El año pasado ocurrieron hechos inéditos que mantuvieron a la ciudad de Paraná en las portadas nacionales, con el nombre del exintendente Sergio Varisco como protagonista. Por un lado, el juicio y condena por narcotráfico, y por otro la agresión que sufrió en la puerta de su casa por una persona que le reclamaba un contrato supuestamente prometido en campaña. Se cumplen hoy nueve meses de este lamentable episodio que inicialmente parecía traer aparejado un proceso penal ejemplificador, pero que luego por distintas razones se fue dilatando y la turbación que causó la imagen del político en el suelo se fue apagando.
A nueve meses de la agresión a Varisco, aguardan una pericia y pedidos de sobreseimientos
Aún hay tres imputados por la agresión. Esperan por el análisis del celular de Musuruana, que está roto. El cese de acusación a Gauna y Godoy sigue en suspenso.
Por José Amado
30 de junio 2020 · 18:34hs
Si bien la causa que tiene a tres imputados ya podría estar resuelta de no haber sucedido la emergencia sanitaria y el consecuente receso en la actividad judicial, tampoco hubo demasiada premura en las partes para que avanzara, según pudo averiguar UNO. Tanto por la pandemia como por nuevas causas que demandaron intervenciones urgentes y prioritarias para la Fiscalía.
El hecho sucedió el 1° de octubre, en la vereda de calle Pellegrini entre Bavio y Perú, en la puerta de la vivienda familiar de Varisco. Este llegaba al domicilio cuando fue interceptado por tres personas. Una de ellas, Juan Ignacio Musuruana, de 25 años, lo increpó, lo habría empujado o tomado del cuello, por lo cual el entonces intendente cayó al suelo y se fracturó la cadera. Al agresor lo acompañaban Vanina Julieta Gauna y Claudio Javier Godoy. Alguien registró con su celular el video de Varisco en el suelo y Musuruana gritándole: “¡Vos me hiciste laburar como un perro (...) vos no me vas a dar laburo, te termino de matar, tu hija me dio la palabra de que me iba a dar trabajo! ¿Querés un médico? ¡Te voy a matar!”.
El video se viralizó y en la misma tarde de ese martes las tres personas se entregaron a la Justicia y quedaron detenidas hasta el jueves siguiente. Musuruana quedó luego con 30 días de prisión preventiva domiciliaria, y Gauna y Godoy libres. La Fiscalía a cargo de Natalia Taffarel, les imputó Amenazas coactivas agravadas por el propósito de obtener alguna medida de parte de un miembro de uno de los poderes públicos, delito que tiene una escala penal de entre cinco y 10 años de prisión.
A su vez, se supo entre otras cuestiones que ese martes, por la mañana, al menos Musuruana con alguno más había efectuado el mismo reclamo a Varisco en el palacio municipal.
Acerca del devenir de la causa, se supo que poco antes de fin de año el abogado defensor de Gauna, Humberto Franchi, solicitó el sobreseimiento de la mujer, porque no agredió a Varisco e incluso se observa en el video que intentó separar a Musuruana (representado por la defensora oficial Fernanda Álvarez). El defensor Javier Aiani adhirió a ese planteo respecto de Godoy.
La Fiscalía, antes de responder, esperaba la pericia al celular de Musuruana para observar si aparecía algún mensaje de texto u otra información que demostrara una coordinación previa para lograr determinado objetivo en el apriete a Varisco.
Esta medida de prueba aún no se concretó, aparentemente porque el teléfono en cuestión está roto y no se puede examinar.
Mientras tanto, las partes fueron buscando otras pruebas para sustentar sus posturas ante un eventual juicio, aunque tanto a la víctima como al victimario no les convenza llegar a un debate. Musuruana, por el riesgo de exponerse a una posible pena de prisión efectiva; Varisco, por los testimonios y hechos que se puedan ventilar respecto a los motivos y el trasfondo del violento episodio.
En este sentido, no se descarta que se pueda dialogar para arribar a un entendimiento con una solución alternativa al conflicto. Aunque en caso de darse esta situación habría que conocer cuál sería la postura de la Fiscalía, como titular de la acción penal, que en los últimos años ha tenido una política de buscar esas vías para determinados casos. De esto ya se hablaba en las primeras semanas de la tramitación de la causa, aunque en aquellos días no parecía tan probable.
Actualmente Musuruana está libre con restricciones, y Varisco con prisión preventiva domiciliaria en el marco de la sentencia (no firme) del Tribunal Oral Federal de Paraná que le impuso cinco años y seis meses de prisión por narcotráfico, junto a Daniel Tavi Celis, la exfuncionaria Griselda Bordeira y el exconcejal Pablo Hernández entre los 26 condenados.