Desde los Tribunales de Paraná fueron trasladadas para su destrucción 2.935 armas de fuego secuestradas en el marco de causas judiciales en distintas ciudades de la provincia. El operativo de traslado estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados -ANMaC- y la Policía Federal, con la colaboración del Ejército Argentino y la Policía de Entre Ríos.

La actividad se realiza dentro del Plan de Modernización del Área de Efectos Secuestrados que lleva adelante el Superior Tribunal de Justicia, y el convenio del máximo tribunal con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se trata del segundo traslado de armas de fuego para su destrucción que se efectiviza desde el Poder Judicial entrerriano, completando así la totalidad de armas controladas que se encontraban en depósito luego de sustanciadas las respectivas causas.

Se llevó a cabo a primera hora de hoy, martes 11 de septiembre, la carga controlada y transporte de las armas judicializadas, que serán destruidas en un alto horno emplazado en la Provincia de Buenos Aires.

Este segundo traslado, que se suma al ya realizado en mayo del corriente año, se enmarca en el convenio firmado en 2015 entre el STJ y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para agilizar el intercambio de información y sistematizar la entrega de armas para su destrucción mediante un proceso transparente e imparcial.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados –ANMaC-, organismo dependiente de ese ministerio, tiene a su cargo el manejo exclusivo y excluyente los denominados materiales controlados en todo el territorio nacional por disposición de la Ley Nacional Nº 27.192.

El Superior Tribunal de Justicia, en Acuerdo General Nº 21/17, resolvió implementar un protocolo de destrucción donde se incluyan controles cruzados, en base a lo cual se coordinó con la Agencia Nacional el retiro de las armas de fuego con rigurosos controles de individualización.

Como labor previa al transporte, personal del área de Efectos Secuestrados recibió las armas procedentes de las distintas jurisdicciones de la provincia, en el marco de un Plan de Saneamiento de los depósitos encarado por el STJ que incluyó una importante obra pública proyectada por el área de Planeamiento, y realizada con recursos propios del Poder Judicial, adquisición de tecnología en seguridad y un software de gestión de los elementos secuestrados.

En los días previos al traslado se desarrolló un trabajo conjunto, realizado por el personal de ANMaC y el de Efectos Secuestrados del Poder Judicial, para el control de cada arma, revisión de su número serie y características, y la carga de esos datos en una base centralizada del organismo nacional. Todas las armas de fuego fueron rotuladas y clasificadas de acuerdo a los oficios judiciales que ordenan su destrucción, y acondicionadas en bolsas especiales para su traslado.

La carga, para su posterior traslado, se efectivizó a primera hora de la mañana de hoy en un operativo a cargo de ANMaC y la Policía Federal, con la colaboración del Ejército Argentino y la Policía de Entre Ríos. El proceso fue íntegramente filmado y luego de la correspondiente firma de las actas de entrega y recepción se inició el traslado.

Destrucción de la Armas de Fuego

Una vez arribadas a los depósitos de la Agencia Nacional, y antes de su destrucción, las armas de fuego son chequeadas con las bases de datos de los organismos judiciales federal y de las provincias argentinas, para descartar que alguna de las estas armas sea requerida como prueba en alguna causa en trámite.

Constatada la posibilidad de destrucción, se inicia el proceso que incluye la trituración de los elementos, la separación de la madera, plástico y metal, y finalmente la fundición de este último en un alto horno de una planta siderúrgica de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, para la fabricación de acero.

Las ganancias obtenidas de la comercialización del metal son donadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a la Fundación Garrahan.