Calleja: dos jóvenes enfrentarán un jurado popular

Uno más complicado que el otro, pero los dos a juicio. Esta fue la sensación final que dejó la decisión que ayer adoptó la jueza de Garantías de Paraná, Carola Bacaluzzo, quien en los próximos días emitirá con sus fundamentos la remisión a juicio de la casusa por uno de los crímenes más resonantes de los últimos años en Paraná: el homicidio del contador Gonzalo Calleja.

Exequiel Morato y Francisco Giménez enfrentarán un jurado popular que deberá decidir si son culpables o no culpables del asesinato por asfixia del joven contador de 29 años, ocurrido el 14 de julio del año pasado.

La hipótesis presentada ayer en la audiencia de remisión a juicio celebrada en los Tribunales de Paraná, por el fiscal Santiago Alfieri, que fue acompañada por los abogados querellantes Iván Vernengo y Damián Petenatti, reconstruye lo que según su versión habría ocurrido en la tarde y noche de aquella fatídica jornada.

Sostuvieron que Calleja había ido al barrio 1° de julio a venderle dólares a Morato, quien ya lo había citado allí en otras oportunidades para realizar el cambio de billetes, aunque no por tanta cantidad como aquella vez. En realidad, el fin de Morato y de quien lo acompañaba era robarle el dinero. Lo convencieron a que subiera al auto Fiat Uno azul y lo llevaron hacia otro sector de la ciudad. Morato conducía, en el asiento del acompañante iba la víctima y atrás Giménez, quien es señalado como el responsable de haber ahorcado desde esa posición a Calleja.

Luego, abandonaron el cuerpo de la víctima en un descampado de calles Montiel y Juan Báez. Esa misma noche, la familia de Gonzalo radicó la denuncia y comenzó la búsqueda y los pedidos desesperados de ayuda en las redes sociales. Luego de 24 horas de angustia, el cuerpo sin vida fue hallado en el lugar mencionado por una mujer que paseaba por el lugar con su hija en bicicleta. La autopsia confirmó que la causa de muerte violenta fue asfixia.

Morato cambió de defensa. Su anterior abogado particular, Eduardo Gerard, renunció antes de esta instancia, y asumió la defensora oficial Fernanda Álvarez. No hubo oposición a que el joven sea enviado a juicio, aunque se discutió la calificación legal del hecho, ya que lo que Morato buscará es evitar la máxima pena de prisión perpetua por el delito que le imputan, homicidio agravado por críminis causa (matar para ocultar el robo); mientras que él pretenderá una sanción por homicidio en ocasión de robo, cuya pena de de 10 a 25 años de prisión.

Es que el mismo imputado, acorralado por las pruebas, dijo haberse encontrado con Calleja y haber estado al momento en que otros que iban en la parte trasera de su auto lo mataban. La confesión llegó luego de que la División Homicidios encontrara el auto del que se había desprendido en un taller, hiciera desaparecer el celular y comprara cocaína con el dinero sustraído, entre otras huellas que fue dejando y fueron descubiertas.

Distinta es la situación de Giménez, a quien lo incrimina, por un lado, que conocía a Morato previamente; por otro, un mensaje enviado desde la aplicación Telegram de su celular a un familia, a las 21 de ese mismo 14 de julio, a quien le dijo “se complicó”. Además, del informe de la línea del celular de Morato, se desprende que la misma se activó en cercanías a la vivienda de la madre de Giménez esa misma noche. Ese vínculo es lo que más compromete al joven, ya que no hay rastros genéticos, huellas ni tesigos que lo ubiquen en los lugares al momento del crimen.

El abogado defensor de Giménez, Juan Cabrera, pidió ayer el sobreseimiento del acusado por la falta de pruebas. Aseguró que el contacto que mantuvo con Morato fue porque le reclamaba una deuda de 20.000 pesos que el joven del barrio 1° de julio tenía con él y su padre por un trabajo que habían realizado en su casa. “Se me complicó” indicaba que no pudo cobrarle.

No obstante, la jueza resolvió la remisión a juicio de ambos imputados. Luego de que se publique su resolución, se deberá citar a una nuva audiencia para definir qué pruebas serán las que se ventilarán en el debate. Luego de esta instancia, el legajo irá al Tribunal de Juicio que deberá poner en marcha el procedimiento para citar a los 12 ciudadanos titulares y seis suplentes que decidirán el futuro de los dos acusados.