Comenzó el juicio a profesionales por servicio de evasión de impuestos

Comenzó este martes el juicio contra dos abogados y dos contadores por el delito de asociación ilícita fiscal. Los acusan de montar una empresa que falsificaba certificados con los cuales sus clientes podían simular pagos de impuestos. Algunos de los beneficiados, poderosos empresarios de la provincia de Entre Ríos, fueron condenados y otros sobreseídos.

En la primera jornada del juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por Noemí Berros, durante aproximadamente dos horas y media se dio lectura de las requisitorias de elevación a juicio de la Fiscalía y de la AFIP, así como la resolución del juez federal Pablo Seró. Luego, los defensores plantearon cuestiones preliminares que los jueces deben resolver.

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Los imputados son los abogados Alicia Ibáñez, que trabajaba en la AFIP, y su hijo Roberto Izaguirre Ibáñez, y los contadores Luis Salvador Morelli y Sergio de Araquistain. Los representan los abogados Miguel Cullen, José Velázquez, Sergio Avero y Damián Petenatti.

Por el Ministerio Público actúan el fiscal general José Ignacio Candioti y Juan Podhainy, y por la querella de la AFIP-DGI Diana Marina Núñez y María Florencia Sieber.

Según la acusación, fraguaban certificados de libre disponibilidad falsos o mellizos para la simulación de pagos. La AFIP retiene montos de dinero excedentes luego de los pagos a cuenta que un contribuyente puede disponer luego para el pago de impuestos. Los acusados habrían accedido a dos tipos de información: por un lado, de quienes contaban con esos montos a favor; por otro, de aquellos que estaban con deudas. Entonces, falsificaban o duplicaban los certificados de los primeros, que luego vendían a los segundos. Aseguran que la maniobra fue ejecutada entre 2010 y 2015, cuando se sucedieron los allanamientos.

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Entre los clientes beneficiados con estas maniobras, se mencionó a: Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “Alianza Empresaria”, Construcciones Antonio Caballi SA, Néstor Iván Szczech, Constructora del Norte SA, Empresa San José (Grupo Flecha Bus).

Sostienen que hubo “un acuerdo estable y permanente para crear y ofrecer a terceros retenciones falsas o mellizas que permitan simular pagos de obligaciones tributarias”. Los beneficiados con esta operación habrían incluido declaraciones juradas falsas.

También se planteó que la investigación pudo determinar que los acusados crearon empresas ficticias a las cuales transferían montos importantes de dinero con los que adquirían bienes. Por ejemplo, se indicó que conformaron Pack S.A. con la que se desviaron sumas millonarias, y Belgrano Sur, mediante la cual uno de los imputados adquirió una finca en Mendoza para desarrollar un viñedo, a un costo de 1 millón de dólares.

Se leyeron numerosos mensajes de texto entre los acusados sobre las operaciones que iban realizando, así como también con otras personas, entre ellos aparentemente quienes eran funcionarios de la AFIP de Entre Ríos.

Los profesionales juzgados sostienen su inocencia, tal como han declarado en la etapa de instrucción de la causa, según se expuso en la audiencia de ayer. Por ejemplo, Alicia Ibáñez afirmó no saber por qué estaba involucrada en la causa, negó ser funcionaria de AFIP sino una empleada oficinista que no podía tener acceso a la información que le endilgan haber obtenido para la maniobra delictiva. Acusaron a la querella del organismo recaudador de realizar una “cacería de brujas”. Sostienen que la venta de los certificados era un mecanismo lícito.

El juicio va a ser extenso y complejo, con las declaraciones de varios testigos y de los procesados.

Según el procesamiento del juez Seró, Izaguirre Ibáñez, Morelli y Araquistain eran los jefes u organizadores de la asociación ilícita fiscal, mientras que Ibáñez era integrante, un delito que prevé penas de entre tres y 10 años de prisión, pero para quien es considerado jefe de tal organización la mínima comienza en cinco años.

Hacer negocios con el Estado y luego no pagarle los impuestos

Ninguno de los clientes de los imputados son desconocidos, tanto en el ámbito de los negocios privados como en las licitaciones públicas del Estado provincial y nacional. Algunos de ellos fueron condenados y otros resultaron sobreseídos.

Entre los condenados, se encuentra Héctor Ricardo Salé, un bonaerense radicado en María Grande, titular de la firma TH Construcciones y dueño del complejo Interlagos de la localidad de Paraná Campaña. En el sistema de compensaciones pretendió cancelar una deuda con la AFIP presentando certificados falsos, pertenecientes a otra firma. Tras un acuerdo entre las partes, el tribunal lo condenó a dos años y seis meses de prisión condicional. También recibieron la misma pena Guillermo Gabriel Galeazzo, Pablo Gabriel Galeazzo, Santiago Alberto Gaitán Facello y Juan Santiago Correa, de Constructora del Norte SRL.

En tanto, Néstor Iván Szczech fue sobreseído por prescripción de la acción penal. En la discusión jurídica sobre el delito que debían imputarle, legó a la Corte Suprema que resolvió a su favor, con una acusación más leve, por la cual debido al tiempo transcurrido hasta que se resolvió el pleito, la acción penal ya había proscripto. Szczech es expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, actual vice de la Federación Interamericana de la Construcción.

Miguel Ángel Marizza, volvió a caer parado en esta causa, como en otras en la que estuvo involucrado el polémico empresario de Paraná. Iba camino al juicio, cuando se modificó la Ley Penal Tributaria y se elevó el monto de evasión punible. Es decir, la cantidad de dinero por la que se defraudó al Estado era, al momento de la investigación, suficiente para someterlo a un proceso penal. Cuando la Ley se modificó, la cifra de su evasión quedó por debajo de ese límite y fue sobreseído por aplicación del criterio de la ley penal más benigna.