A los profesionales condenados les decomisarán bienes millonarios

El abogado Roberto Mario Izaguirre (48) y los contadores Salvador Luis Morelli (62) y Sergio Oscar Araquistain (56) cumplen desde el miércoles 9 de mayo prisión preventiva domiciliaria tras haber sido condenados por el delito de asociación ilícita fiscal en perjuicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los profesionales son quienes montaron una verdadera empresa criminal que operó en el corazón de Paraná y que amasó millones de pesos y dólares, tanto en moneda como en bienes muebles e inmuebles.

La noticia generó un cimbronazo en el microclima de los contadores de la provincia. Y es que se trató de un fallo histórico: por primera vez en Entre Ríos se estableció probada la existencia de una organización criminal para estafar a la AFIP por sumas millonarias a través de compensaciones truchas. A nivel país, un fallo de similares características lo dictó en 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario, cuando condenó a 16 personas.

La sentencia emitida por el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por los jueces Noemí Berros, Roberto Manuel López Arango y Mariel Emilce Rojas (subrogante), estableció que el abogado y los dos contadores desplegaron un complejo y millonario negocio destinado a evadir impuestos a AFIP.

En el legajo judicial se consideró que concretaron su empresa criminal entre “los meses de septiembre de 2010 y mayo de 2015”. ¿En qué consistía la operatoria delictual? El abogado y los contadores ofrecían certificados mellizos de retención a distintas empresas que eran utilizados para cancelación de obligaciones fiscales. Entre sus clientes figuraron empresarios conocidos de Entre Ríos, como Miguel Ángel Marizza y Néstor Iván Szczech, entre otros. Estos últimos fueron sobreseídos de la causa que se les inició por el delito de simulación dolosa de pagos, el primero por aplicación de la ley penal más benigna (antes de ir a juicio tuvo un golpe de suerte: se reformó la Ley Penal Tributaria y su caso quedó por debajo del monto de evasión punible) y el segundo por prescripción de la acción penal.

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Acusación

Concretamente, la imputación señalaba que Izaguirre, Morelli y Araquistain “formaron parte, a sabiendas y de manera consensuada, de una organización habitualmente destinada a cometer los delitos de simulación dolosa de pago previstos en la Ley nacional 24.769, contactando a distintos contribuyentes de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, concretamente el Sr. Miguel Ángel Marizza, el Sr. Guillermo Gabriel Galeazzo y el Sr. Néstor Iván Szczech, que registraban deuda ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a quienes les proporcionaban certificados falsos de retenciones ficticias sufridas en apariencia por otros contribuyentes, que generaban un saldo de libre disponibilidad que era inmediata e indebidamente utilizado para la cancelación de distintas deudas fiscales; interviniendo en la gestión y trámite ante el Fisco por el que se hacían valer dichos certificados falsos”.

La acusación agregaba que “esta asociación diagramaba y organizaba sus actividades en el edificio Paseo de las Luces, sito en calle Buenos Aires N° 60, piso 5, B, de Paraná”. Es decir, operaban desde el corazón de Paraná. Allí tenía su sede la Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “Alianza Empresaria LTDA”, firma de transporte de mercadería con la que evadieron millones. El día del allanamiento, en mayo de 2015, los investigadores encontraron en la oficina a Izaguirre y Morelli.

En aquel procedimiento, los investigadores de AFIP secuestraron un total de 112 cajas de documentación que puso en la picota a la banda. En el proceso, el organismo recaudador nacional sostuvo que sólo con esta firma se evadieron más de 80 millones de pesos. “Al valor del dólar de entonces, que estaba en poco más de $10, eran más de 7 millones de dólares los que simularon, es decir, el dinero que nunca cobró AFIP”, ejemplificó una fuente judicial a UNO.

Decomisos

En el alegato de cierre del juicio, la Fiscalía y la querella peticionaron que a los profesionales se les decomisen una serie de bienes millonarios que expresan la dimensión de la estafa al fisco: en el caso de Morelli, solicitaron se le decomisen dos departamentos que ostenta en Miami, Estados Unidos, como así también una cuenta bancaria, y un inmueble en un country en Córdoba; a Araquistain pidieron se le decomise un viñedo de más de 1.000 hectáreas ubicada en la provincia de Mendoza, cuyo valor supera el millón de dólares, y otros dos campos en la misma provincia; y tres automóviles de alta gama, entre ellos un lujoso Mercedes Benz. En tanto, a Izaguirre requirieron se le decomise un departamento que posee en Paraná.

Al peticionar la medida, el fiscal general José Ignacio Candioti remarcó ante el TOF que “hubo un acuerdo criminal para cometer delitos” y que producto de esa actividad “obtuvieron bienes millonarios”.

Cabe recordar que en el proceso actuaron, además, por la Fiscalía Federal Juan Podhainy; y por la querella de la AFIP-DGI, las abogadas Diana Marina Núñez y María Florencia Sieber.

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Un delito que escondía otro

El delito de asociación ilícita fiscal está contemplado en el artículo 15 inciso C de la Ley Penal Tributaria (Nº 24.769). Sostiene que será reprimido con prisión quien “formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley”. La pena mínima es de 3 años y la máxima de 10. En tanto, especifica que “si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a 5 años de prisión”.

Los tres profesionales condenados fueron quienes pusieron en marcha un aparato ilegal para cometer otro delito: la simulación dolosa de pago, que fue el delito que cometieron los grandes contribuyentes que accedieron a los “servicios” de la pyme delictiva del abogado y los contadores.

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El fiscal general Candioti encabezó la acusación.

Una fuente conocedora del paño, explicó: “Los profesionales vendían un certificado de retención que eran de otras empresas y lo hacían al 94% del valor del certificado”. “Es decir, si era un certificado por $10 lo vendían a $9,40. El negocio estaba en que lo daban financiado, es decir, podía ser en cuotas o entregando como forma de pago un inmueble”, explicó a UNO un investigador. En este caso, claro, los certificados servían para cancelar deudas por sumas importantes de dinero.

Para entender la dimensión de la operación, en el juicio se reveló que en un correo electrónico se encontró una comunicación entre uno de los condenados con un empresario. Allí, el profesional le reclamaba el pago del certificado, a lo que el empresario le respondió que le entregaría un departamento para saldar la deuda.

Condenas y testigos complicados

El TOF condenó a Izaguirre (hijo de Alicia Ibáñez) y Morelli a la pena de 5 años y 3 meses de prisión, más el pago de una multa de $90.000; y al contador Araquistain, le aplicó 6 años y 3 meses de prisión efectivo, más el pago de una multa por el mismo valor que sus socios. Todos por el delito de asociación ilícita fiscal.

En tanto, absolvió a la abogada Alicia Ibáñez, quien se desempeñaba en la Delegación Paraná de AFIP. En la acusación, Fiscalía y querella la señalaron como parte fundamental de la banda, ya que la consideraban como quien “brindaba los datos de los contribuyentes que se encontraban en situación de deuda con la AFIP-DGI”. Sin embargo, el TOF consideró que no se probó su intervención. El 8 de junio el TOF dará a conocer los fundamentos de la sentencia condenatoria.

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En el adelanto de veredicto el TOF decretó el decomiso de los bienes pertenecientes a De Araquistain, Izaguirre y Morelli; y como medida cautelar, la “anotación de Litis” –alerta a futuros contratantes que el bien de la firma está judicializado- respecto de los bienes de titularidad de Belgrano Sur SRL, empresa con domicilio fiscal en la localidad de General Belgrano, provincia de Buenos Aires. La medida subsistirá hasta que se “resuelva el incidente de decomiso”.

En otro punto el Tribunal dispuso que se remita al agente fiscal federal copia de la declaración testimonial de César Fabián Ebel, Gustavo Adelqui Rodríguez y Ana Laura Petrussi a fin de que sean investigados por la presunta comisión del delito de falso testimonio.

Como contó UNO, en este mismo caso, pero en un proceso aparte, fueron condenados Héctor Ricardo Salé, un bonaerense radicado en María Grande, titular de la firma TH Construcciones y dueño del complejo Interlagos de la localidad de Paraná Campaña; Guillermo Gabriel Galeazzo, Pablo Gabriel Galeazzo, Santiago Alberto Gaitán Facello y Juan Santiago Correa, de Constructora del Norte SRL. Todos pretendieron cancelar una deuda con la AFIP presentando certificados falsos, pertenecientes a otra firma. La Justicia Federal los condenó a dos años y seis meses de prisión condicional.