendo un determinante".