Castrillón declararía este viernes por pelea y amenazas

Este viernes no será un día más en la historia del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos: un vocal del Superior Tribunal tendrá dos audiencias de imputación de delitos en la Unidad Fiscal de La Paz. Emilio Haroldo Castrillón se sentará en la misma silla que a diario lo hacen vecinos de a pie que se ven involucrados en causas penales, y lo hará en el territorio donde ha sido siempre amo y señor. Con un pie afuera del máximo tribunal de la provincia (cursa el trámite del juicio político en la Legislatura y ha pedido la jubilación), el hombre conocido como Quete deberá declarar (si quiere hacerlo, o podrá abstenerse) en dos instancias: primero, por los incidentes ocurridos en una pelea en un kiosco de La Paz en la madrugada del 28 de marzo; luego, por las amenazas contra el padre del fiscal Facundo Barboza, Carlos Miguel, quien fue de su riñón político toda la vida.

La primera citación es para las 9 de la mañana, donde los fiscales Oscar Sobko y Constanza Bessa (titular y auxiliar, respectivamente) le leerán los cargos a Castrillón por daños y amenazas denunciados por Mariano Emilio Lukacs, Celso Celestino Chamorro y Natalia Lukacs, en el expediente 18.109. Se trata del episodio violento que protagonizó el vocal del STJ en la esquina de calles Sánez Peña y Belgrano, al lado de su casa, donde hay un kiosco. Esa madrugada fue a reclamar para que bajaran la música y se fueran las personas que estaban allí, porque estaban infringiendo las restricciones por la pandemia. Terminó a las trompadas y empujones (con dos costillas fisuradas), además de producir daños en el local y amenazar al dueño y demás personas que los iba a desalojar porque él es dueño de todo.

La segunda audiencia está prevista para las 10.30, donde los fiscales le endilgarán el delito de Amenazas coactivas. Se trata de la denuncia radicada el 30 de abril por Carlos Barbosa, padre del fiscal que había tomado intervención en el hecho del kiosco. Resulta que Castrillón le envió mensajes amenazantes, “como trata a un peón de sus campos”, ejemplificó una fuente judicial. Incluso, se precisó que había concretado esas amenazas ya que le manifestó que iba a recusar a su hijo Facundo en el pliego que está en la Legislatura para que asuma como fiscal de Gualeguay, y lo hizo unos días atrás. Barbosa pasó por varios cargos políticos, siempre de la mano de vocal del STJ, incluso no pocos creen que el fiscal llegó a ese lugar por tales vínculos. Ahora la relación parece haberse roto para siempre.

Pero además, este jueves Castrillón recusó a Barbosa ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, por ser el hijo de quien lo denunció días atrás, pero sobre todo porque el padre y el hermano fueron testigos de aquel vergonzoso episodio del kiosco. La presentación la hicieron este jueves sus abogados defensores Rubén Pagliotto y Emiliano Castrillón.

Lo que parece una mezcolanza de nombres, apellidos y cargos digna de Macondo, es la maraña que ha dejado en suspenso las instancias de imputaciones de este viernes, aunque desde la Fiscalía se informó que lo estarán esperando a Castrillón en el despacho desde temprano. De todos modos, hasta anoche la decisión estaba en manos de Carballo, quien correrá vista a los fiscales para que dictaminen al respecto.

En este sentido, desde el Ministerio Público Fiscal han aclarado que la recusación debería hacerla Castrillón ante el mismo organismo de acusación de la provincia, tal como lo plantea la Ley 10.407. Además, sostienen que el planteo es extemporáneo porque hace rato que el vocal sabe que Barbosa era el fiscal de la causa inicialmente. Al margen, saben que estas cuestiones son harto conocidas por el magistrado del STJ y que se trata de una estrategia para dilatar el proceso.

Cabe aclarar que las presentaciones de Castrillón contra la Fiscalía se inscriben en el pelito que el hombre tiene con el procurador general Jorge García, pero además en un contexto donde la Unidad Fiscal de La Paz no es precisamente la estrella de la acusación pública en la provincia: está impune el femicidio de Gisela López por una investigación con escasas pruebas; nunca se avanzó en la desaparición de dos pescadores hace cuatro años donde se ha cuestionado allí la inacción del fiscal Barbosa; y allí se denunció la desaparición Theresia Pinter, una mujer que fue secuestrada en un robo en Paraná, pero en la capital provincial se cuestionó que durante varios meses en la Fiscalía de La Paz no se adoptaron las medidas urgentes del caso; por citar algunos ejemplos.