Asociación ilícita fiscal: condenaron a un abogado y dos contadores, en Paraná

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó al abogado Roberto Izaguirre Ibáñez (48) y a los contadores Luis Salvador Morelli (62) y Sergio de Araquistain (56) por el delito de asociación ilícita fiscal y les aplicó penas severas de prisión efectiva que cumplirán, hasta que la sentencia quede firme, en su modalidad domiciliaria. En tanto, absolvió a la abogada Alicia Ibáñez y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre ella.

El abogado y los dos contadores fueron encontrados responsables de fraguar certificados de libre disponibilidad falsos o mellizos para la simulación de pagos. En el adelanto de lectura de veredicto que presenció este martes UNO, en primer lugar, el Tribunal presidido por la jueza Noemí Berros absolvió a la abogada Ibáñez, quien trabajaba en la AFIP.

En tanto, Izaguirre (hijo de Ibáñez) y Morelli fueron declarados coautores del delito de asociación ilícita fiscal. Y se les aplicó la pena de 5 años y 3 meses de prisión, más el pago de una multa de $90.000. El contador Araquistain, por su parte, fue declarado coautor del mismo delito, pero la condena fue mayor: 6 años y 3 meses de prisión efectivo, más el pago de una multa de $90.000.

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Asimismo, el Tribunal Federal revocó las excarcelaciones de los tres condenados y decretó que desde hoy comiencen a cumplir la pena efectiva en su modalidad domiciliaria, la cual "subsistirá hasta que la sentencia condenatoria adquiera firmeza". También dispuso el decomiso de los bienes de los tres profesionales condenados.

La lectura del adelanto de sentencia fue seguida en la sala de audiencias por los abogados defensores Miguel Cullen, José Velázquez y Damián Petenatti. Y estuvieron presentes Ibáñez, Izaguirre y Morelli. Araquistain, en cambio, siguió la audiencia virtualmente desde la localidad de General Belgrano, provincia de Buenos Aires.

Por la acusación estuvieron el fiscal general José Ignacio Candioti y Juan Podhainy; y por la querella de la AFIP-DGI actuaron Diana Marina Núñez y María Florencia Sieber.

Los fundamentos completos serán dados a conocer el 8 de junio.

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El fiscal general Candioti encabezó la acusación.

Fundamentos para la prisión preventiva

La titular del Tribunal, Noemí Berros, fundamentó que la prisión preventiva domiciliaria de los tres condenados es necesaria porque existen "riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de averiguación de la verdad".

Subrayó que si permanecen en libertad, los condenados podrían recibir colaboración de partícipes o coautores aún no identificados para eludir el cumplimiento de la sentencia.

"La hipótesis no es aventurada, sino probable y por tanto objetiva y presumible", argumentó. Y agregó que el abogado y los dos contadores son mayores de edad y se encuentran en buenas condiciones físicas y con "capacidad suficiente para tratar de eludir las penas impuestas".

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Asimismo, destacó que "se trata de sujetos altamente socializados que han alcanzado niveles de educación superior: Izaguirre es abogado; y Morelli y Araquistain son contadores. Además, disponen de recursos intelectuales y simbólicos con aptitud para potenciar esos riesgos procesales. No puede pasarse por alto que los tres exhiben un status social elevado".

Y añadió que "están insertos en un entramado de relaciones correspondiente a las franjas sociales medios altas y vinculados a sectores de poder fáctico e institucionales. Gozan de buena posición y cuentan con probado pasar económico. Disponen de bienes e inmuebles; y recursos y relaciones, familiares o de amistades, tanto en el país con el extranjero con idoneidad para facilitar la posibilidad de ocultamiento".

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La jueza Noemí Berros leyó el adelanto de sentencia.

Por todo ello, el Tribunal dispuso que sean trasladados a sus domicilios para que cumplan la prisión impuesta. Serán monitoreados con tobillera electrónica, pero hasta tanto los dispositivos les sean suministrados estarán bajo la vigilancia del Patronato del Liberado de Entre Ríos (para el caso de Izaguirre y Morelli) y el Patronato del Liberado Bonaerense (en el caso de Araquistain).

El caso

Como contó UNO, la AFIP retiene montos de dinero excedentes luego de los pagos a cuenta que un contribuyente puede disponer luego para el pago de impuestos. Para realizar la maniobra ilícita, los acusados accedieron a dos tipos de información: por un lado, de quienes contaban con esos montos a favor; por otro, de aquellos que estaban con deudas. Entonces, falsificaban o duplicaban los certificados de los primeros, que luego vendían a los segundos. La maniobra fue ejecutada entre 2010 y 2015, cuando se sucedieron los allanamientos.

Entre los clientes beneficiados con estas maniobras, en el juicio se mencionó a: Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “Alianza Empresaria”, Construcciones Antonio Caballi SA, Néstor Iván Szczech, Constructora del Norte SA, Empresa San José (Grupo Flecha Bus).

Además, en la investigación se pudo determinar que los acusados crearon empresas ficticias a las cuales transferían montos importantes de dinero con los que adquirían bienes. Por ejemplo, se indicó que conformaron Pack S.A. con la que se desviaron sumas millonarias, y Belgrano Sur, mediante la cual uno de los imputados adquirió una finca en Mendoza para desarrollar un viñedo, a un costo de 1 millón de dólares.