Piden que el Congreso nacional investigue la concesión del enlace Victoria - Rosario

En sintonía con las últimas noticias conocidas sobre la disolución de la empresa adjudicataria de la conexión vial Victoria - Rosario, el diputado nacional Fabián Peralta (Gen-Santa Fe) presentó un proyecto de ley para que se cree en el Congreso una comisión bicameral de carácter especial con el objetivo de investigar los pormenores de la licitación, la construcción y la explotación de la traza.

 

“Queremos que el Congreso investigue y llegue a conclusiones sobre lo que para nosotros fue un escándalo desde el comienzo. Se registraron irregularidades en la licitación de la construcción de los 60 kilómetros de la ruta, y el broche de oro fue el retiro anticipado de la empresa Puentes del Litoral. A esto le siguió la asunción de la nueva empresa, Caminos del Río Uruguay, sin que se produjera licitación alguna”, manifestó el legislador del partido Gen.

 

La obra del puente fue objeto de cuestionamientos desde sus inicios. Al respecto, en 2004, la Auditoría General de la Nación (AGN) precisó que se habían modificado los pliegos flexibilizándolos a conveniencia de la concesionaria.

 

Además, Peralta recordó que “el mismo órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) dictaminó, en el año 2005, que se había pagado un 10% más de lo que se había estipulado para construir la obra. Por otro lado, hay que agregar que buena parte de la financiación provino del Estado nacional”.

 

Con dos juicios

El legislador recordó que la Nación puso 238 millones de pesos, a lo que hay que sumar 20 millones provenientes de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. “Vemos que la ecuación da como resultado que el Estado puso gran parte del dinero, una empresa privada administró la obra y ahora se va dejando dos juicios. Uno de ellos lo inició la empresa saliente contra el Estado nacional por no permitirle subir los peajes y el otro es de una empresa holandesa contra Puentes del Litoral. Nuestra preocupación es que la historia termine con el Estado nacional pagando esos juicios”, alertó el parlamentario.

 

A esta situación se suman las “deficiencias desde el punto de vista ambiental y de la seguridad vial. Estudios de impacto previos recomendaban diseños menos nocivos para la naturaleza, con una menor extensión de los terraplenes. En cuanto a la seguridad vial, hasta el año pasado se contabilizaban 842 siniestros, de los cuales 160 se produjeron en los puentes de la traza. Ni siquiera se hicieron las banquinas correspondientes”, afirmó.

 

De ser aprobada la Ley, la comisión tendrá un plazo de seis meses para recabar información y determinar las responsabilidades políticas y jurídicas de las irregularidades. “El Congreso debe tener una palabra al respecto, tiene que tener la información y determinar responsabilidades en este proceso nefasto”, concluyó el referente del bloque de Margarita Stolbizer.

 

Fuente: La Capital