El juez federal Ariel Lijo ordenó secuestrar los libros contables de la fundación SUMA, que preside la vicepresidenta Gabriela Michetti, pero los investigadores no los encontraron porque los tendría el contador, mientras la AFIP informó que la ONG recibió en 2015 aportes por más de cuatro millones de pesos.
Ordenan secuestrar los libros contables de la fundación de Michetti
Lo dispuso el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa que investiga el origen del dinero que le robaron a la funcionaria de su casa el día que ganó el ballotage.
7 de septiembre 2016 · 20:38hs
Las diligencias se realizaron en el marco de la causa que investiga el origen del dinero que le robaron a la funcionaria de su casa el día que ganó el ballotage en la fórmula presidencial a Mauricio Macri.
Fuentes judiciales dijeron que cuando los agentes del juzgado llegaron a la sede de SUMA los libros requeridos por el magistrado no estaban y se les explicó que esos registros se encontraban en poder del contador, por lo que se comprometieron a presentarlos mañana jueves en los tribunales federales.
Los datos forman parte de la causa que intenta dilucidar el origen del dinero que fue robado de la casa de Michetti el 22 de noviembre pasado, cuando la fórmula que ella integraba con Macri ganó las elecciones presidenciales, consigna la agencia de noticias DyN.
Según la denuncia, faltaron 200 mil pesos que pertenecían a donaciones que se realizaron a la Fundación SUMA y unos 45 mil que, según Michetti, eran para una refacción y el manejo de la casa, mientras había otros 50 mil dólares que salieron de un préstamo de su novio, Juan Tonelli.
Pero un abogado, Leandro Martínez Herrero, denunció el hecho, mientras que diputados kirchneristas pidieron investigar no solo la fundación SUMA sino otras fundaciones relacionadas a funcionarios del PRO.
Trascendió además que el juez pedirá las declaraciones juradas de la pareja de Michetti, ya que la vicepresidenta señaló que parte del dinero era de su propiedad.
Michetti ya oficializó el cambio de abogados y ahora su representante legal es el jurista radical Ricardo Gil Lavedra.