Por qué sancionar el negacionismo

El presidente Alberto Fernández, durante su reciente gira europea, anunció que impulsará una ley contra el negacionismo de la dictadura, similar a la que está en vigor en Francia, que contempla penas para quienes nieguen públicamente los crímenes de lesa humanidad. Este fue el compromiso que asumió el mandatario al recibir en París a organizaciones que trabajan por los derechos humanos. La ley francesa que se toma de referencia se creó para que no haya posibilidades de negar el Holocausto. Por su vigencia han sido condenados tanto políticos de ultraderecha como historiadores revisionistas.

No es el único país donde existen leyes de este tipo. Las hay en Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Liechtenstein y Letonia. También está en debate en otras naciones como Italia y Chile. En el caso de Alemania, la norma contempla específicamente los crímenes cometidos por el nazismo. Negar allí estos delitos se sanciona con penas que van desde una multa hasta cinco años de cárcel. La misma cantidad de años que se prevé en Francia. En Austria las sanciones pueden ser más duras aún. Allí “se castiga el negar, banalizar gravemente, preciar o justificar el genocidio nacionalsocialista u otros delitos contra la humanidad con prisión de entre uno y 10 años, y en caso de especial peligrosidad del reo o de la actividad de hasta 20 años”, dice un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso de Chile.

No se conocen aún los alcances que tendrá la ley en Argentina, pero es seguro que provocará críticas. Sobran ejemplos de dirigentes o personas con exposición pública que niegan o relativizan lo sucedido durante la dictadura. Es el caso de Darío Lopérfido o también de ciertos editoralistas. El mismo Mauricio Macri, siendo presidente, incurrió en negacionismo al decir que fue una “guerra sucia” y no genocidio o terrorismo de Estado –siendo candidato ya había calificado de “curro” al reclamo de memoria, verdad y justicia–.

También se escucharán críticas en cuanto a la posibilidad de que una ley de este tipo vulnere el derecho a la libertad de expresión. Se trata de un debate jurídico ya vigente en Argentina y que también se da en los países donde existe la penalización. Lo cierto es que ya rigen límites a la libertad de expresión. Esto es: no está permitido decir cualquier cosa. La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) establece: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyen incitaciones a la violencia”. Asimismo, la Ley Antidiscriminación Nº 23.592 prevé prisión de hasta tres años para quienes promuevan o justifiquen la discriminación de una raza, religión, origen étnico o color, o alentaren al odio o la persecución, incluso contra ideas políticas.

El debate recién está en sus comienzos, pero la posibilidad de sancionar a quienes nieguen la existencia del genocidio argentino –como cualquier otro genocidio– no está sostenida en el aire. Por el contrario, se apoya sobre cientos de condenas judiciales, muchas confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, que acreditan que hubo crímenes contra la humanidad, en los términos que fija la comunidad internacional.

Además existen las pruebas: los testimonios de las personas sobrevivientes; las materiales, como los sitios donde funcionaron centros clandestinos de detención, y las científicas, como los restos de los desaparecidos encontrados e identificados y las personas apropiadas al nacer a quienes les fue restituida su identidad mediante estudios de ADN que no dejan margen de duda.

Por último, el negacionismo constituye una ofensa para las víctimas y sus familiares y una actualización del dolor, por lo cual sancionarlo es también una posibilidad de brindarles protección. Pero esta ofensa no es sólo hacia ese grupo, sino hacia el conjunto de la sociedad, puesto que estos crímenes, por su gravedad, ofenden a la condición humana. Por eso son de lesa humanidad.