Paraná: municipio intimó a Buses Paraná a regularizar la prestación del servicio de Transporte Urbano

En la mañana de este miércoles, y luego de innumerables reuniones y gestiones que la gestión del intendente Adán Bahl viene llevando adelante, el Municipio de Paraná presentó una carta documento a Buses Paraná (ERSA- Mariano Moreno) intimando a regularizar la prestación del servicio del Trasporte Urbano de Pasajeros en el término perentorio e improrrogable de 72 horas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones tendientes a declarar la caducidad de la concesión por incumplimiento de las obligaciones esenciales.

“No vamos a permitir que los vecinos de la ciudad de Paraná sigan siendo rehenes de esta situación. Hemos mantenido innumerables reuniones, sugerencias y alternativas para retomar el servicio. Ya no podemos seguir tolerando estas instancias con el servicio parado, no vemos intenciones de la empresa de resolver la situación” sostuvo el intendente Bahl.

El último viernes el Municipio presentó una nueva propuesta a los empresarios, quienes expresaron que darían una respuesta antes de las 18 horas de ayer martes. Hasta el momento la empresa no se comunicó con el Municipio motivo por el cual se presentó la carta documento.

Foto: UNO/Diego Arias

40 días sin colectivos

El reclamo que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició el 2 de julio por la falta de pago del medio aguinaldo en todo el interior del país, y que después de 40 días solo permanece en Paraná que acumula ahora más deudas salariales.

El viernes, con el depósito por parte del gobierno provincial de los 14 millones de pesos mensuales, como adelantó UNO, la concesionaria Buses Paraná depositó aproximadamente unos 25.000 pesos a cada uno de los más de 400 trabajadores. Con ello se completaron los haberes pendientes del mes de junio.

Con el plazo ya expirado para cancelar los salarios del mes de julio –habitualmente perciben sus haberes el cuarto día hábil de cada mes–, esos montos se suman y acumulas a la creciente y abultada deuda de las empresas del transporte urbano.

En total, de acuerdo con las cifras estimadas a UNO, la demanda sindical ronda los 75 millones de pesos. El volumen explica por qué pese al ingreso de subsidios a las arcas de las empresas, y las cuentas de los choferes, el paro sigue sin levantarse.

Cada mes, las firmas Mariano Moreno y ERSA reciben 14 millones de pesos de la Provincia, y 22 millones de pesos de Nación, que en julio no llegaron por falta de partida presupuestarias del Gobierno, que la semana pasada apuró y aprobó en el Congreso una ampliación presupuestaria para abordar, entre otras actividades, la situación del transporte en el interior del país. Mientras tanto, Paraná no aporta al sistema de transporte urbano local, desde el mes de marzo, ya que sólo lo hacía por la vigencia del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU): el compromiso eran 2,5 millones de pesos por la llegada de los chicos a las escuelas.

La suspensión de las clases presenciales frenó esa cifra que, igualmente, es ínfima para los costos operativos: la recaudación por boletos es la otra parte de ingresos de recursos económicos que desde hace casi 40 días no tienen las empresas, y que durante la cuarentena había caído alrededor de un 70% por la reducción de la movilidad urbana. Por lo tanto, mientras por subsidios las empresas están recibiendo unos 36 millones de pesos, la deuda que reclaman los trabajadores llega a unos 75 millones de pesos.

Desglosada, corresponde alrededor de 42 millones de pesos de la masa salarial pendiente del mes de julio; 21 millones de pesos del medio aguinaldo no abonado antes que finalice el primer semestre; más de 4 millones de pesos por el bono salarial de 4.000 pesos dispuesto por el gobierno nacional mediante Decreto 1420. A ello se suman diferencias salariales varias y del aguinaldo correspondiente al mes de diciembre, y también pagos por los días no pagados durante los 15 días de paro del año pasado, suman otros 10 o 15 millones de pesos.

En el caso de los días de paro de 2019, son motivo de controversias y planteos legales por parte de las empresas. Pero en una de las series de medidas de fuerza realizadas por los trabajadores el año pasado, las empresas abonaron como “expresión de voluntad” parte de esas largas jornadas en que no hubo servicio público en Paraná.

Esta abultada deuda mantiene tensa la relación interna en la UTA, entre choferes más predispuestos a retomar el funcionamiento del transporte público, y un sector duro reacio a levantar la medida de fuerza hasta que no se abone el total adeudado.

De un lado y del otro, en los pocos espacios de diálogo habilitados a lo largo de este mes y días sin servicio en Paraná, ven como escenario de negociación que esos 22 millones de pesos que lleguen de la Nación, permitan afrontar parte de los salarios de julio, y un compromiso de completar lo pendiente si Nación antes de fin de mes regularice el pago de sus subsidios. La Municipalidad podría realizar también un aporte a modo de adelanto, o a través de recursos de un Fondo Compensador, para reducir esa deuda, pero exige que los colectivos estén en las calles.

Mientras millones de pesos se calculan para destrabar la prestación de un servicio esencial, miles de usuarios ajustan sus bolsillos y afrontan mayores gastos para trasladarse a sus trabajos, realizar trámites o asistir para recibir atención médica, por ejemplo. Son esos miles de usuarios, procedentes de sectores de bajos recursos, que tienen al colectivo como único y más barato servicio para trasladarse.

A todos ellos, nadie les ha dado respuestas en casi 40 días. Tampoco tuvieron ámbitos para expresarse, reclamar, ni organismos o instituciones que los representen.